Afectados por la colza en el Hospital Primero de octubre (1983)
Afectados por la colza en el Hospital Primero de octubre (1983)

La tragedia olvidada del aceite de colza: el envenenamiento que mató a más de 3.000 personas

El Tribual Supremo declaró al Estado como responsable civil subsidiario de la tragedia, en 1997, por autorizar el uso de la anilina y por no llevar a cabo protocolos de actuación que evitaran el desvío del aceite envenenado al consumo humano

MadridActualizado:

Si en su día costó que la justicia les amparara por los daños sufridos, ahora, treinta y ocho años después, los afectados por la intoxicación masiva del aceite de colza siguen sufriendo el olvido y la ignorancia de las autoridades. El mes pasado recibieron la mala noticia de que, a partir de ahora, tendrían que asumir el cobro de los medicamentos a causa del impago que la Comunidad de Madrid ha ido acumulando desde enero del año pasado.

En 1981, año de la tragedia, y una vez constatada la intoxicación, el Ministerio de Sanidad estableció el derecho de los damnificados a la gratitud de toda la prestación farmacéutica. Una medida que, desde hace dos años, depende de las autonomías. En este caso, el gobierno regional madrileño es el único que ha descuidado su responsabilidad de financiación para con las víctimas.

«El golpe de la colza»

El «el trágico golpe de la colza envenenada», como lo tituló ABC en 1981, tuvo un desastroso y vergonzante resultado para los perjudicados. El alto grado de descontrol del Estado con los productos destinados al consumo humano dejó una libertad inusitada a aquellos que se valieron del fraude para incrementar sus ganancias comerciales y atentar contra la vida de la gente. El aceite de colza que se comercializó para uso domestico estaba desnaturalizado y contenía una sustancia tóxica, la anilina, que fue la causante de la pesadilla que mató a cientos de personas y que aún afecta a más de 15.000.

«El trágico golpe de la colza envenenada», ABC 1981
«El trágico golpe de la colza envenenada», ABC 1981

Familias enteras sufren todavía secuelas del mayor caso de envenenamiento masivo de la historia de España. Las mismas que compraron garrafas de aceite de colza adulterado pensando que era de oliva. Gran parte de las víctimas y los afectados fueron personas de clase trabajadora que, en su mayoría, vivía en barrios, donde se comercializaba de manera ambulante y a precios muy bajos. Este producto tóxico circuló sin ningún tipo de control de las autoridades correspondientes al consumo, hasta que fue demasiado tarde y los daños ya estaban causados.

El aceite envenenado se vendió en garrafas de plástico a la población, de manera fraudulenta y a través de puestos ambulantes en diferentes lugares de España

La primera víctima que se cobró este fraude fue un niño de ocho años en Torrejón de Ardoz, el día 1 de mayo de 1981. A partir de ahí, los hospitales se llenaron de nuevos afectados y fallecidos con los mismos síntomas de una enfermedad completamente desconocida. Esto provocó un gran desconcierto en las autoridades sanitarias, gubernamentales y entre la población en general.

En un principio, se habló de la «enfermedad del legionario»; luego, el Ministerio de Sanidad cambió de parecer y afirmó que se trataba de una neumonía atipica, de la que se hicieron eco todas las portadas de los principales periódicos. No fue hasta el 17 de junio cuando se llegó al convencimiento de que la causa estaba en el consumo del aceite de colza. La mañana siguiente, ABC explicaba a sus lectores que, «en España, el aceite de colza industrial ha sido mezclado con anilinas y con aceite de oliva, dando lugar a un producto que tenía el mismo olor, color y sabor que el aceite normal de oliva, y que ha sido vendido a granel a un precio inferior al aceite de oliva natural».

A raíz de esta noticia se creó en todo el país una situación de confusión. Las dudas sobre la salubridad del aceite se generalizaron, por lo que la Secretaría de Estado se vio obligada a realizar una lista con aquellos no aptos para el consumo. Este diario la compartió entre sus páginas.

La irresponsabilidad de un Estado

Una vez que las autoridades sanitarias se convencieron de que el aceite era la causa principal de envenenamiento, la Policía intervino y detectó el circuito de distribución de la colza desnaturalizada, importada principalmente de Francia. «Las cisternas comenzaron a venir con mayor asiduidad a la empresa RAPSA, de San Sebastián, y su distribución se efectuó a Cataluña y a la localidad madrileña de Alcorcón, concretamente a la empresa RAELCA, considerada como el principal foco de distribución de las partidas de aceite tóxico», narró ABC aquellos días.

Las autoridades estatales autorizaron el empleo de anilina en el aceite de colza con la intención de desnaturalizarlos y ser destinados a uso industrial

Es evidente que se trataba de un fraude ideado por parte de estas empresas aceiteras, a las cuales no importó jugar con la vida de las personas para conseguir algún beneficio. Pero si se llegó a esta situación fue, en gran parte, por el riesgo y la irresponsabilidad que cometió el Estado. Así lo confirmó ABC en su momento.

Garrafas de aceite de colza envenenado
Garrafas de aceite de colza envenenado

La idea de proteger la producción del aceite de oliva español de las masivas y baratas importaciones comestibles de la colza y el vegetal -en su mayoría proveniente de Francia-, fue el origen de la catástrofe. Para acabar con esta lacra, las autoridades estatales autorizaron la introducción de la anilina en estos aceites alimenticios con la intención de desnaturalizarlos y que fuesen utilizado solo para uso industrial -sobre todo en el sector siderúrgico-.

Sin embargo, la ausencia de protocolos de actuación por parte de la administración -Ministerio de Sanidad, Comercio, Hacienda, Industria y Agricultura-, provocaron justo lo contrario y circularon por casi todo el país miles de toneladas de producto envenenado desviadas al consumo humano. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en 1981 España era una joven democracia y, además, aún no pertenecía a la Comunidad Económica Europea (CEE), por lo que no contaba con un marco legal adecuado y suficiente.

El Estado fue declarado responsable civil subsidiario y obligado a restituir el total de las indemnizaciones

El Supremo condenó, en 1997, a dos funcionarios a seis meses de cárcel por imprudencia temeraria. El primero fue el director de la política arancelaria, Federido Povedano, por su responsabilidad directa en la importación del aceite y, según la sentencia, «una dejación evidente de sus obligaciones». El segundo fue Manuel Hernández Bolaños, quien autorizó en 1973 la desnaturalización del aceite de colza. Aunque se entendió que había sido de forma involuntaria, el Supremo ponía en evidencia el peligro potencial por parte de ambos.

Una «justicia» que tardó 16 años

Dieciséis años tuvieron que pasar para la condena definitiva en septiembre de 1997, cuando se hizo «justicia» a las más de 30.000 víctimas de la colza. Estas y sus familias tuvieron que ser indemnizadas, aunque el daño ya estaba hecho.

Después de seis años de investigación judicial y de varias concentraciones de las víctimas exigiendo al gobierno una solución, se inició la primera sesión del juicio en Madrid el 30 de marzo de 1987. Se celebró el primer macrojuicio en España, el cual juzgó a 37 empresarios relacionados con el envenenamiento masivo.

El macrojuicio de la colza seguido por ABC el 31 de marzo de 1987
El macrojuicio de la colza seguido por ABC el 31 de marzo de 1987

El proceso se extendió once meses más hasta que el Tribunal Supremo dictó sentencia en 1989, condenando solo a 13 personas -de esas 37 acusadas-, a penas de 6 meses y 20 años de cárcel. ABC lo contaba así: «El Tribunal conoce la relación causal entre desnaturalización del aceite de colza con anilinas y producción de la enfermedad, pero ha estimado que los procesados no tenían intención de causar muertes, por lo que no ha tipificado los hechos como delitos de homicidios ni lesiones». Tras conocerse el fallo, parte de los afectados que se encontraban a las puertas de la Audiencia Nacional apedrearon el autobús donde viajaban los acusados al grito de «asesinos».

Tres años más tarde, en 1992, se elevaron las penas de varios de los aceiteros. Sin embargo, estos se declararon insolventes a causa de las cuantiosas indemnizaciones que se pedían. Ante esta actitud, los abogados de las víctimas exigieron responsabilidades a la administración estatal por supuestas negligencias de sus funcionarios. De esta forma, el Estado fue declarado responsable civil subsidiario en 1997 y obligó a restituir el total de las indemnizaciones. El pago se demoró, en algún caso, más de dos décadas.

Sin solución real

Para muchos, la tragedia aún no ha terminado y, 38 años después, los afectados se sienten desamparados. Desde la Plataforma «Seguimos Viviendo» llevan años luchando para ser escuchados y tener una mayor atención social que haga frente a sus incapacidades. El Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), nombre con el que se conoce la enfermedad, continúan arrastrando a sus supervivientes dolencias crónicas que lastran su calidad de vida.

Según el Instituto de Salud Carlos III, encargado, desde hace 38 años, del seguimiento epidemiológico, as manifestaciones clínicas son afectación vascular generalizada, lesiones en el sistema nervioso periférico y dermatológico, y problemas en los órganos internos. El resultado es un paciente con debilidad muscular, astenia, calambres, algias musculares y articulares, siendo el resto síntomas variables entre diferentes personas.

Reivindican que, pese a las evidencias científicas y las recomendaciones internacionales acerca de la vigilancia del SAT, su enfermedad ha caído en el olvido. La plataforma ha conseguido dar algunos pasos, como la creación de la Unidad Funcional especializada en el Síndrome del Aceite Tóxico en el Hospital 12 de Octubre, pero solo hay una consulta -en el mismo centro- que se encargue a tratar esta afección. Por esa razón, ellos piden que se impulse la creación de un Centro de Referencia Nacional, para que llegue a los afectados de otras comunidades autónomas.

También reclaman a las instituciones que se investigue más su enfermedad y que se estudie en las facultades de Medicina. A su vez, claman porque se ofrezca apoyo psicológico a las víctimas debido a que, aunque cuenten con ayudas económicas y domésticas, estas son muy precarias para hacer frente a todas sus dificultades.

A día de hoy no es de extrañar que en España el aceite de colza sea un producto estigmatizado y prácticamente innombrable, imposible de encontrar en los supermercados. No obstante, en el resto del continente europeo es uno de los más vendidos para consumo humano y, además, es considerado muy saludable.