Gerente de la patronal minera andaluza
Priscila Moreno:«No vamos a tener suficiente personal para la minería que viene»
La gerente de Aminer advierte de que «la dilatación de los permisos y la maraña jurídica» pueden hacer inviables los proyectos
Priscila Moreno Nájera (Madrid, 1974) está ligada a la minería desde que nació . Su padre, el empresario linarense Francisco Moreno, fallecido recientemente, ha sido una de las figuras más destacadas de la minería andaluza como fundador de Aminer (Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios) y de compañías comoMatsa o Insersa. «Soy hija de minero y he conocido desde muy pequeña la filosofía minera; he visto a mi padre bregar y recorrerse toda España investigando minas. Nací en Madrid porque a mis padres les pilló allí, pero me siento andaluza. Esa movilidad geográfica nos llevó a vivir en diferentes destinos hasta que vinimos a Riotinto. Fruto de esta pasión por la minería que me despertó mi padre estoy volcada en la gerencia de Aminer ». Priscila Moreno cuenta con una dilatada trayectoria como gestora, consejera y accionista de empresas mineras y como representante de asociaciones empresariales. Asumió la gerencia ejecutiva de Aminer en el año 2014.
Proyectar una imagen positiva del sector minero es uno de los objetivos de Aminer ¿Lo ha conseguido?
La minería permite atraer inversiones y fijar población en la llamada «España vaciada». Pequeñas localidades que tenderían a la desaparición pueden vivir una nueva «edad de oro» si se abren minas. ¿Qué sería de la cuenca minera y del Andévalo sin la minería? Los inversores saben que el territorio donde se asientan las explotaciones son zonas deprimidas y están convencidos de que la compensación por la riqueza que obtienen debe ser repartida entre los municipios. Hay un efecto tractor en la empresa auxiliar y una economía inducida (restaurantes, hoteles, viviendas, comercios) que revitalizan los pueblos. Por otro lado, la legislación medioambiental del sector es muy rigurosa. El impacto en este sentido es mínimo en comparación con la generación de empleo y se hace una gran labor de rehabilitación de espacios afectados por prácticas mineras antiguas.
Aminer se queja de la larga tramitación administrativa de los proyectos. ¿Se avanza en este terreno?
Junto a los pasivos mineros que vienen de minas históricas cerradas durante años, cuya puesta en funcionamiento es costosísima, la dilatación de los permisos y la inseguridad jurídica por la maraña informativa existente pueden llegar a hacer inviable un proyecto. Entendemos que la legislación debe ser rigurosa y estricta, pero no tan enmarañada que confunda. Debe ser clara y de rápida aplicación. No es de recibo que tengamos pendientes permisos de investigación desde hace seis años. Y somos un escaparate mundial para los inversores, que tienen a Andalucía en su punto de mira.
¿Hay que cambiar la legislación?
Tenemos una estrecha relación con la administración regional y nacional. Somos muy reivindicativos y ellos muy abiertos. Desde Aminer hemos colaborado estrechamente con la dirección general de Minas de la Junta en el decreto de impulso a la minería aprobado el año pasado. Y con el nuevo Gobierno, de igual forma. Hemos conseguido que el apellido «Minas» vaya en la consejería de Hacienda, que tiene ahora las competencias. Hay una apuesta importante por la eliminación de trabas y por unificar los trámites en una ventanilla única. La minería va muy por delante de los procesos administrativos.
Hay ya 11.000 trabajadores directos en el sector. ¿Cómo se resuelve la formación de especialistas?
—Las empresas acometen con recursos propios la formación necesaria, pero es preciso el apoyo de la administración. Estamos trabajando con la consejería de Educación para impulsar la Formación Profesional, Se demandan sondistas, operadores mineros, soldadores… No vamos a tener personal para la minería que viene. Viene una minería muy fuerte.
¿Ha surgido una industria auxiliar de base andaluza potente para aprovechar esta oportunidad?
La Faja Pirítica se empezó a investigar en los años 70 y muchos vieron venir hace más de 25 años que iba a haber una gran inversión en minería. Nuestras empresas se han diversificado y se han ido adaptado incorporando las últimas técnicas del sector. Aquí conseguimos perforar a más de 2.000 metros de profundidad para detectar masas mineralizadas profundas. Ha surgido un tejido diverso muy competitivo con empresas que cubren todos los servicios como Exploraciones Andévalo, Insersa, Minesur, San Martín, Iturri, Ayesa, Subterra, AYMA, Idom, ERM, AGQ, Codisevan, Sandvik, Maxam o Urva. Maquinaria de marca andaluza se usa en las minas más importantes del mundo.
En los últimos meses algunas explotaciones han sufrido contratiempos. CLC tuvo un desplazamiento de tierras y tiene paralizada la actividad extractiva y Riotinto tiene que presentar una nueva declaración ambiental. ¿Cómo valora Aminer estas incidencias?
Aminer sólo puede ayudar en la medida de nuestras posibilidades a que los distintos procesos se resuelvan con la mayor celeridad y en beneficio tanto de la población como de las explotaciones mineras. En el caso de Cobre las Cruces, los trabajos de estabilización y recuperación de la corta avanzan a buen ritmo, con el objetivo de poder retomar la actividad extractiva en los próximos meses, una vez se cuente con la autorización de las autoridades competentes. El objetivo de la compañía es garantizar la completa seguridad y estabilidad de la corta para poder retomar la extracción de mineral en la llamada Fase 6, que no resultó afectada por el deslizamiento. En esta fase está contenida la mayor parte del mineral que aún queda por explotar en el actual yacimiento.
¿Y Riotinto?
Atalaya, la empresa propietaria de esta mina, y sus asesores legales, después de que el TSJA anulara la Autorización Ambiental Unificada, consideran que queda claro que ha de ser la Administración andaluza la que cumpla los pronunciamientos judiciales y subsane el defecto administrativo que originó la situación jurídica actual. La pronta resolución de esta cuestión redundará sin duda en beneficio de Andalucía y de su imagen como destino atractivo para la inversión por su seguridad jurídica. Del mismo modo, es importante saber que Atalaya también considera que la nueva sentencia ni pone en cuestión la continuidad del proyecto, ni afecta a los planes que ya conoce la Administración de invertir más de 80 millones de euros en la modernización necesaria para ampliar la actividad productiva.
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