Diez sentencias para una injusticia

Once años de litigio, diez sentencias a favor, mucha Justicia... y poca justicia. Carmen Fernández, la madre de Iván y Sara, protagonista de una de las luchas jurídicas más importantes en el ámbito del derecho de familia en España, ve pasar un tiempo que su enfermedad hace cada vez más preciado sin que los Tribunales, que tantas veces le han dado la razón, sean capaces de resarcirle de las heridas que le ha dejado su desigual batalla por obtener la custodia de sus hijos. Unos hijos que la Junta de Andalucía le retiró alegando su incapacidad -en aquel momento transitoria- para mantenerlos.

Difícilmente, la abultada carpeta donde esta limpiadora de las Tres Mil Viviendas guarda sus diez sentencias favorables, entre ellas la que obliga a la Junta a indemnizarle con 1,7 millones de euros, puede sobreponerle. Once años después ni siquiera puede ver a uno de sus hijos, la niña que perdió por aquella decisión administrativa y que volvió con ella voluntariamente es hoy una adolescente en la que se refleja una infancia traumática, y aquel dinero, que no le vendría nada mal a su siempre maltrecha economía, sigue retenido judicialmente a la espera del penúltimo recurso de la Administración, en esta ocasión ante el Tribunal Constitucional.

Incumplimiento

La última sentencia a favor de Carmen, la décima, en la que la Audiencia Provincial reconoce que la Administración no se ha esmerado por cumplir el régimen de visitas establecido para intentar mantener el contacto con el hijo de 16 años entregado en acogida hace más de una década, es otra paradoja. Viene a demostrar que el derecho reconocido a Carmen sigue siendo imposible de ejecutar, que alguien, el pasado o el destino se empeñan en regodearse en las consecuencias negativas de aquella declaración de desamparo que marcó su vida.

Una declaración de desamparo tumbada por los tribunales años después pero que entonces dio paso a un precipitado proceso de preadopción que no tuvo en cuenta la posibilidad de recuperación de aquella joven mujer alcohólica sin recursos.

Ayer, once años después de iniciarse el caso, Gabriel Velamazán, abogado de Carmen Fernández, recordaba el periplo judicial de su defendida -que algún tribunal reconoció como «tortuoso calvario»- y anunciaba la presentación del enésimo recurso de apelación, en el que se pide la ejecución de la sentencia que desde 2006 obliga a la Junta a pagar la millonaria indemnización a Carmen, víctima además de los constantes desencuentros de las instancias judiciales implicadas en su caso.

En su día, tras conocerse la sentencia, la consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro, aseguró públicamente que la Junta de Andalucía no la recurriría y pagaría con todas sus consecuencias. Aquella declaración se antoja hoy que fue una forma de pasar el maltrago ante la opinión pública que reclamaba una explicación de porqué nadie previó en su día la posibilidad de que Carmen recuperara la custodia de sus hijos si estaba en rehabilitación. El recurso no se hizo esperar y con ello una orden para retener el dinero que se había entregado a Carmen, ya que «la aparente modesta capacidad económica de la beneficiaria...» hacía difícil mantener garantías de que el dinero fuera repuesto en el caso de que el Constitucional enmende la plana a la Audiencia de Sevilla. Como se ve, a Carmen la Administración no ha dejado de recordarle que es pobre.

En el Constitucional

Ahora toca apelar al Constitucional, con la esperanza de que sea verdadera última instancia y no dilate su fallo, porque el tiempo amenaza con ser todavía más implacable con Carmen. Su abogado, que en otro recurso tomó un dicho popular para advertir del peligro de que se estuviera «haciendo tiempo hasta que se haga tarde», ha preparado 40 folios en los que incluso se plantea, entre otros aspectos, la existencia de un posible defecto de forma que tumbaría la estrategia jurídica de la Junta y haría más paradójico el desenlace judicial de la historia.

Ayer, Carmen Fernández, que ahora reside en Madrid, recibía otra llamada de su abogado desde Sevilla: «¿Estás preparada para otro chiste? Has vuelto a ganar». Pero Carmen ya no está para chistes, y menos de jueces. El día 2 de agosto le esperan en Oncología para revisar su avanzada dolencia de pulmón, ante la que reconoce estar «asustada», a pesar de todo lo vivido.

Las diez razones de Carmen

12 junio 2000. La sección 6ª de la Audiencia Provincial declara la inexistencia de situación legal de desamparo de Ivan y Sara, deja sin efecto el acogimiento preadoptivo y ordena la devolución inmediata de los dos menores a su madre.

25 abril de 2002. La Audiencia insta al juez de Familia Siete a doptar medidas para asegurar el cumplimiento efectivo y sin dilaciones de la devolución de los niños a su madre.

26 diciembre 2002. La Audiencia reitera sus sentencia de 2000, si bien reconoce que ante la imposibiliad de regreso de los niños con su madre, debe incoarse incidente para determinar una indemnización.

30 diciembre de 2005. La Sección sexta revoca en un auto la resolución del juzgado de familia sobre la cuantía y establece, en concepto de indemnización a cargo de la Junta de Andalucia, 1,4 millones de euros.

19 enero 2006. Auto de la Audiencia que establece el régimen de visitas de Iván y Sara (ésta volvió con su madre voluntariamente) e instaba a la entidad pública de protección a adoptar las prevenciones adecuadas para su cumplimiento.

16 marzo 2006. La Audiencia rectifica sobre la cuantía de la indemnización y la eleva a 1,7 millones de euros.

27 abril de 2007. La Sección Segunda de la Audiencia revoca un auto del juez de Familia siete y le insta a que proceda a la entrega inmediata a Carmen Fernández de la cuantía de la indemnización depositada por la Junta, ya que no es competente para suspender o inejecutar la setencia.

29 junio 2007. De nuevo la Audiencia revoca un auto del juez de familia y le insta a cumplir la resolución sobre régimen de visitas de carmen y su hija Sara con Iván.

A estas resoluciones se unen otros dos autos, uno de los cuales prohibió la declaración de los niños en trelevisión.