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Los letrados del Congreso advierten que los derechos sociales recogidos en texto no pueden contradecir la Constitución

ABCSEVILLA. Los letrados de los Servicios Jurídicos del Congreso han elaborado un informe sobre la propuesta de reforma del Estatuto andaluz, que se tramita en las Cortes, en el que señalan que «no

Actualizado 23/09/2006 - 03:39:25
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SEVILLA. Los letrados de los Servicios Jurídicos del Congreso han elaborado un informe sobre la propuesta de reforma del Estatuto andaluz, que se tramita en las Cortes, en el que señalan que «no existe obstáculo para que el legislador autonómico regule» el ejercicio de derechos sociales en el texto, aunque advierte de que dicha regulación «no puede contradecir las previsiones constitucionales».
El informe de los letrados del Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que el Título I del texto, relativo a «Derechos sociales, deberes y políticas públicas», «contiene mayoritariamente mandatos al legislador y una definición de determinadas políticas que debe asumir la Junta, más que derechos en sentido estricto».
En este sentido, ponen de manifiesto que la técnica empleada consiste en garantizar por parte de la comunidad la protección de derechos ya reconocidos constitucionalmente y resaltan que «en la mayor parte de los casos tampoco se restringe el alcance de dichas políticas respecto de los andaluces, sino que dichas garantías se definen respecto de todas las personas afectadas».
En cualquier caso, subrayan que, «conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), no existe obstáculo para que el legislador autonómico regule el ejercicio» de derechos sociales en el texto, si bien deja claro que «tal regulación no puede contradecir las previsiones constitucionales».
Por este motivo, recuerdan que la doctrina del TC establece que «cuando se desarrollen los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección Primera del Capítulo II, del Título I de la Constitución la regulación ha de hacerse mediante Ley orgánica de desarrollo directo del derecho». Igualmente, subrayan que «es competencia del Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución Española».
Por último, el informe plantea «observaciones» a la enmienda del PP al artículo 28, en la que se propone «reconocer el derecho a la redistribución de los excedentes de agua de otras cuencas, según criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y las leyes del Estado». En concreto, advierte sobre las «dificultades» que plantea el «reconocimiento del derecho a la redistribución de los excedentes de aguas de otras cuencas, que si son extracomunitarias superan, además, el ámbito competencial, y si son intracomunitarias, podrían configurarse más como un objetivo de la gestión pública del agua de la comunidad que como un derecho público subjetivo».
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