«Hay que poner fin a las subastas encubiertas en los pueblos»

El gerente de la patronal sevillana de la construcción (Gaesco), Manuel Sillero, pidió ayer en la presentación del informe de Atisreal sobre el sector en Sevilla que se ponga fin a las «subastas encubiertas de suelo» para VPO que se están llevando a cabo en algunos pueblos de la provincia en en beneficio del empresario y del usuario que paga por las viviendas. Según explicó, la venta de los suelos a las empresas para ese tipo de vivienda social se tiene que hacer mediante la fórmula del concurso, si bien la ley establece una posibilidad de que se valore económicamente la oferta, lo cual se acerca a criterios de subasta. «Pedimos -dice- que se rectifique esa norma para que se eviten que se puedan basar en criterios de subasta y que, hasta que se haga esa modificación normativa, los ayuntamientos eviten en sus pliegos de condiciones que el precio sea uno de los criterios definidores que determinen la adjudicación de los suelos y que hagan lo que está en el espíritu de la ley, que no es más que la primacía de los criterios objetivos, de solvencia, de calidad y de mejora de las prestaciones que van a tener las viviendas y no el precio del suelo». Por otra parte, y como ya viene haciendo la patronal desde hace tiempo, Sillero insistió en que es preciso que se haga una revisión de los precios de VPO, ya que a los empresarios no le salen las cuentas a la hora de materializar los proyectos dado que esas viviendas protegidas no tienen un precio marcado por ley en función de los ingresos de los destinatarios. También dejó claro el gerente de Gaesco que no se han hecho realidad los augurios sobre el debilitamiento de la actividad inmobiliaria y que en 2006 se ha registrado un incremento notable, aunque advirtió que la maraña legislativa que envuelve al sector y la profusión de normas - la última, el Código Técnico de la Edificación, que ha entrado en vigor hace unos días- aumentará el precio de la vivienda. Eso sin contar con la paralización de la actividad por el retraso de los PGOU en adaptarse al POTA. «Toda esta carga -concluyó Manuel Sillero - tendrá sin duda un efecto inflacionista».