«Adelántame 100.000 euros que ya me he comprometido; te recompensaré»

Las sobrecomisiones millonarias que la Junta de Andalucía pagaba a los intermediarios de los ERE se convirtieron en «el verdadero alimento» de una trama corrupta de la que se nutrieron «múltiples actores». La operación Heracles desplegada por el Grupo de Delitos Económicos de la UCO de la Guardia Civil, que se saldó en su primera fase con 22 detenidos y 13 registros, pone al descubierto lo que la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, denomina «el verdadero negocio» de las ayudas concedidas de forma opaca por la Consejería de Empleo durante una década (2001/2010) con cargo al «fondo de reptiles».

En esta compleja organización criminal, considerada así por los investigadores, todos tenían un papel asignado. Según se desprende del amplio atestado policial, había una actuación concertada para que el dinero público, los fondos destinados a los parados, fluyera al margen de los controles del fisco a través de un entramado societario que actuaba de tapadera para terminar luego engordando las cuentas corrientes de sus principales protagonistas: mediadores, altos cargos, bufetes de abogados, empresarios y los sindicatos, que ingresaron casi 4,3 millones de euros de Vitalia a través de dos empresas (Temiqui, de UGT, y FQT, de CC.OO.)

De cómo se articulaba este «sistema perfectamente establecido», según la tesis de Alaya, da prueba un revelador correo electrónico que dirige el exdirector general de Trabajo a Estudios Jurídicos Villasís, el bufete de abogados sevillano que contrató como comercial al conseguidor de ayudas Juan Lanzas (en prisión provisional), quien actuaba de enlace directo con los sindicatos. «Adelántame 100.000 euros, que ya me he comprometido», le reclama con naturalidad el que fuera director de la Consejería de Empleo durante nueve años al despacho de abogados que asesoraba a las consultoras gestoras de las pólizas.

«Ya te compensaré de otra forma», concluye Guerrero su enigmático email enunciando una promesa que da idea de la cadena de dávidas y favores mutuos que habían montado los intervinientes en el supuesto entramado criminal.

El despacho que fundó Carlos Leal Bonmati fue uno de los supuestos actores principales en la trama para blanquear el dinero público obtenido con las sobrecomisiones elevadísimas, «superiores en un 15 por ciento a las del mercado (3%)», concreta la juez.

El dinero público se movía de un lado a otro con una impunidad pasmosa. Ya en los manuscritos del exdirector de Trabajo publicados por ABC se ponía de manifiesto las dificultades que la agencia autonómica IDEA (antigua IFA), encargada de pagar las ayudas de los ERE, tenía para librar los fondos que éste comprometía. El exalto cargo (de nuevo encarcelado el miércoles) gastaba y gastaba por encima de la partida presupuestaria asignada por el Gobierno andaluz para financiar despidos. A cambio recibía jugosas gratificaciones de aquellos a los que premiaba con un trozo de este goloso pastel montado en torno al exsindicalista de UGT Juan Lanzas.

Su rumboso tren de gasto le llevó a establecer lo que internamente Empleo denominaba como «pagos cruzados», de modo que variaba el destino de los abonos, después de realizar transferencias millonarias a un ERE concreto, para atender compromisos adquiridos con otras empresas.