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La Olavide pide la expulsión de los inmigrantes por unas obras

El encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo de Olavide dio ayer un giro sustancial al exigir el rectorado por primera vez el desalojo de sus instalaciones, alegando la necesidad imperiosa de comenzar unas obras en el pabellón que acoge a más de un centenar argelinos que se niegan a abandonar la protesta.

Actualizado 08/08/2002 - 02:03:14
Un inmigrante se dispone a almorzar en el pabellón de la UPO que acoge el encierro, cuyos protagonistas aseguran que sólo tienen comida para tres días más. R. Doblado.
Un inmigrante se dispone a almorzar en el pabellón de la UPO que acoge el encierro, cuyos protagonistas aseguran que sólo tienen comida para tres días más. R. Doblado.
SEVILLA. La necesidad de acometer unas obras en las instalaciones que ocupan desde el pasado 10 de junio los inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide ha sido el argumento del rectorado para exigir, por primera vez desde el comienzo de la protesta, el abandono inmediato del campus.
«Van a ejecutarse y no pueden comenzar con ellos dentro». El rector en funciones y vicerrector de Investigación, Juan Jiménez, insistió ayer en que tiene la responsabilidad ineludible de acometer estas obras sin demora para que estén listas el próximo curso, por lo que los inmigrantes deben abandonar el campus.
Los inmigrantes, señaló, ya han abandonado uno de los pabellones, el semicubierto, donde se están haciendo obras, que esta tarde o mañana comenzarán en el pabellón cubierto, donde permanecen ahora, por lo que confió en que antes de ese momento «los irresponsables que los trajeron deben decidir que van a hacer y finalice el encierro».
Respecto a la posibilidad de solicitar una intervención policial, fuentes cercanas a la Universidad aseguraron a ABC que no está previsto por ahora, salvo que los encerrados protagonicen una acción de fuerza, ya que se sigue confíando en una solución pacífica. Los dirigentes universitarios temen, sin embargo, el creciente poder que el grupo más radical de los encerrados va tomando en el seno del grupo, según agregaron las citadas fuentes.
«Aguantaremos hasta el final»
En este sentido, las declaraciones de ayer de los encerrados no parecen augurar un desenlace pacífico. Su portavoz, Mohamd Magdod, señaló, en declaraciones a Europa Press, que no van a abandonar el encierro hasta que su regularización no esté completamente garantizada. «Vamos a llegar hasta el final», dijo.
Magdod manifestó que los inmigrantes no confían en la validez de los salvoconductos facilitados por el Defensor del Pueblo, José Chamizo, y resaltó la precaria situación del grupo, ya que sólo tienen reservas de comida en las alacenas para tres días más.
Por su parte, el portavoz de la Red de Apoyo a los inmigrantes, Juan Carrique, criticó ayer la postura de la Junta de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide: «No se de que encerronas hablan cuando la propia rectora de la Olavide utilizó el encierro cuando le interesó en los días de la Cumbre para hacer publicidad de su Universidad», explicó. Carrique admitió que la decisión que han tomado los inmigrantes de seguir en el encierro indefinidamente «no es la más adecuada, porque conduce a un callejón sin salida, sobre todo si no se cuenta con la colaboración de las instituciones», pero «ellos prefirieron seguir encerrados y nosotros les apoyamos».
En cuanto a la situación de los inmigrantes, alertó de la escasez de comida y defendió que esperaban «que los que nos acusan de manipulación y de hacer encerronas, estén preparando la ayuda alimentaria porque nosotros ya lo hemos hecho durante 57 días, pero cada vez disponemos de menos recursos».
Chamizo ofrece esperanzas
Por otra parte, el Defensor del Pueblo Andaluz señaló ayer que entre un 90 y un 95 por ciento de los 108 inmigrantes del encierro que le han entregado sus expedientes completos tienen bastantes posibilidades de regularizar su situación. De estos, 38 expedientes -que pertenecen a casos de inmigrantes que se encuentran en tramitación en otras provincias- fueron entregados ayer por el Defensor al decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, que se encargará de remitirlos a la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para que acaben en los Servicios de Asistencia Jurídica a Extranjeros de los Colegios de Abogados competentes.
Además, el Colegio de Abogados hispalense recibió de manos de Chamizo otros 93 expedientes de inmigrantes de otras provincias «que se encuentran incompletos y que, por tanto, corren más riesgos de no regularizar su situación si no entregan la documentación que falta».
Así, pues el Colegio recibió un total de 131 expedientes, «la mayoría de los cuales pertenece a personas que ya han abandonado el encierro» y que provienen de Zaragoza, Barcelona, Lérida, Alicante, Albacete, Navarra y Madrid. Por su parte, la propia Oficina del Defensor, en colaboración con la Comisión Jurídica de la UPO, se encargará de la gestión de los expedientes completos de los 70 inmigrantes cuya documentación se encuentra en Andalucía.
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