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Andalucía

Un grupo de expertos propone al Gobierno andaluz cien medidas para impulsar la economía

Liberalizar horarios comerciales, quitar restricciones a las grandes superficies, eliminar requisitos para los apartamentos turísticos, facilitar suelo para negocios o viviendas... algunas de las sugerencias

Centro comercial Lagoh, ubicado en Sevilla ABC
María Jesús Pereira

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Ampliar a domingos y festivos los horarios comerciales, eliminar las restricciones para la apertura de grandes superficies, equiparar establecimientos turísticos para que puedan competir en igualdad de condiciones, hacer encomiendas de gestión a colegios profesionales, facilitar la transformación urbanística de una parcela para facilitar la construcción de viviendas y la implantación de nuevos negocios en suelo urbano consolidado... Estas son algunas de las medidas propuestas por un grupo de 17 expertos a los que el Gobierno de Juanma Moreno ha encargado a un estudio para la mejora de la regulación económica de Andalucía con el objetivo de impulsar la economía andaluza, incentivando el emprendimiento, la productividad, la inversión y el empleo.

Entre los expertos que han elaborado las propuestas, que ahora estudiarán todas las consejerías, se citan directivos de administraciones públicas, especialistas de universidades andaluzas, funcionarios cualificados y rerpresentantes de los agentes económicos y sociales. Así, hay entre los expertos se citan los catedráticos Eduardo Gamero o José Luis Galán, los abogados Francisco José Fernández Romero y Manuel Mingorance, la consejera de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) Pilar Canedo o el presidente del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, José Luis de Alcaraz .

Centro comercial Torre Sevilla Raúl Doblado

Sector comercial

Dentro del sector comercial, los expertos promueven la ampliación de aperturas en domingos y festivos, la eliminación de las restricciones al establecimiento de grandes superficies o evitar la prohibición en Andalucía de la venta de bebidas alcohólicas superiores a 20 grados en áreas de servicios y gasolineras, ya que se permite en otros comercios próximos.

Unos turistas caminan por la céntrica plaza de la Merced de Málaga EFE

Sector turístico

En cuanto al sector turístico, el grupo subraya que la oferta de establecimientos turísticos tradicionales se ha ampliado con la irrupción de otro tipo de alojamiento más novedoso, como las Viviendas con Fines Turísticos (VFT), cuya regulación permite la Declaración Responsable para iniciar la actividad. Hace falta, a su juicio, hacer algo similar para permitir al «sector tradicional» adaptarse a la demanda de los turistas. Por eso propone m odificar la Ley de Turismo de Andalucía para «simplificar y homogeneizar los establecimientos hoteleros actuales que permitan competir en igualdad de condiciones con el resto, así como eliminar otro de tipo de trabas para evitar la economía irregular.

También creen necesario modificar esa Ley para que refleja la casuística de los operadores actuales, así como modificar el decreto de establecimientos de apartamentos turísticos para suprimir los requisitos desproporcionados.

En otro orden de cosas, los expertos ven necesario la revisión del decreto de Campos de Golf porque «se ha detectado su ineficacia» y modificar el decreto de ordenación de los campamentos de turismo y el turismo en el medio rural y turismo activo.

Reunión de Moreno Bonilla con representantes de colegios profesionales y sindicatos sanitarios de Andalucía. Rocío Ruz

Servicios y colegios profesionales

La Junta de Andalucía estudiará la propuesta del grupo de expertos de modificar la Ley regulatoria de los colegios profesionales de Andalucía para que se adapten a la normativa estatal y se puedan hacer encomiendas de gestión y convenios de colaboración con la Administración, delegación de competencias, deberes de información...

Además, el documento con las medidas para mejorar la regulación económica de Andalucía incluye la revisión de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía en cuanto a la autorización, acreditación y registro, ya que hay una doble autorización y es necesario simplificar.

Por otra parte, la Ley que establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas de Andalucía debería, según el grupo de expertos, modificarse porque restringe la actividad de la intermediación inmobiliaria.

Vista panorámica de la corta de la mina Cobre Las Cruces de Gerena (Sevilla) EFE

Sector industrial

El estudio de estos expertos concluye que hay que revisar el procedimiento de declaración de inversiones de interés estratégico (Ley 4/2011), incorporando l a figura del «project manager» para poner en marcha los proyectos.

Otras propuestas son: la actualización de la Ley de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, la simplificación y eliminación de trabas en materia medioambiental y de salud; modificar la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, que afecta a las actividades mineras, entre otras, para evitar trámites redundantes que retrasan la puesta en marcha de proyectos; y eliminar el impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía porque el artículo que la regula en la Ley para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad «constituye un ejemplo de ruptura de la unidad de mercado y de la falta de armonía fiscal».

En opinión de los expertos, es necesario suprimir los requisitos «desproporcionados» por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicado a los suelos contaminados, lo que facilitaría el cambio de uso y su aprovechamiento productivo..

Modificar el decreto que regula la Autorización Ambiental Unificada para sustituir la caducidad automática por la caducidad declarada por la Administración, como sucede con las licencias urbanísticas, es otro de los consejos del grupo de experto. Otra propuesta se refiere al decreto sobre límites de emisiones de partículas por actividades potencialmente contaminadoras, que tiene que ser adaptado al nuevo escenario económico y medioambiental, así como la modificación del decreto que regula los impuestos sobre emisiones de gases a la atmósfera y sobre vertidos a las agua litoral «porque suponen una doble imposición y fiscalidad.

Además, apuntan la necesidad de modificar la Ley para la promoción de igualdad de género en Andalucía, que confiere al Instituto Andaluz de la Mujer la posibilidad de investigar dentro de las empresas al margen de la actividad inspectora laboral.

Explotación ganadera en Pozoblanco ABC

Medio rural

Para contener la pérdida de población en el medio rural y favorecer la renovación generacional, el grupo de expertos que asesora al Gobierno andaluz para impulsar la economía sugiere la simplificación y agilización administrativa en el ámbito de las construcciones ligadas a actividades económicas en esas zonas, así como evitar duplicidades en los procedimientos en espacios naturales que afecten a la implantación o desarrollo de actividades económicas, agrícolas, ganaderas o turísticas.

Para reducir la carga burocrática en las explotaciones rurales se sugiere revisar los procedimiento relativos a balsas, simplificar la normativa relativa a la ordenación de los sectores ganaderos y adecuara a los sistema de producción extensivos, y hacer lo mismo con la normativa relativa a la ordenación sanitaria de las explotaciones ganaderas.

Construcción de viviendas Juan Flores

Ámbito local

Para la mejora de la regulación económica en el ámbito local, el grupo plantea facilitar las modificaciones de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) relacionadas con proyectos de inversión productiva y construcción de vivienda, ampliando la oferta mediante un aumento de las alturas y metro cuadrados permitidos en los edificios; e identificar los supuestos en los que se podría sustituir el régimen de licencia por otras mecanismos de intervención administrativa menos gravosos, como son las declaraciones responsables.

Otra de las cuestiones que propone es regular la figura de las entidades colaboradoras de la Administración, «que han demostrado su eficacia en la tramitación de otros procedimientos de intervención administrativa, para labores de control de cumplimiento de requisitos en autorizaciones urbanísticas y declaraciones responsables.

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