Más de lo mismo, aunque esta vez la queja llegó desde otro flanco. El PA denunció ayer la utilización del Ayuntamiento «como medio de propaganda electoral del PSOE» en referencia a un folleto sobre el Plan de Barrios difundido en el distrito San Pablo-Santa Justa para ensalzar los «logros del alcalde a base de enormes falsedades», una publicidad que podría haber alcanzado a unas 20.000 viviendas y que el PA valoró en «alrededor de 20.000 euros como mínimo».
Este folleto, que se encabeza con el lema «Mi barrio importa», recoge elementos como una fotografía de la sede de la junta de distrito de Nervión, en la avenida de la Cruz del Campo, con un pie en el que se dice que se trata de un nuevo centro cívico, algo que es falso, o una imagen de aceras reformadas que en realidad son de La Oliva y no de Nervión. En el documento, por ejemplo, se ensalza la reurbanización del solar de Heineken o la solución que han supuesto para el tráfico de la zona «los nuevos viarios» y para acompañar esta afirmación se ha colocado una fotografía de la avenida de Kansas City, construida en plena dictadura franquista. Y en su dorso se recoge el famoso plano de la red de metro completa, con las cuatro líneas y todas sus paradas, junto a la del tranvía del centro y el del Aljarafe. «¿Pero qué estafa es esta?», se preguntó el candidato andalucista a la alcaldía, Agustín Villar, que criticó «el enorme gasto en un folleto con cosas que no son verdad».
«El Gobierno municipal está tirando la casa por la ventana con gastos que sólo son mera propaganda electoralista -añadió Villar-. Ahora aparece ahora una nueva técnica de dilapidar los dineros públicos y una nueva mentira propagandística con cargo a los presupuestos municipales. Estamos asistiendo a una estafa en toda regla y a una posible malversación de fondos públicos a mayor gloria de Monteseirín».
En el recibo del agua
Además, el PA denunció que el Ayuntamiento ha utilizado el envío del recibo del abastecimiento de agua para difundir una «carta propagandística» del programa de los Presupuestos Participativos en la que figura la firma de la concejal responsable de la iniciativa, Paula Garvín (IU), y la delegada de Hacienda, Inmaculada Muñoz (PSOE). Tal caso supone «un uso fraudulento del fichero de clientes de Emasesa, vulnerando por tanto la Ley de Protección de Datos».
Al hilo de esto, Villar recordó también el envío promovido por la Agrupación de Empresas Municipales (AIE) «con propaganda» de las cuatro empresas del Ayuntamiento. En principio, se informó de que estos trípticos se enviaron junto a la factura de Emasesa, «pero finalmente se ha sabido que esta iniciativa ha contado con una «distribución «expresa de correspondencia» que podría haber costado alrededor del millón de euros».
