Imagen de las instalaciones de Gas Natural en el entorno de Aznalcázar
Imagen de las instalaciones de Gas Natural en el entorno de Aznalcázar - ABC
PROYECTO MARISMAS

El revés del Tribunal Supremo a la Junta de Andalucía refuerza la demanda millonaria de Gas Natural

La errática gestión de la Administración andaluza en Doñana puede tener un coste alto para el erario público

SEVILLAActualizado:

El varapalo judicial que ha recibido la Junta de Andalucía en el Tribunal Supremo puede tener en los próximos meses un coste muy alto para el erario público andaluz. Y esto se debe a que el errático comportamiento del Gobierno regional en su gestión del Proyecto Marismas —tal como se denomina a la iniciativa para almacenar gas natural en una veintena de yacimientos entre Aznalcázar y Almonte— ha reforzado la posición de Gas Natural Fenosa en la reclamación de una indemnización millonaria por la abrupta paralización del proceso.

El Gobierno regional recibió el 22 de noviembre una sentencia en contra en el Alto Tribunal por bloquear la iniciativa con medidas «sin cobertura legal», «invadiendo competencias del Estado» y dejando a Gas Natural Fenosa en una «evidente situación de indefensión». La Junta de Andalucía no puso ninguna objeción al proyecto en los más de seis años que duró su tramitación. Fue solo al final de un largo proceso burocrático cuando, por cuestiones de oportunidad política, intentó bloquear esta inversión industrial. La principal consecuencia del pronunciamiento del Supremo es que ahora refuerza la reclamación patrimonial de 358 millones de euros que Gas Natural Fenosa ha hecho ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en este momento está a la espera de sentencia.

El proceso judicial comenzó en 2013 cuando la Junta de Andalucía, cediendo a las presiones de su entonces vicepresidente Diego Valderas (IU), suspendió la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU). En ese momento, Gas Natural inició diversas vías legales para defenderse en los tribunales. Por un lado, pidió la nulidad de la resolución, algo que ha conseguido después de tres años de un largo litigio que se ha resuelto finalmente en el Tribunal Supremo. En paralelo, la compañía gasista también promovió una reclamación patrimonial en el TSJA en el que valoraba el impacto económico que tendría la paralización arbitraria de cada una de las cuatro partes del proyecto, y que ascendía globalmente a 358 millones de euros.

El riesgo de que las arcas públicas tengan que hacerse cargo de una indeminazación millonaria por una decisión irregular del Ejecutivo andaluz es ahora más elevado que antes. Una prueba evidente de que la sentencia del Supremo tendrá una influencia relevante en el procedimiento que se dirime en el TSJA_está en la propia estrategia jurídica que siguió la Junta de Andalucía en un origen. En este doble proceso legal, la administración andaluza trató de frenar la demanda patrimonial hasta que no hubiera una setencia sobre el primer recurso interpuesto por Gas Natural, en el que exigía que no se se paralizara la autorización de impacto ambiental.

Ahora ya hay una sentencia del Supremo que es tan contundente que determinará de manera decisiva la reclamación patrimonial. El Tribunal Supremo reconoce que la Junta de Andalucía ha ocasionado una clara indefensión en Gas Natural, al suspender un procedimiento «sine die», y aplica a esta conducta la más dura de las sanciones en derecho administrativo, que es la nulidad radical, pues incumple el deber de tramitar la Autorización Ambiental.

«Un pronunciamiento de tal claridad en la más alta instancia judicial del Estado es un revés muy duro para la Junta de Andalucía de cara a una futura sentencia en el TSJA», declaran fuentes jurídicas consultadas por ABC. La sentencia por esa reclamación patrimonial llegará a lo largo de los próximos meses, pues el proceso en el TSJA ya está visto para sentencia, después de que la Justicia andaluza haya recabado la opinión y los informes periciales de todas las partes.

Gas Natural Fenosa mantiene otros contenciosos contra distintas resoluciones de la Junta de Andalucía. Ha llevado a la Junta a los tribunales por la Autorización Ambiental Negativa de Saladillo (una de las cuatro partes en las que se divide Proyecto Marismas)_y por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Doñana, aprobado en 2016.

El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, criticó este martes que el PP-A «cuestione» el supuesto informe del CSIC (cuya autoría niega el presidente del CSIC) con el que la Junta quiere llegar al Gobierno central a los tribunales si no para el Proyecto Marismas, y acusó al partido de la Oposición de «montar una campaña para defender con ahínco los intereses de Gas Natural».

Pero la sentencia del Tribunal Supremo revela que este proyecto se ha tramitado con el beneplácito de los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, (en este caso, con Susana Díaz como consejera de presidencia). Así, el Supremo recuerda que «la evaluación ambiental de los proyectos ha sido objeto de una completa tramitación por parte de la Junta, que ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones a lo largo del procedimiento, sin que haya planteado objeción alguna ni respecto a la tramitación ni respecto a las posibles afecciones a Red Natura».