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Muñoz niega en el Juzgado haber negociado convenios que firmó e hicieron perder a Marbella 136 millones de euros

J.M.C.MÁLAGA. El ex alcalde de Marbella, Julian Muñoz, declaró ayer durante dos horas y media en el Juzgado de Instrucción número l por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos

Actualizado 23/09/2006 - 03:38:28
J.M.C.
MÁLAGA. El ex alcalde de Marbella, Julian Muñoz, declaró ayer durante dos horas y media en el Juzgado de Instrucción número l por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, contra la ordenación del territorio y fraude. La Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas acusan a Julián Muñoz, Juan Antonio Roca y un tasador de hacer perder a la Corporación municipal 136 millones de euros.
Muñoz, encarcelado en Alhaurin de la Torre desde el pasado mes de julio llegó esposado a las dependencias judiciales. Tras su declaración, a las 13. 35 horas el ex regidor fue conducido de nuevo a la cárcel, mientras que su abogada, Laura Sánchez, perteneciente al bufete de José María Del Nido, afirmó que había sido una comparecencia «larga», aunque rehusó hacer cualquier tipo de declaración sobre su cliente. Sin emebargo fuentes judiciales señalaron que el ex alcalde, que llegó a los juzgados a las 09. 50 horas y vestía traje de chaqueta azul marino, manifestó al juez que era élquien firmaba los convenios, pero negó que los elaborara o los negociara y añadió que «no sabía nada de tasaciones de fincas».
Entregas sin contraprestación
Según la Fiscalía, por el desfase entre las valoraciones de los convenios y los precios estimados de mercado, los querellados habrían acarreado a las arcas municipales un perjuicio global de 132 millones de euros, unos 22 mil millones de pesetas, aproximadamente. Además, por haberse realizado entregas sin contraprestación, los perjuicios ascenderían por este concepto a cuatro millones de euros, más de 665 millones de pesetas.
Todos estos convenios fueron firmados por Muñoz (alcalde accidental) y sólo en algunas ocasiones fueron aprobados por la Comisión de Gobierno (menos del 40 % de los convenios firmados en 2000 y 2001). También concedió licencias de construcción en los terrenos enajenados sin estar aprobada la revisión del Plan. En ocasiones, los convenios de dación en pago de deudas contemplaron la transmisión de inmuebles de titularidad municipal para pagar la ejecución de obras cuya correcta realización no había sido acreditada.
En otros casos, no se acreditó la necesidad de las permutas como exige la ley, o se «permutaron» inmuebles por obras, lo que supone una vulneración de las normas sobre contratación de las administraciones públicas. Muchas veces se acudió al procedimiento negociado sin que resultara aplicable, basándose en la previa celebración de una subasta que había quedado desierta, pero convocada mucho tiempo antes de la firma del convenio, en ocasiones varios años antes, y siempre más allá del límite de un año que establece citada la ley.
A las anteriores irregularidades en la tramitación de los convenios se han sumado otras, como sacar a subasta bienes que ya habían sido previamente enajenados por el Ayuntamiento, enajenar «por error» una zona verde pública, o celebrar convenios sobre bienes que no eran propiedad del Ayuntamiento.
Según la Fiscalía, el Ayuntamiento prescindió de los funcionarios municipales con competencia específica para realizar valoraciones y, a través de la sociedad «Planeamiento 2000, S.L.», contrató a tasadores externos.
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