Interior de las oficinas de la Consejería de Hacienda en el edificio de Torre Triana
Interior de las oficinas de la Consejería de Hacienda en el edificio de Torre Triana - Vanessa Gómez
Consejería de Hacienda

La Junta de Andalucía será «tributario ejemplar» con los impuestos municipales

Hacienda pide a municipios y diputaciones certificados de todas sus deudas en periodo ejecutivo para liquidarlas antes de final de año

J. J. Borrero
SevillaActualizado:

La Consejería de Hacienda, Industria y Energía está remitiendo a todos los ayuntamientos y diputaciones andaluces una carta en la que les solicita un certificado de las deudas en periodo ejecutivo, o suspendidas, que la Junta de Andalucía mantenga con esas instituciones. Es el primer paso para, una vez contrastada la información, proceder a satisfacer las obligaciones que realmente le correspondan «en el menor tiempo posible», aseguran desde la Consejería.

La relación tributaria de los entes locales y provinciales con la Junta de Andalucía en la última década ha sido espinosa. Famosos fueron los litigios con los ayuntamientos de las capitales sobre el pago del IBI o los servicios municipales que prestan a edificios municipales. Córdoba daba en 2012 dos meses de plazo a la Junta para que le abonara deudas de 7 millones de euros por el IBI de las viviendas sociales –un conflicto generalizado-. El TSJA obligaba a la Junta en 2015 a pagar más de un millón de euros al Ayuntamiento de Granada por impago del impuesto sobre Construcciones por el edificio administrativo en Almanjáyar. Sevilla hace cinco años reclamaba a la Junta la tasa de basuras de los Institutos que Educación no pagaba, y Huércal-Overa reclamaba algo más de un millón de euros por el IBI del pantano de la localidad.

La Junta de Andalucía –sin tener en cuenta a los entes instrumentales de la Administración Paralela– ha acumulado miles de pequeñas facturas impagadas a distintas administraciones, especialmente a Ayuntamientos, derivadas de tasas municipales y del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en edificios que dependen en última instancia del Gobierno andaluz. Se trata de una información muy dispersa entre las distintas Consejerías sobre la que no hay datos agregados o unificados, y muchas de estas deudas solo afloraban cuando alguna de las administraciones locales decidía adoptar medidas más expeditivas, como el envío de una providencia de apremio y, en algunos casos, el embargo de bienes inmobiliarios como medida de presión.

Unos 30 millones

Hasta ahora, el importe de la deuda no estaba conciliado entre las administraciones (hay discrepancias entre Administraciones sobre cuál es la deuda real). La Junta está analizando el montante de las deudas y si una parte de los impagos que se le imputan le corresponde realmente a ese pago. Según las estimaciones iniciales del Gobierno andaluz, el montante de esta deuda supera los 30 millones de euros (en el caso de la provincia de Sevilla, por ejemplo, rozaría los 10 millones).

Hay impagos de IBI procedentes de viviendas sociales promovidas por la Administración autonómica, que, cuando se adjudicaron, no se añadió el nombre del nuevo titular en el Catastro, con lo cual los Ayuntamientos siguen tratando de cobrar el IBI a la Junta como propietaria de las viviendas, sin que esta situación se haya normalizado.

No se trata solo de una cuestión económica, el principal problema, aseguran desde la Consejería de Hacienda, es «el enorme trabajo administrativo que genera la gestión de todos estos requerimientos de pago». De ahí que en la carta que se ha enviado a cada ayuntamiento se pida un certificado de las deudas en periodo ejecutivo que la Junta de Andalucía mantiene con el consistorio.

Obsesión tributaria

En la Consejería de Hacienda, Industria y Energía coincide ahora un grupo de exaltos cargos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Y se nota. El propio consejero, Juan Bravo, fue delegado de la AEAT en Ceuta (antes de ser diputado por Ceuta); el viceconsejero, Jorge Ramírez, era Delegado Especial de la AEAT en Andalucía, Ceuta y Melilla; y el Secretario General de Hacienda (número 3 en el organigrama), es Ignacio Méndez, que era el jefe de inspección en AEAT en Andalucía. Domingo Moreno también era directivo de la AEAT en Andalucía, y ha asumido ahora la dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía; y Myrian del Campo, arquitecto jefe en la AEAT en Andalucía, ha sido nombrada directora general de Patrimonio.

Este equipo ha generado una verdadera obsesión por los impuestos, no sólo en la tarea de cumplir el compromiso del acuerdo de Gobienro sobre rebaja de la carga fiscal a los andaluces, sino también en el objetivo de convertir a «la Junta de Andalucía en un obligado tributario ejemplar», es decir, el más cumplidor de los contribuyentes andaluces.

En el decreto de estructura de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía se estableció una nueva competencia, la centralización en la Secretaria General de Hacienda de todas las operaciones encaminadas al seguimiento de las obligaciones tributarias de la propia administración andaluza, para evitar la dispersión y asegurar así que las distintas consejerías cumplen puntualmente con sus pagos en el periodo voluntario.

Esta competencia se ha desarrollado en el proyecto de Presupuestos de 2019, donde se ha dado un paso más. Como explica la misiva enviada a los ayuntamientos, la Consejería de Hacienda tiene competencias para obligar al resto de departamentos de la Administración a pagar estas deudas. La consejería está facultada para pagar en periodo voluntario la deuda todas las consejerías con los entes locales, detrayendo estos fondos de su Presupuesto.

Asimismo Hacienda establecerá convenios con entidades locales para que se realicen notificaciones electrónicas de los tributos de cobro periódico y tener así una estimación previa de los importes. El gran objetivo es que este mismo año haya un sistema ordenado que embride el caos de miles de facturas con el que se ha encontrado el nuevo Gobierno. Una vez que la Junta de Andalucía sea «un obligado tributario ejemplar», tendrá más legitimidad para pedir al resto de las Administraciones que cumplan sus objetivos.