Altos cargos de los ERE tienen pendientes fianzas que suman más de 2.150 millones

El juzgado embarga bienes para cobrarse las cantidades que los imputados no pagan

Mercedes benítez
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El juzgado de los ERE no está parado. Después de la macrorredada que hace dos semanas acabó con veintidós detenidos, siete de ellos enviados a prisión, ahora la juez Mercedes Alaya se está dedicando a intentar que los imputados, muchos de ellos exaltos cargos de la Junta de Andalucía, hagan frente a las fianzas millonarias que les impuso tras ser imputados.

La titular del Juzgado número 6 de Instrucción está dictando órdenes de embargo de los bienes a aquellos imputados a los que se les impuso una fianza de responsabilidad civil para hacer frente al dinero supuestamente defraudado o malversado a las arcas públicas. En total, de momento, Mercedes Alaya intenta cobrar los más de 2.150 millones de euros que tienen fijados esos altos cargos y por los que se está dejando a los imputados «casi con lo puesto» (o al menos, eso sostienen sus defensas).

Así, la fianza más elevada de todas ellas es la que la juez Alaya impuso al exconsejero de Empleo Antonio Fernández después de enviarlo a prisión hace justo un año. El exalto cargo de la Junta de Andalucía (que fue capaz de recabar 450.000 euros que le impusieron para salir de prisión) debe hacer frente a la más alta de todas las fianzas por responsabilidad civil del caso, por valor de más de 807 millones de euros.

Y, para ello, el juzgado decidió hace un mes embargarle sus bienes. A Fernández le quita una póliza de Generali Seguros que recibió tras su despido de la empresa González Byass, en la que el exalto cargo de la Junta de Andalucía trabajó antes de entrar en la política, concretamente hasta el año 1983.

La indemnización

De hecho Fernández, que anunciaba hace varios meses su intención de volver a la abogacía para poder vivir porque se le había acabado la prestación, obtuvo una indemnización de la bodega jerezana de más de 31.000 euros a la que, según reconoció en su declaración ante la juez, consideraba que tenía derecho por su trabajo en la empresa durante varios años.

La segunda fianza más alta de las impuestas en el caso de los ERE fraudulentos en la Junta es la del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.

A éste último, que hace un par de semanas volvió a ser enviado a prisión, se le impuso una fianza de 686 millones de euros. Y Guerrero, que según dicen no paga ni a su abogado y que vendió anillos y relojes y envió SMS a los amigos para pagar los 50.000 euros que le impusieron en octubre para salir de la cárcel, también ha sido embargado recientemente por el juzgado. Concretamente le piden que haga frente con algunos de sus bienes. Una finca que tiene a su nombre en El Pedroso (Sevilla) y otra de la que posee un tercio de la propiedad en la misma localidad, además de todos sus saldos bancarios y las posibles devoluciones pendientes de recibir de la Agencia Tributaria.

En cuanto al exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, también tiene pendiente una buena deuda con la Justicia. Según lo decretado por Alaya, debe hacer frente al menos a 490 millones de euros. Barberá, que no ha vuelto a ser citado de nuevo por la juez después de que fuera interrogado imputado por prevaricación, malversación, falsedad y omisión del deber de perseguir delitos el pasado mes de julio, también está en la lista. Le han requisado una finca inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad de Cádiz además de pedir información sobre otra propiedad situada en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María.

El sucesor de Guerrero

Igualmente está pendiente de hacer frente a sus pagos el que fuera sucesor de Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo, Juan Márquez Contreras. Esté último, como el anterior fue interrogado e imputado el pasado mes de julio. Y debe responder a una fianza por valor de 173 millones de euros. Para garantizar ese cobro el juzgado también le ha requisado varios bienes. Concretamente a Márquez, de origen onubense, le han embargado un piso en la capital onubense y otra finca en la localidad de Lucena del Puerto.

Pero esas son las fianzas impuestas, de momento, a ex altos cargos de la Junta. Y a ellas hay que sumar las que Alaya también ha decretado para otros imputados y los embargos que igualmente se están llevando a cabo sobre estos. Entre ellos a la que fuera intrusa en Río Grande, Carmen Fontela, el churrero de El Pedroso, Andrés Carrasco y otros.

Con todo, el juzgado número 6 de Sevilla sigue muy atareado intentando recuperar el dinero público a la espera de que la magistrada mueva ficha y cite a declarar a los imputados que le quedan o inicie una nueva fase de la investigación.