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Algunos concejales admiten ante el juez haber recibido de Roca comisiones ilegales

Las oficinas centrales en Málaga de Aifos fueron objeto ayer de un intenso registro policial que se centró con especial interés en los archivos informáticosJ. M. CAMACHO, P. MUÑOZMÁLAGA/MADRID. Varios

Actualizado 01/07/2006 - 04:53:59
El empresario Emilio Rodríguez, a la salida de los juzgados, en libertad bajo fianza  EFE  Exterior de las oficinas de Aifos en Málaga, objeto ayer de un registro policial
El empresario Emilio Rodríguez, a la salida de los juzgados, en libertad bajo fianza EFE Exterior de las oficinas de Aifos en Málaga, objeto ayer de un registro policial
Las oficinas centrales en Málaga de Aifos fueron objeto ayer de un intenso registro policial que se centró con especial interés en los archivos informáticos
J. M. CAMACHO, P. MUÑOZ
MÁLAGA/MADRID. Varios de los concejales detenidos en la segunda fase de la «operación Malaya» han admitido en sus declaraciones ante el juez Miguel Ángel Torres haber cobrado en varios ocasiones comisiones ilegales que les pagaba el «cerebro» de la trama, Juan Antonio Roca.
En concreto, según las fuentes consultadas por ABC esos pagos se habrían realizado en tres o cuatro ocasiones desde que Marisol Yagüe llegó a la alcaldía tras presentar una moción de censura contra Julián Muñoz, y que fue urdida según todos los indicios por el todopoderoso asesor de Urbanismo de la ciudad costasoleña.
Las cantidades que recibieron estos concejales, según han admitido ellos mismos ante el instructor, variaban entre los 24.000 y los 300.000 euros, que fueron abonados en tres o cuatro plazos. Algunas fuentes indican, no obstante, que los indicios apuntan a que esas cantidades serían muy superiores en el caso de Yagüe o de su primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, que por sus cargos tenían mucha más capacidad de maniobra. Ambas están en prisión.
Mientras todos estos aspectos se aclaran definitivamente, ayer el juez continuó con el interrogatorio de los detenidos, en concreto de buena parte de los empresarios y promotores arrestados. Al cierre de esta edición no se habían producido nuevos encarcelamientos y todos los interrogados quedaron en libertad, unos previo pago de la correspondiente fianza y otros no, aunque todos con cargos.
En concreto, se fijó una fianza de 300.000 euros para el constructor y promotor Enrique Ventero, detenido en Madrid, y de 30.000 euros para el también promotor Cristóbal Peñarroya, informa Ep. Ambos están acusados de cohecho. Este último, que salió de los juzgados sobre las siete y cuarto de la tarde, dio su «palabra de honor» de que no había efectuado ningún pago irregular: «Me imputan porque en una nota dice Cristóbal Peñarroya 35.500 euros», aseguró.
Por otro lado, el instructor dejó en libertad sin fianza y con cargos al constructor inmobiliario Francisco Aranda Núñez, aunque con la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. La misma decisión de libertad sin fianza se adoptó para los hermanos Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp, empresarios y ganaderos de reses bravas y el último apoderado de Rivera Ordoñez. A ambos se les imputa un delito de blanqueo, según fuentes jurídicas.
Anoche, tras tomar declaración al conocido constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, apodado «Sandokán» y propietario de Arenal 2000, el juez hacia lo propio con el ganadero de reses bravas y empresario de la plaza de Las Ventas Fidel San Román.
Pero además de la actividad judicial, ayer se vivió otro día de intenso trabajo policial con el registro de las oficinas centrales que la empresa promotora Aifos tiene en Málaga. El director comercial de esta compañía, Francisco García Lebrón, fue uno de los detenidos en la segunda fase de la «operación Malaya».
Desde las once y media de la mañana una veintena de policías, entre agentes uniformados y de paisano, se personaron con una orden judicial de registro en las dependencias, situadas en la calle Cister de Málaga, informa Efe. En ese momento se encontraban en las oficinas, que ocupan tres plantas del edificio, unos 170 empleados que salieron para facilitar la labor de los agentes, y también estaba el presidente de la empresa. Los policías se interesaron especialmente por los archivos informáticos, de los que sacaron copia.
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