En Andalucía hay 60.000 kilómetros de caminos públicos rurales
En Andalucía hay 60.000 kilómetros de caminos públicos rurales - MIGUEL RODRÍGUEZ
Agricultura

La Ley andaluza de Caminos Públicos, «sin consenso» y «poco precisa»

Asaja rechaza que el proyecto normativo implique a los particulares en la financiación

SEVILLAActualizado:

El Consejo de Gobierno andaluz manifestó el pasado martes su criterio favorable a la proposición de Ley de Caminos Públicos Rurales, impulsada por el grupo socialista junto con el grupo parlamentario de Podemos Andalucía. Según el Ejecutivo andaluz, el objetivo de dicha Ley es cubrir el vacío normativo en relación a los caminos públicos rurales andaluces, que suman una red de más de 60.000 kilómetros.

Junto a ello, el Gobierno autonómico destaca que la iniciativa incluye disposiciones para clarificar las competencias de cada administración, identificar y catalogar la propiedad y garantizar la conservación de las vías. De esta norma están excluidas las vías pecuarias, los senderos y todo tipo de pistas que no sean caminos públicos rurales.

El secretario general de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, considera que, si bien en un principio dicha proposición de Ley, según las intenciones expresadas por la Junta de Andalucía, podría considerarse «oportuna», las primeras observaciones reflejan que «podría suponer más un lío que una solución para el campo».

La primera queja de la patronal agraria es referente a la forma de elaborar la proposición de ley y la relación con el sector agrario y rural. «Desde la Consejería de Medio Ambiente llevaban trabajando en este proyecto legal mucho tiempo y nos citaron para que diéramos nuestro punto de vista. Cuál fue nuestra sorpresa cuando, tan solo cuatro días después de dicha reunión, la proposición de ley fue registrada ante la Mesa del Parlamento mediante trámite de urgencia», relata Martín, que reprocha que ello refleja la «falta de ganas de consenso» del Ejecutivo andaluz.

«Los caminos siempre han estado olvidados y no entendemos que la ley se tramite por vía de urgencia»

Dicha maniobra, que ha excluido a los colectivos que más utilizan el ámbito rural y, por tanto, los caminos, como agricultores, ganaderos, cazadores y forestales, deja poco margen de maniobra a modificaciones en la futura ley, algo que Asaja considera «muy grave». «Ya hemos pedido reuniones con los grupos parlamentarios para expresar nuestro rechazo a muchos puntos de la ley, pero sabemos que hay pocas posibilidades de que nuestra opinión se tenga en cuenta una vez comenzado el trámite en el Parlamento», se lamenta el secretario general de Asaja Sevilla. «Una norma de este calado debería haberse trabajado con todas las fuerzas políticas y todo el entorno rural», insiste Eduardo Martín.

Artículos polémicos

En cuanto al articulado de la proposición de Ley, la patronal agraria manifiesta su oposición a numerosos puntos. Una de las ideas que más aversión causa entre el sector agrario figura en el apartado dedicado a la financiación. En el mismo se especifica que «la financiación de las actuaciones (...) se realizará mediante consignaciones que a tal fin se incluyan en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las Diputaciones provinciales y de las Corporaciones locales correspondientes, con los recursos que provengan de otras Administraciones públicas, de cualesquiera organismo internacionales, comunitarios o internacionales, de los particulares...». Así, desde Asaja piden que no se incluya a los particulares, que ya pagan el IBI de las fincas rústicas.

«Nos tememos que esto se traduzca a contribuciones especiales a agricultores y ganaderos para el arreglo de caminos, algo contra lo que ya hemos luchado en diferentes ocasiones», advierte Eduardo Martín. «Si son públicos, debe ser la administración competente la que se encargue de su mantenimiento, no los usuarios, cuyo espectro va desde los agricultores a los senderistas o los cazadores, los caminos son de todos», recalca.

Por otra parte, el secretario general de la patronal agraria destaca el artículo referente a los planes viarios, que especifica que «las Administraciones titulares podrán establecer Planes Viarios de actuación en los caminos rurales (...) como instrumento de planificación que garantice la existencia de una red viaria adecuada a su territorio, así como su mantenimiento y conservación».

«Para que esta ley sea útil, las administraciones deben estar obligadas a ejecutar los planes viarios y mantener los caminos, no dejarlo a su decisión como se hace aquí», asegura Martín, que recuerda que «los caminos siempre han estado olvidados y nadie se ha preocupado por arreglarlos», tal y como el sector agrario viene reivindicando desde hace años. «Precisamente por eso, la ley debe ser concreta y precisa, no dejar los conceptos abiertos a varias posibilidades».

La patronal pide que se especifique «la obligación» de las administraciones en la conservación de las vías

De otra parte, se habla de que los caminos públicos deben tener elementos como cunetas, bombeo o arcenes, algo que, a juicio de Eduardo Martín, solo puede llevar «a perjudicar al entorno rural». «Si la existencia de dichos componentes fuese inocua no sucedería nada, pero todo esto conlleva expropiaciones o invasión de terreno en explotaciones agrarias», relata.

En otro orden de cosas, la proposición de Ley prevé que se constituya una zona de protección cuya configuración no se detalla y determina la creación de un catálogo de caminos públicos rurales que serviría para inventariar su naturaleza y su propiedad, que podría ser de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las autoridades por los que transitan.

Asaja Sevilla admite que dicha catalogación es una buena iniciativa, pero advierte de que ésta no puede servir para dar carta de naturaleza a los catálogos hechos por los ayuntamientos en sus ordenanzas municipales, ya que muchos de ellos no se amparan en la legalidad.

«No queremos que la ley, que es poco concreta, termine perjudicando, precisamente, a los que estamos en el territorio, agricultores, ganaderos o cazadores, entre otros. Si viene para crear conflictos y empujarnos a la judicialización, la rechazamos por completo», sentencia Eduardo Martín.