Una dimisión trascendente

Jon Ander Sáchez (IU), delegado municipal de Economía, ha dimitido por culpa del «mobbing» al que asegura le somete el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), al que ha calificado como «el peor cáncer de la historia de la izquierda de Sevilla». La reacción del alcalde por el cese de un miembro importante de su gabinete ha resultado patética. Alfredo Sánchez Monteseirín se ha limitado a decir que el problema lo tiene Izquierda Unida y no el Gobierno local, instando, eso sí, a la coalición comunista a nombrar un sustituto en 24 horas porque con esta crisis, la ciudad, comenta, no puede estar un día sin delegado de Empleo.

El regidor socialista tiene que asumir que ha puesto buen parte de la gestión de la ciudad en manos de un político, Antonio Rodrigo Torrijos, con una extraña personalidad, que está dando demasiadas señales de que actúa arbitrariamente y que está relacionado con demasiadas irregularidades. Jon Ander Sánchez señala que Torrijos actúa «con apego al cargo» y «obsesión enfermiza» por la política. Torrijos está directamente implicado en el escándalo de las subvenciones opacas a camaradas iberoamericanos, en el caso Mercasevilla, en las irregularidades en las contrataciones de las obras del Plan E, en la desaparición de la cubierta de la carpa de la Copa Davis o en el enchufismo de los familiares del ex concejal Lolo Silva. El bagaje del líder comunista en el Ayuntamiento deja, por tanto, mucho que desear y la dimisión de Jon Ander Sánchez es un aldabonazo que desvela que la pésima gestión de aquel provoca también importantes descontentos entre significados dirigentes de IU.

El alcalde debe dejar de tirar la pelota al tejado de IU y asumir sus responsabilidades y obligaciones. Ambas pasan por ponderar la conveniencia de dejar importantes competencias en manos de un personaje con el curriculum de Antonio Rodrigo Torrijos. El regidor hispalense, si tuviese como prioridad el buen gobierno de la ciudad y no las componendas con el socio comunista para mantenerse en el poder, debería replantearse a quien y qué competencias debe distribuir entre los distintos miembros de la coalición de gobierno. El alcalde es la primera autoridad y, máxime en estos tiempos de crisis, debe velar por el interés general y no aceptar acuerdos leoninos que otorgan a determinadas personas unas responsabilidades que no se corresponden con el respaldo real de votos ni, desde luego, con los frutos de su gestión.