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La sentencia del «caso Pallerols» confirma la financiación irregular de Unió

La sentencia judicial revela «aportaciones directas de las empresas subvencionadas» de la trama de UDC, liderado por Duran i Lleida

La sentencia del «caso Pallerols» confirma la financiación irregular de Unió efe

abc.es

La sentencia del caso Pallerols confirma que Unió Democràtica de Catalunya se financió de forma ilegal y revela "aportaciones directas" de la trama al partido de Duran i Lleida.

La sentencia, que se hecho pública este viernes, se conoce pocos días después de que UDC aceptase devolver más de 300.000 euros desviados de subvenciones públicas por la trama del caso Pallerols, en un acuerdo pactado entre acusaciones y defensas, que evitó la celebración del juicio y libró a los condenados de entrar en prisión.

Según se desprende de la sentencia, que condena a Unió al pago de más de 388.000 euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria, "hubo aportaciones directas al partido Unió Democràtica de Catalunya que se materializaron en la compra a cargo de las empresas subvencionadas de mobiliario y material informático o de oficina para las sedes del partido, o el pago por las empresas de las nóminas de trabajadores, militantes de UDC, que, sin embargo, prestaban servicios laborales no para las empresas sino para el propio partido".

También se declara la responsabilidad civil en calidad de partícipe a título lucrativo de UDC de las cantidades de 38.978,23 euros de los pagos por compra de material de oficina e informática para sedes de este partido y de 158.306,59 euros, en concepto de nóminas de trabajadores de Unió que fueron abonadas con cantidades desviadas de las subvenciones de los cursos a parados.

"Todas las cantidades que se desviaban de las subvenciones eran objeto de un detallado y meticuloso control por parte del acusado Fidel Pallerols", prosige la resolución judicial, que también subraya que "en otras ocasiones se dispuso de dinero en efectivo, fundamentalmente, en favor del acusado Vicenç Gavaldá, o se realizaron pagos en base a unas facturas por servicios en realidad inexistentes, como en el caso de Santiago Vallvé, desconociéndose el destino dado a estas últimas cantidades".

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