El Registro Mercantil ordena la convocatoria de la junta de accionistas de Abengoa que el consejo rechazaba

Debido al Covid, el pasado año se prorrogó el plazo de aprobación de cuentas de 2019 de las empresas hasta después del verano, pero el entonces presidente de la compañía, Gonzalo Urquijo, así como su sucesor, Juan Pablo López-Bravo, dejaron pasar también ese plazo. De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto expediente sancionador a Abengoa como empresa cotizada por infracción muy grave al no formular ni aprobar las cuentas de 2019 en plazo, entre otras cuestiones.

Juan Pablo López-Bravo contestó al Registrador Mercantil que el accionista que había solicitado la junta no había acreditado su condición de socio, que la situación actual de la empresa motivó que no se aprobaran las cuentas hasta febrero de 2021 y que aún no están auditadas por ahora, existiendo la posibilidad de que puedan ser reformuladas al estar la empresa en concurso de acreedores. La administración concursal se adhirió a los argumentos de Abengoa, oponiéndose a la celebración de la junta.

Sin embargo, ahora el Registro Mercantil de Sevilla entiende que el accionista que ha pedido la junta ordinaria ha acreditado su condición de socio y además considera que tiene derecho a la convocatoria de la junta para deliberar sobre la aprobación de las cuentas anuales, según la Ley de Sociedades de Capital. El artículo 169 de la Ley de Sociedades de Capital dice que «si la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, no fueran convocadas dentro del correspondiente plazo legal o estatutariamente establecido, podrá serlo, a solicitud de cualquier socio, previa audiencia de los administradores, por el secretario judicial o registrador mercantil del domicilio social». En caso de que «los administradores no atiendan oportunamente la solicitud de convocatoria de la junta general efectuada por la minoría, podrá realizarse la convocatoria, previa audiencia de los administradores, por el secretario judicial o por el registrador mercantil del domicilio social».

El registrador considera que el hecho de que Abengoa S.A., matriz de la multinacional, esté en concurso de acreedores desde febrero de 2021 no anula el derecho del accionista minoritario a que se celebre la junta ordinaria, se le den explicaciones de las cuentas de 2019 y se sometan a aprobación. Es más, el registrador indica que en caso de que la empresa esté intervenida, la obligación de formular y de someter a auditorías las cuentas anuales corresponderá al concursado bajo la supervisión de la administración concursal. En caso de que se hayan suspendido las funciones del consejo, la obligación corresponderá a la administración concursal.

En vía administrativa, no cabe recurso contra esta resolución porque se limita a reconocer el derecho del socio, aunque podría impugnarse judicialmente. Además, el Registrado Mercantil subraya que sólo si el consejo o el administrador concursal consideran que las cuentas han de ser reformuladas por el hecho de que la declaración de concurso hace que no fuera aplicable el principio de empresa en funcionamiento, «argumento que parece sugerir el auditor nombrado en estos momentos», «lo que se producirá es la necesidad de convocar una nueva junta general en su caso, pero nunca dejar de cumplir una obligación por los administradores o privar de un derecho que corresponde a los socios».

Así las cosas, la junta general ordinaria de Abengoa para aprobar las cuentas de 2019 habrá de celebrarse presencialmente en la sede de Abengoa en Sevilla, en Palmas Altas. En casos como éste, el Registro Mercantil suele nombrar presidente de la junta general al accionista que ha pedido la convocatoria, pero en este caso ha decidido que sea EY Abogados, el administrador concursal de Abengoa, que tendrá voz pero no voto en la junta, según fuentes consultadas por ABC.

La junta general ordinaria de accionistas de Abengoa para aprobar las cuentas de 2019 no puede celebrarse el mismo día que la junta que debe debatir las cuentas de 2020, por lo que se baraja ya celebrar el mismo día la ordinaria para las cuentas de 2019 y la extraordinaria para votar la destitución del actual consejo, y dejar para otro día la junta de las cuentas de 2020. Cada junta general cuesta a Abengoa 80.000 euros, según fuentes consultadas por ABC.

Clemente Fernández, expresidente de Amper y candidato a la presidencia de Abengoa por la sindicatura de accionistas AgengoaShares, logró que se convocara la junta extraordinaria de accionistas de Abengoa para destituir al actual consejo pero cuando estaba a punto de celebrarse Juan Pablo López-Bravo solicitó el concurso de acreedores de la matriz. El juez suspendió provisionalmente la junta a la espera del nombramiento del administrador concursal y cuando EY asumió el cargo, Abengoa tampoco convocó la nueva junta. La jugada de pedir en el Registro Mercantil la junta ordinaria a través de un accionista invocando la Ley de Sociedades de Capital ha surtido efecto pero ya no podrá pedir la destitución del consejo porque el juez le ha retirado las facultades de gestionar la compañía.

Abengoa ha recibido dos ofertas para la compra del 70% de su filial Abenewco1, su unidad productiva. El fondo estadounidense TerraMar Capital ofreció inyectarle en préstamos 150 millones de euros y 50 millones de euros por la mayoría del capital social. La oferta de compra que Caabasa, de los hermanos Amodio (dueños de OHL), presentaron junto con AbengoaShares y EPI Holding/Ultramar Energy fue retirada tras el proceso de due diligence. Ahora, Clemente Fernández busca contrarreloj un socio que supla a los Amodio y avanza que pronto presentará esa oferta.