Yacimiento minero de Riotinto, explotado por Atalaya Mining
Yacimiento minero de Riotinto, explotado por Atalaya Mining - ABC
HUELVA

El TSJA anula la autorización concedida por la Junta para explotar la mina de Riotinto en Huelva

La Junta anuncia que recurrirá la sentencia ante el Supremo y confirma que Atalaya continuará con la actividad en el yacimiento

SevillaActualizado:

Nuevo varapalo judicial a la empresa Atalaya Mining, que explota el yacimiento de cobre de Riotinto, en Huelva. Si hace un mes el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia del TSJA que anuló la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que la Junta de Andalucía otorgó en 2014 para el Proyecto de Explotación Río Tinto (PRT), ahora el alto tribunal andaluz acepta otro recurso de Ecologistas en Acción por considerar que el reinicio de los trabajos mineros no puede hacerse sin la previa Autorización Ambiental Unificada. Contra este fallo cabe la posibilidad de un nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

A raíz de esta sentencia, los ecologistas piden la inmediata paralización de la actividad minera y anuncian que iniciarán acciones legales contra el que fuera delegado territorial de Conocimiento y Empleo de Huelva, Manuel Creada, por presunto delito de falsedad. Por su parte, Atalaya Mining considera que la sentencia no pone en cuestión la continuidad del proyecto, ni afecta a los planes que ya conoce la Administración de invertir más de 80 millones de euros en la modernización necesaria para ampliar la actividad productiva.

La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha reconocido que «la anulación de la Autorización Ambiental Unificada repercute en la licencia de reapertura de la mina, pero realmente no suspende la actividad de la mina, entre otras cosas porque no es una sentencia firma». Según Verano, «lo que está haciendo la Junta de Andalucía es trabajar para recurrir la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo». Este alto cargo de la Junta ha subrayado que el fallo se ha producido por un defecto de forma y ha transmitido tranquilidad a los trabajadores de la explotación «porque no hay suspensión de la actividad en la mina de Riotinto. Va a seguir tal cual porque no es una sentencia firme».

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta autorizó el reinicio de los trabajos y del plan de restauración en la concesión de explotación de Minas de Riotinto. Ecologistas en Acción recurrió en 2015 esa decisión ante la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, pero fue desestimada.

Los ecologistas llevaron entonces el caso al TSJA, donde recurrieron la decisión de autorizar los trabajos en la mina por«ausencia del plan especial urbanístico y de evaluación ambiental estratégica, así como por la existencia de defectos de la Autorización Ambiental Unificada, por indebida avocación de competencias y contenido imposible de la misma».

Consejería de Medio Ambiente

El TSJA recuerda que en septiembre de 2018 anuló ya la resolución de 2014 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que otorga Autorización Ambiental Unificada al proyecto de Riotinto promovido por Emed Tartessus, hoy Atalaya Mining.

A juicio del TSJA, «para poder otorgarse la autorización del reinicio de los trabajos mineros», «es necesaria la previa Autorización Ambiental Unificada» y al haberse anulado la misma por sentencia firme por defectos en su tramitación, «se carece de dicha autorización ambiental».

La sentencia recuerda que aquella resolución de 2018 acordaba una modificación sustancial en algunos aspectos de la Autorización Ambiental Unificada anulada por sentencia, «pero no puede ser entendida como nueva y completa de la Autorización Ambiental, por lo que no puede suplir a la anterior anulada».

Balsas de lodos

Por otra parte, los ecologistas han denunciado que existe «serio riesgo de rotura catastrófica de las balsas de lodos del complejo minero, lo que debería conducir a una paralización cautelar de la actividad minera, para evitar un desastre ambiental de dimensiones diez veces mayor que las que produjo la rotura de las balsas de Aznalcóllar en abril de 1998»

«Una rotura de estas balsas afectaría gravemente a toda la cuenca del Odiel hasta su desembocadura en la capital onubense, con especial riesgo de inundación en zonas de Gibraleón y de Huelva. Es grave que Ceada Losa, concejal de Gibraleón entre 2003 y 2011, haya intentado falsear la realidad de los hechos ante el TSJA, a pesar del grave riesgo que las balsas de lodos de Atalaya Riotinto Minera entrañan para esa misma localidad», añade Ecologistas en Acción.

La Autorización Ambiental Unificada para explotar la mina de Riotinto está anulada por el Supremo y el TSJA
La Autorización Ambiental Unificada para explotar la mina de Riotinto está anulada por el Supremo y el TSJA - ABC

Sólo defectos administrativos, según Atalaya

Para Atalaya, la sentencia «anula la resolución administrativa de reinicio de la actividad del año 2015», pero «también confirma que es la Administración de la Junta de Andalucía quien ha de solucionar la situación generada por los defectos administrativos en la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina de Riotinto».

A juicio de la empresa que explota este yacimiento, el TSJA hace esas apreciaciones «sin poner en cuestión la normal continuidad de la actividad minera en el proyecto. Se despejan así las dudas generadas en los accionistas, empleados y en general en el ámbito de influencia de la operación que hoy en día representa un importante flujo económico en la provincia, soportando más de 800 empleos, y que, tras años de abandono, ha llevado a la mina de Riotinto a cumplir con todos los estándares de excelencia en materia ambiental actuales».

Atalaya afirma que las alegaciones de Ecologistas en Acción no han sido tenidas en cuenta por la sala del TSJA, «pues el Alto Tribunal anula la resolución de reinicio exclusivamente por la existencia de un pronunciamiento de ese mismo Tribunal que declaraba la anulabilidad de la AAU por un defecto de forma en el procedimiento de información pública, defecto que según el TSJA afectaba al derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales».

Ante esta situación, Atalaya y sus asesores legales consideran que queda claro que ha de ser la Junta la que «cumpla los pronunciamientos judiciales y subsane el defecto administrativo que originó la situación jurídica actual. La pronta resolución de esta cuestión -dice- redundará sin duda en beneficio de Andalucía y su imagen como destino atractivo para la inversión por su seguridad jurídica y conformarse como un entorno favorable a la industria responsable y excelente, como es en particular la de la minería metálica andaluza».