Registro judicial
La Guardia Civil busca en Abengoa información de 350 proyectos y emails de 41 personas
La Audiencia Nacional quiere determinar si, como denuncia la Plataforma de Afectados de Abengoa, la compañía maquilló sus cuentas para ocultar sus pérdidas
El registro que la Guardia Civil inició este martes en la sede de Abengoa, en Sevilla, por orden del Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, ha tenido como objetivo buscar información que pueda determinar si, como afirma en su querella la Plataforma ... de Afectados de Abengoa, la empresa maquilló su contabilidad entre 2014 a 2016, e incluso en años anteriores. En ese sentido, la Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido contratos y financiación sobre 350 proyectos ejecutados por la multinacional en todo el mundo, según fuentes consultadas por ABC.
Otras fuentes confirman que la Guardia Civil está descargando en discos duros externos documentos sobre 'deterioros' (pérdida de valor) de activos de sociedades del grupo de negocio solar y bioenergía y algunos activos relevantes del grupo del período 2013 a 2015; información de gestión de las sociedades de ingeniería y construcción referidos a los años 2013 y 2014; flujos de caja de sociedades y proyecto identificadas por Álvarez y Marsal, una consultora que hizo el primer plan de viabilidad en 2016, base de la primera reestructuración; buzones de correo electrónico de 41 personas y determinados contratos de financiación de sociedades y proyectos ejecutados.
La cantidad de información que busca la Audiencia Nacional es tan ingente que la Guardia Civil necesitará al menos tres días para poder volcarla de los servidores de Abengoa, una empresa que tiene casi 14.000 empleados en todo el mundo, 3.000 de ellos en España. La solicitud de información está muy centrada en las sociedades Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía.
Así, la Audiencia Nacional intenta buscar pruebas para confirmar si realmente se ocultaron 'deterioros' de activos en 2015 por 1.207 millones y de 4.122 millones en 2016, así como si hubo deliberada ocultación de pérdidas en 2014 de 6.660 millones en las cuentas anuales 'individuales' de Abengoa y sus filiales Abengoa Bioenergía y Abengoa Solar, además de presuntas pérdidas de valor de activos y ocultación de pruebas en cuentas 'consolidadas'.
Ismael Moreno, titular del Juzgado Central 2 de la Audiencia Naciona l, instruye la querella interpuesta por titulares de bonos y acciones de la multinacional, así como por miembros de la Plataforma de Afectados de Abengoa. La querella fue interpuesta en 2015 contra la empresa, Felipe Benjumea, expresidente de la compañía, y Manuel Sánchez Ortega, otrora CEO de Abengoa , por presunta falsedad contable y estafa a inversores. En 200 se amplió a miembros de la comisión de auditoría de la multinacional, así como contra Deloitte y su socio Manuel Arranz, que fueron sancionados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por infracciones graves en sus trabajos de auditoría de Abengoa del ejercicio 2014.
De la noche a la mañana
La querella que investiga la Audiencia Nacional subraya que en junio de 2015 la compañía informaba que tenía un activo de 28.616 millones de euros, un ebitda de 650 millones, unos ingresos de 3.390 millones y un beneficio de 72 millones. Sin embargo, la Plataforma de Afectados dice que las cuentas de Abengoa «reflejaron una situación económica-financiera y patrimonial diametralmente distinta a la realidad debido a una deliberada ocultación sostenida en el tiempo de pérdidas millonarias».
Asegura que la compañía intentó mantener una imagen de solvencia hasta que «se hizo insostenible, viéndose obligada a reconocer parte de su real situación, registrando en su contabilidad deterioros por pérdida de valor de sus activos de 1.207 millones en 2015 y 4.122 millones en 2016». Así, dicen los querellantes, se 'desinfló' «un globo de la noche a la mañana, reconociendo con ello que ni sus filiales valen lo que decían las cuentas ni sus proyectos lo que decía la contabilidad que valían».
Derrumbe de la compañía
En base a ello, los querellantes niegan que el derrumbe de Abengoa se debiera a que los bancos rechazaran asegurar la ampliación de capital de 650 millones que se intentó en 2015. En la querella se pide la declaración de los instructores del expediente sancionar que abrió el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a Deloitte por su auditoría de Abengoa; a la propia firma Deloitte, así como a Julián García Woods, socio de la firma de inversión OceanWood Capital Management , domiciliada en Londres, que informó al Banco Santander de la «agresiva contabilidad engañosa» de la compañía.
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