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El «acusador» Griñán defiende a los imputados y ataca a Alaya

El Ejecutivo andaluz, que ejerce la «acusación» contra la corrupción de los ERE, recurre la imputación de 20 altos cargos, entre ellos Magdalena Álvarez

El «acusador» Griñán defiende a los imputados y ataca a Alaya EFE

mercedes benítez

Esquizofrenia procesal y política. Así podría resumirse la postura de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya. Y es que, a medida que se van conociendo los pasos que va dando el Ejecutivo de José Antonio Griñán en el sumario, se va dejando más al descubierto que quieren ser juez y parte, o acusar y defender a la vez. Después de la polémica que provocó el anuncio del Gobierno andaluz (luego matizado) de que están dispuestos a pagar el abogado a los cargos públicos y funcionarios imputados en el auto de la magistrada -entre ellos la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez y otros 19 responsables de la Junta-, ayer anunciaba un recurso contra ese auto. El Ejecutivo recurría en apelación, lo que significa que se recurre ante la Audiencia y que será la Sección VII (la misma que ya ha resuelto otros recursos del caso) la encargada de decir la última palabra.

Es decir, el Ejecutivo andaluz, que está personado como acusación particular por si sus intereses resultaran perjudicados, recurre el auto de Alaya y a la vez defiende a sus altos cargos imputados de los que aseguró que «no cabe imputación penal». El argumento del recurso es un ataque directo a la instructora. Según la nota oficial, solicita «la subsanación de la defectuosa construcción del auto» por una «anómala actuación del juez instructor» que, a su juicio, podría provocar una futura nulidad. Pero también supone una clara defensa de la veintena de cargos imputados.

En este sentido, destacan el peligro de una «posible y futura petición de nulidad de la instrucción practicada» como una estrategia que tienen en sus manos las defensas a las que en este momento procesal, según la Junta, «puede interesar no recurrir el auto para reservarse las alegaciones de nulidad para la fase del juicio oral». Además, para la Junta de Andalucía, la anulación de la instrucción como consecuencia de una anómala actuación de la juez respecto a los derechos fundamentales de los imputados «evitaría la reparación completa del daño producido a los interés públicos».

Pero la Junta insiste en reivindicar «su doble rol» ante la instrucción: a su condición de acusación se suma, según dice, la de víctima de los presuntos delitos cometidos que están siendo investigados. Por ello el gabinete jurídico de la Junta reclama «una mayor motivación del auto» y critica la «escasa fundamentación de las imputaciones» que, según recalca, pueden comprometer la validez de la instrucción y poner en peligro la recuperación del dinero.

No infracción legal

Así, se refiere a las imputaciones realizadas por Alaya como «escasos e inconcretos hechos que dan lugar a la imputación de una veintena de altos cargos que no suponen ninguna infracción legal». «No cabe una imputación penal de los cargos públicos por la elaboración de la Ley de Presupuesto o por su recta ejecución fundamentada en el desacuerdo personal con el contenido de la citada norma», dice.

E insiste en que el recurso se plantea para garantizar «una instrucción impoluta» y que no deje flancos débiles a las defensas. Pero también analiza un conflicto de competencias. Y eso porque, a su juicio, el auto pone en entredicho la Ley de Presupuestos y un juzgado de instrucción «carece de facultad sobre este asunto», ya que ello correspondería al Tribunal Constitucional. «Los cauces procesales están perfectamente delimitados para los jueces y tribunales ordinarios y deben ser los utilizados para cuestionarse normas con rango de ley, a riesgo de cuestionar el Estado de Derecho en su conjunto y el principio de separación de poderes», dice.

El recurso, por tanto, dará alas tanto a Magdalena Álvarez como al resto de altos cargos. Lo lógico es que algunos de ellos se adhieran al escrito y a la vez que puedan aprovechar alguno de los argumentos del Ejecutivo andaluz para defenderse de las imputaciones de la juez. El letrado de uno de esos imputados lo adelantaba ayer a ABC. «En el momento que tenga el escrito de la Junta me adhiero» , decía el jurista.

Pero además, según fuentes jurídicas, la Junta de Andalucía se lo pone más fácil a los imputados ya que podría provocar que se paralizara la primera declaración prevista, en este caso la del interventor, que está citado el próximo día 25.

Otra pregunta que habría que hacerse es p or qué se recurre este auto con las nuevas imputaciones y no se ha hecho lo mismo con otros. ¿Será que no son lo mismo estos imputados, entre los que se encuentra además de Alvarez el número dos de la número dos, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano?Esa situación provocó ayer la inmediata respuesta del PP, que también ejerce la acusación particular y que no entiende que la Junta «se pueda posicionar como acusación y defensa», por lo que solicitará a la juez Alaya que aparte a la Administración autónoma del procedimiento como acusación particular. De hecho, el PP prepara un escrito en este sentido para presentarlo en el juzgado de instrucción número 6, que lleva la causa. Además, para los populares el recurso supone una prueba más de la obstrucción a la Justicia y de «no querer que se sepa la verdad».

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