TRIBUNA ABIERTA
La 'papeleta' del TC con el escaño de Madrid
La irresponsabilidad del PSOE, cuestionando el proceso desde el escrutinio general es tan grande que ¿por qué no dudar el resto de ciudadanos de la custodia de unos votos en manos de Marlaska?

El PSOE decidió poner al Tribunal Constitucional (TC) en una posición inaudita en nuestra historia democrática. Conviene recordar que al frente del TC está Cándido Conde-Pumpido (las togas y el polvo del camino) acompañado, entre otros, del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y ... otro ex alto cargo del gabinete del presidente como es Laura Díaz, ponente en el caso que nos ocupa. Es decir, que la ponente en el recurso del PSOE sobre el escrutinio de los votos nulos en Madrid es quien era hace menos de un año alto cargo del Gobierno del PSOE. Y ya hemos visto que para que el TC acepte la toma en consideración, tras un informe desfavorable del letrado, la ponente encargó un informe favorable a otro letrado de reciente incorporación que trabajaba con ella en el gabinete de Sánchez.
La Junta Electoral de Zona, la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo rechazaron, con contundentes argumentos, el intento del PSOE de cuestionar 30.000 votos nulos a los que los interventores de ningún partido (tampoco los del PSOE) pusieron pegas el 23J. Ahora el TC tiene la oportunidad de demostrar si realmente vela por la jurisprudencia y el orden constitucional.
Estimar la pretensión del PSOE, en contra de los precedentes del propio TC, sentencia del TC 159/2015 de 14 de julio, supone dinamitar todo el proceso de garantías y controles previos del proceso electoral que, en lo referente al escrutinio, ampara el artículo 103 y siguientes de la LOREG. Se estarían cuestionando todos los procesos anteriores y el papel de los jueces que conforman las juntas electorales.
Igualmente, a futuro, se estará obligando a que las juntas electorales revisen todos los nulos, extralimitando por tanto las competencias que por ley tiene atribuidas, y dilatando el escrutinio más allá de los plazos legalmente previstos en la ley. Según el PSOE, no hacerlo vulneraría el derecho de sufragio pasivo. De acordarse, el TC debería extender la revisión total en Madrid al escrutinio general en toda España.
Y en este punto, ¿en qué situación queda el Congreso con un diputado electo, con su credencial y jurado el cargo en sesión constitutiva? ¿Qué alcance tiene la posible nulidad de un acto de proclamación de un diputado electo? Hablamos de negar su condición de diputado desde el momento en el que tomó posesión, habiendo ya participado en toda la actividad parlamentaria como es la propia constitución del Congreso de los Diputados con su voto.
La irresponsabilidad del PSOE, cuestionando el proceso desde el escrutinio general al más puro estilo trumpista, es tan grande que ¿por qué no dudar el resto de ciudadanos de la custodia de unos votos en manos de Marlaska? ¿En manos de los mismos que son capaces de aceptar una amnistía o un referéndum en Cataluña? Si todo vale para Sánchez, tenemos derecho a sospechar que su indecencia no tiene límites. ¿Se va a plegar a ello el TC?
Por eso, en estos momentos, más allá del juego de mayorías, lo relevante ya no es si el escaño lo mantiene el PP o lo recupera el PSOE. Lo preocupante es el posible retorcimiento de la ley para adecuar la situación a las necesidades coyunturales de un partido político y, en su caso, rebajar el coste de una posible investidura de Pedro Sánchez. Está en juego la propia degradación institucional del TC y el Congreso. Es decir, que ese escaño no es trascendente para el resultado general, pero sí lo es para los intereses y especulaciones de pactos del PSOE. Y a esto, obviamente, no se puede prestar el TC.
Gran papeleta, porque el Tribunal Constitucional no estaría resolviendo para clarificar una situación de amparo extensible al conjunto de la ciudadanía, sino para ser parte de la estrategia de un partido político para lograr sus fines.
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