UGT-A montó en el Caribe sucursales de formación con dinero de la Junta andaluza
Cándido Méndez, el sábado, durante la clausura del congreso de la UPA - efe

UGT-A montó en el Caribe sucursales de formación con dinero de la Junta andaluza

Zarrías le dio en 2006 una subvención «excepcional» de 1,8 millones de euros

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que dirige Cándido MéndezUnión General de Trabajadores . De la mano de la Junta de Andalucía, que le inyectó 1,8 millones de euros de fondos públicos durante cuatro años, la federación andaluza montóocho sucursales de formación, denominadas como aulas sindicales, en siete países de Centroamérica y el Caribe: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. El territorio andaluz se quedó pequeño para los negocios de formación regional de la

El Gobierno socialista de Manuel Chaves patrocinó la «misión» de adoctrinamiento sindical de la organización en el exterior haciéndose cargo del 90 por ciento de los gastos del proyecto.

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, departamento que dependía del entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, le concedió una subvención «de carácter excepcional» de 1,8 millones de euros en 2006, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, junto a otros fondos repartidos entre ONGs y el sindicato Comisiones Obreras, el 11 de abril de 2007, cuando el plan ya estaba en marcha.

Dentro de un periplo oficial que le llevó por tres Estados de Centroamérica en marzo de 2008, Zarrías, actual responsable municipal del PSOE a nivel federal y militante de UGT, se encargó de inaugurar el aula sindical de Panamá, financiada por la Junta, y abrió el Congreso Fundacional de la Confederación Sindical Americana.

UGT-A bautizó a su ambicioso plan como «Proyecto Integración y Fortalecimiento sindical en Centroamérica y el Caribe» (en adelante Proinfos). Así figura en un dossier informativo interno que recoge las líneas maestras de su programa de cooperación. La central sólo tuvo que sufragar el 10 por ciento de sus cursos y talleres centroamericanos, para lo que utilizó las cuotas que abonan sus afiliados.

ABC ha tenido acceso a facturas pagadas por la Administración autonómica que revelan la conexión internacional del negocio de los cursillos de formación de UGT-A.

Sólo durante la primera de las cuatro anualidades del programa Proinfos, que abarca desde marzo de 2007 a febrero de 2008, el sindicato le endosó a la Junta gastos, acreditados con facturas, por un importe total de 365.604,69 euros.

El mayor desembolso corresponde a la compra de equipos, mobiliario y suministros de sus «sucursales», que ascendieron a 129.505,67 euros. Les siguen los 85.188,88 euros empleados en gastos de funcionamiento como dietas (viáticos, según la terminología hispanoamericana) por transporte, alojamiento en hoteles y comidas.

Sillas ergonómicas y baños

Los sueldos del personal contratado para los cursos se elevaron a 53.583,40. Por último, UGT-A tuvo que montar en la primera anualidad del proyecto gran parte de la infraestructura de las aulas. Las reformas y el arrendamiento de oficinas acarrearon un gasto de 20.187 euros. Entre los cargos realizados con fondos públicos hay de todo: desde la compra de sillones ergonómicos hasta la construcción de un aseo.

Por las aulas sindicales ugetistas pasaron en los cuatro años que estuvieron funcionando 890 alumnos, según detalla su publicación interna, entre los que predominaban los dirigentes sindicales y cuadros intermedios procedentes de 18 confederaciones de diferentes nacionalidades.

Lecciones de «paz social»

Haciendo las veces de «embajadores» de la lucha obrera, profesores y dirigentes de la federación regional, en colaboración con las 33 organizaciones del trabajo de los citados países, impartieron clases a 750 mandos sindicales acerca de las estrategias de presión en las empresas y las bondades de la concertación con las instituciones y patronal como vía para conseguir la paz social, siguiendo el modelo implantado en Andalucía con los ERE, mediante la gestión de un maná de ayudas dirigidas a desempleados.

La juez Mercedes Alaya investiga el supuesto desvío de fondos públicos por parte de UGT-A a gastos como pancartas, fiestas y mariscadas o el cobro de «mordidas» a sus proveedores de cabecera. Para ello se valió de un instructivo manual informático que fijaba el porcentaje de las comisiones dependiendo del servicio, dinero que revertía a sus arcas, como desveló ABC.

A través de «encuentros tripartitos», UGT-A también instruyó a 70 funcionarios y a otros tantos empresarios en asignaturas como el manejo de Power Point, la negociación colectiva, las políticas de género, sin olvidar los grandes hitos del movimiento obrero.