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Tribuna Abierta

¿Ahorros en el banco o 70 millones de euros para invertir en Sevilla?

¿Dónde está la confiscación? Es una operación financiera con el Estado regulada con una norma que permite a un ayuntamiento usar su ahorro, algo hasta ahora imposible

Juan Espadas Rocío Ruz

Juan Espadas

¡Nos confiscan los ahorros de los vecinos!» «¡Sánchez y sus socios quieren ejecutar su agenda ideológica llevándose nuestro dinero!» Una vecina me llama y pregunta si ya no se va a hacer su centro cívico porque Sánchez se lleva nuestros ahorros.

Tras meses de negociación, el Gobierno de España plantea por fin empezar a resolver el problema que generó el marco legal que el PP aprobó en 2012 cercenando la autonomía local, para permitir que los ayuntamientos podamos usar los ahorros en reactivar la economía y generar empleo. Por cierto, el mismo PP que ahora se queja de que se haya roto la unidad del municipalismo y a los no se les escuchó crítica alguna, siendo entonces el señor Zoido presidente de la FEMP y alcalde de Sevilla.

No puedo dejar de alzar la voz frente a la enésima burda manipulación política que se está haciendo en este tema, vital para los ayuntamientos, y que el PP, con la inestimable ayuda de VOX, pretende convertir en otro frente contra el Gobierno que está obsesionado en derrocar cueste lo que cueste.

Vamos por partes. Una de las herencias (Rajoy-Montoro) de la anterior crisis fue maniatar a las entidades locales hasta el punto de obligarles por ley a que el destino de cualquier ahorro fuera a amortizar deuda. Esta obligación se ha cumplido a rajatabla por ayuntamientos como el nuestro saneando las cuentas como nunca: 154 millones pagados desde que soy alcalde (un 32% del endeudamiento). Por tanto, ¿no sería lógico cambiar ya esa norma y dejar de una vez que podamos destinar esos ahorros o nuestro superávit a inversiones en nuestra ciudad para paliar los efectos económicos perversos de la pandemia?

Así lo venimos pidiendo los Entes Locales al Gobierno de España desde el inicio del mandato: hay que derogar la ley orgánica del PP que genera el problema o buscar una fórmula para que el Estado asuma el déficit que por ley se nos impide contraer a los ayuntamientos si usamos esos remanentes de tesorería.

Pues bien, el Gobierno central pone encima de la mesa una propuesta que sin ser nuestra aspiración irrenunciable de recuperar la autonomía local, que obligaría a un largo proceso en las Cortes de cambio de la ley orgánica, nos permite resolver la cuestión principal: usar ya nuestros ahorros de forma progresiva sin computar en déficit ni en el techo de gasto para inyectar a la economía local recursos con los que afrontar, por ejemplo, las medidas acordadas por unanimidad en la Comisión de Reactivación del Pleno el mes pasado y que tantos parabienes recibió.

La propuesta ministerial añade además un fondo de 5.000 millones adicionales para los ayuntamientos que se acojan voluntariamente a la fórmula planteada, y otro fondo de 400 millones para compensar las pérdidas que la Covid ha generado en el transporte urbano en nuestras ciudades. En ambos casos es inyección económica directa a los ayuntamientos y no reembolsable, es decir, se suman a nuestros propios ahorros.

La cuestión está en que la única fórmula que ha encontrado el Ministerio de Hacienda para esta operación, con el visto bueno de los servicios jurídicos del Estado, pasa por poner a disposición nuestros remanentes de tesorería si voluntariamente queremos acogernos a estas opciones, que luego se irán devolviendo a cada ayuntamiento durante diez años según lo convenido en la norma y en su totalidad. No hay más. ¿Dónde está la confiscación? Es una operación financiera con el Estado regulada por una norma en la que un ayuntamiento que en la actualidad no puede usar sus ahorros, salvo para cancelar deuda, ahora sí podría empezar a usarlos. Operación en la que no sólo recupera hasta el último euro que pone sino que además le permite entrar en un fondo extraordinario de inversión de 5.000 millones y en otro de transporte de 400 millones de euros.

Para que nos hagamos una idea sencilla. En Sevilla, con la inyección que ofrece el Estado, podríamos empezar a ejecutar las medidas económicas del acuerdo asumido por unanimidad del pleno municipal (¡nuestra agenda urbana!, no la supuesta agenda ideológica de Sánchez) con recursos extra del Gobierno de España (ese que quieren tumbar). Por un lado, en torno a 15 millones aproximadamente, entre 2020 y 2021 y a partir de ahí con una programación de 10 años de inversión usando nuestros propios ahorros (esos que dice el PP que se lleva el Gobierno) y que a falta de certificar por el Ministerio de Hacienda podrían alcanzar los 35 millones. Además, contaríamos con 20 millones adicionales ya para amortiguar las pérdidas de Tussam por la caída de viajeros durante la pandemia.

Puedo entender que a los municipios que no tengan remanentes o ahorros no les parezca suficiente acogerse a las opciones de reestructuración de su deuda o de liquidez que les plantea Hacienda, pero lo que reivindican justamente es entrar en ese reparto extra de 5.000 millones del Estado por sentirse agraviados, una cuestión bien distinta que deberían desligar de la operación de los remanentes a la que ellos no pueden optar. ¿No sería más creíble el PP si distinguiera una situación de otra al hablar del acuerdo de la FEMP? Yo sí apoyaría recursos extra a esos municipios sin remanentes igual que recibieron fondos todas las Comunidades Autónomas por los gastos de la Covid y algunas además querían hacer suyos los remanentes municipales.Me parece un insulto a la inteligencia de los ciudadanos mentir o usar de manera demagógica la posibilidad de que los ayuntamientos contemos con una inyección extraordinaria de recursos, haciendo ruido sólo con el claro afán político de desgastar al Gobierno de España o al PSOE. Estamos acostumbrados, eso sí, pero no resignados y mucho menos dispuestos a seguir callados.

JUAN ESPADAS - ALCALDE DE SEVILLA

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