UGT y CC.OO. fabricaron facturas falsas para financiarse con los ERE

Asesoramientos ficticios, facturas que no guardan relación con el objeto de las subvenciones y «pagos sistemáticos» a federaciones y agencias de corredurías de seguros de UGT y CC.OO. por servicios que ni siquiera prestaban. El último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha tomado como base la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos , Mercedes Alaya , para ordenar la segunda fase de la «operación Heracles», dibuja con precisión el modus operandi de supuesta «financiación irregular» de las organizaciones sindicales con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía para prejubilaciones. Según los investigadores de la UCO, bajo la fórmula de las facturas falsas se desviaron gran parte de los millones de euros de la Administración autonómica hacia las cuentas corrientes de CC.OO. y UGT.

Alaya investiga también la contabilidad de la federación ugetista de Andalucía por la supuesta apropiación, mediante facturas falsas, de ayudas de formación. Un método que ya se puso en práctica con los ERE. La pista sobre esta forma de actuar se halló en el justificante de una transferencia bancaria que la mediadora Uniter realiza a Temiqui (propiedad de UGT) donde aparece esta nota manuscrita: «Se pacta hacer una factura por el importe transferido correspondiente al salario de la liberada María del Mar (42.718,02) (Transf. del 11/02/08)». Con dinero de los ERE « se está pagando el sueldo de una persona que tendría el estatus de liberada sindical », subraya el informe, al que ha accedido ABC.

Más irregularidades

Pero los agentes hallan más facturas que no cuadran. Temiqui SA confecciona una para Uniter el 5 de febrero de 2008 por 69.600 euros por el concepto «asesoramiento jurídico y económico a los trabajadores de los ERE» de la Faja Pirítica de Huelva. La UCO deduce que se trata de «facturas falsas» para camuflar pagos de Uniter para costear manifestaciones y asambleas sindicales por cierres de empresas. El actual líder de UGT en Cádiz, Salvador Mera , y el exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. en Andalucía, Roberto Carmona (detenidos el martes) negociaron las prejubilaciones en la comarca minera y convencieron al mediador para que también sufragara estos gastos con 180.000 euros a cada sindicato. La «operación Heracles II» se saldó con diez detenidos (cuatro de ellos ligados a UGT y CC.OO.) y 14 imputados.

Atendiendo a la declaración de un directivo de Vitalia imputado, la UCO concluye que las comisiones que cobraban en los ERE «no se deben a trabajos ciertos», sino que «se acordaba con los sindicatos sobre la marcha».