La Junta mantiene desde 2005 en cajas y sin inventariar la «Colección Marsal»

05/12/2008
Actualizado a las 07:27h.

El calvario que el coleccionista de piezas arqueológicas Ricardo Marsal afirma que pasó para donar su fondo a la Junta de Andalucía aún no ha terminado. Después de que el propietario de lo que se conoce como Fondo Arqueológico Ricardo Marsal —FARM— llegara a un acuerdo con Cultura para donar toda su colección, la administración pública no ha cumplido ninguno de los requisitos del convenio que se firmó en abril de 2005. Entre otras cosas, Marsal pidió fundamentalmente que se inventariaran todas las piezas en el plazo de dos años. Hasta ahora, lo único que sabe de esta cuestión es lo que le comunicó por carta el 20 de febrero de 2007 el entonces director general de Bienes Culturales, Jesús Romero, que le escribió lo siguiente: «En relación al inventario, le informamos que nos vemos obligados a solicitar una prórroga de dos años». Además, Romero invitó a Marsal a visitar las piezas, que desde su donación están en la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Según explicó a ABC la hija del coleccionista, Pilar Marsal, «fuimos el 17 de abril de 2007. Entramos en una nave y nos enseñaron cómo restauran las vírgenes. Luego nos mostraron que han informatizado algunas cosas, aunque muy pocas. Pero lo que más nos dolió fue ver que está todo metido en cajas desde entonces».

Todo el legado permanece arrumbado sin que las piezas puedan cumplir los requisitos que Ricardo Marsal exigió para realizar la donación. «No se han hecho ni los primeros estudios parciales y no se ha cedido ninguna pieza a ninguna exposición temporal», denuncia la hija. Y es que la familia está muy dolida con los acontecimientos. No hay que olvidar que Marsal se vio envuelto en un proceso penal en el que se le acusaba de expoliador a pesar de que llevaba varios meses en negociaciones con Carmen Calvo cuando el Seprona apareció en su finca de Écija para decomisarle toda la colección en 2002. No obstante, el juez Miguel Ángel Gálvez hizo el sobreseimiento libre y archivo de actuaciones el 7 de abril de 2005, exactamente el mismo día en que la Junta aceptó el ofrecimiento de Ricardo Marsal. Así lo refleja el BOJA número 88, del 9 de mayo de 2005, en el que siendo ya consejera Rosa Torres se publicó la siguiente resolución: «Orden de 7 de abril de 2005, por la que se acepta el ofrecimiento efectuado por don Ricardo Marsal Monzón de la colección de piezas arqueológicas, conocida como “Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón” y de los documentos con el mismo relacionados». En aquel texto oficial se añadía un dato importante: «Resuelvo depositar provisionalmente el Fondo y documentos relacionados en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, cuyo director levantará acta de recepción provisional». La orden, firmada por Rosa Torres, no ha cumplido su carácter eventual. Cuatro años después, las más de 107.000 piezas que Marsal donó a los andaluces siguen guardadas en las mismas cajas. «Esto nos molesta —dice Pilar Marsal—, sobre todo porque trataron a mi padre como a un delincuente cuando su única intención era donarlo todo. De hecho, donó todas las piezas que eran de su legítima propiedad en tanto que habían sido adquiridas con anterioridad a la ley de 1985».

«Operación Tambora»

Efectivamente, Ricardo Marsal, un boyante ingeniero de Caminos madrileño muy aficionado a la arqueología, se dedicó durante más de 30 años a recuperar piezas halladas en Andalucía que estaban siendo vendidas al exterior. Y nunca lo hizo a espaldas de nadie. Decenas de investigadores certificaron ya en 2002 a este periódico que habían visitado la colección, que estaba guardada en su hacienda de Écija, y que incluso habían sido invitados por su propietario a permanecer en la finca para estudiar las piezas. Hasta varios agentes del Seprona habían estado en el cortijo de manera particular antes de que se produjera el decomiso. Pero todo cambió cuando Ricardo Marsal decidió donar su colección a la Junta de Andalucía. En plena negociación, entendió que no estaba siendo bien tratado y ofreció las piezas al Museo Arqueológico Nacional, como prueban varias cartas facilitadas a ABC firmadas por Marina Chinchilla, entonces directora de dicho museo. En ese momento, Cultura denunció al propietario y el Seprona articuló la que se conoció como «Operación Tambora». Era febrero de 2002. La propia Maribel Montaño, que en aquel tiempo era delegada provincial de Cultura, ofreció una rueda de prensa junto a efectivos de la Guardia Civil en la que se refirió a la colección como si nunca hubiera oído hablar de ella. Su consejera, Carmen Calvo, negó además que Marsal le hubiera ofrecido su fondo para una donación. Pero toda la verdad salió a la luz cuando el subdirector general de Patrimonio Histórico del Ministerio, Luis Lafuente Batanero, reconoció el 12 de abril de 2002 en su declaración ante la Guardia Civil que si el Estado no insistió en la adquisición de las piezas que quería donar Marsal, fue «por no establecer competición con el departamento correspondiente de la Junta». En esta diligencia de manifestación voluntaria, Lafuente llegó a ser aún más conciso: «Tuve conversaciones con representantes de la Junta de Andalucía, que manifestaron su interés en que la colección se quedara en Andalucía y que estaban estudiando el aspecto jurídico de la donación de la colección». Y es que Lafuente había sido instado por la propia directora del Arqueológico Nacional, Marina Chinchilla Gómez, a aceptar la donación, sobre todo después de que este museo enviara a dos expertas, Alicia Rodero y Carmen Alfaro, a Écija a estudiar la colección. Además, el que por aquellas fecha era director del Museo Arqueológico de Sevilla, Fernando Fernández, reconoció que él mismo había visitado la finca en varias ocasiones acompañado de agentes del Seprona para estudiar su adquisición, ya que la Junta «conocía su existencia de los setenta». «Aquello lo conocíamos todos los arqueólogos y estudiantes universitarios, ya que Ricardo Marsal no puso nunca impedimentos para que viéramos la colección», afirmó Fernández. Y más llamativo es el caso del arqueólogo José Manuel Rodríguez Hidalgo, quien antes de ser nombrado perito del caso por el juez reconoció a ABC haber visto la colección de forma privada «en un par de ocasiones».

En todo caso, la jueza Teresa Lara inició entonces un proceso que después instruyó, por la vía penal, Miguel Ángel Gálvez. Hasta que finalmente se llegó a un acuerdo entre Cultura y Marsal y se produjo el sobreseimiento y archivo del caso.

Otra de las condiciones de la donación que impuso el propietario fue la necesidad de «limpiar» su nombre. La Junta salvó aquel escollo con una nota de prensa en la que se aclaraba que la donación «no conlleva contraprestación económica alguna y comprende tanto las piezas que son de dominio público como las adquiridas por Ricardo Marsal con anterioridad a la ley de 1985». Asimismo, Cultura aclaraba que las piezas, «que van desde el 3.000 a.C. al medievo», se encontraban «ordenadas por yacimientos de procedencia y fechas aproximadas del tiempo en que fueron halladas». Por último, el escrito afirmaba que a Marsal «se le ha de reconocer y agradecer su gesto por la contribución al patrimonio histórico andaluz».

«Eso es lo único que han hecho desde entonces», se queja Pilar, que hace hincapié en otro de los puntos del acuerdo: «Habrán de nombrarse equipos de expertos y efectuarse las correspondientes publicaciones». «Nada de eso se ha llevado a cabo», sentencia la hija de Marsal. «Él pidió que se realizaran préstamos para exposiciones temporales y que las piezas se pudieran ver en Écija, pero nada de eso se ha cumplido, ni los dos años para realizar un inventario».

Casi cuatro años después de que todo acabara con relativa felicidad para ambas partes, Ricardo Marsal tiene que conformarse con ver las piezas que durante tantos años se preocupó de adquirir y conservar en un álbum de fotos. Apenas ha vuelto a ir a su finca de Écija. Pero, según declara su hija, sigue soñando con la posibilidad de que algún día todo el legado que él donó a la administración pueda ser contemplado por los andaluces. De momento, las cajas impiden que las piezas sean vistas siquiera por los técnicos del Insituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde yace toda esta historia desde la primavera de 2005.