Ética para la Palmera

Hace un mes la televisión local recogía los argumentos dolientes de vecinos afectados por el derribo de Ntra. Sra. de Aránzazu y la eliminación de su arbolado, el nº 38 del Paseo de la Palmera. A continuación, el reportaje facilitaba la respuesta de la Gerencia: la supresión de la hermosa y profusa vegetación, y de su proporcionada edificación, respondía a una licencia legal ante la que no cabía oposición…, como si en manos de ese órgano municipal no hubiéramos depositado los ciudadanos el poder ejecutivo para dar los pasos que deberían haberla declarado ilegal a tiempo. Recordemos los antecedentes de la normativa del PGOU y sus artículos primando la edificabilidad hasta ocho veces, paralizados finalmente por el Pleno en reconocimiento de un error persistente, evidente, pero que en su suspensión retardada permitió esa última licencia en Palmera 38.

Para entonces, y pese a las acciones de particulares y asociaciones afectados, con el apoyo de la prensa local, se habían consumado los casos Elcano, Tramontana, Palmera 17 y Botella, edificios voluminosos extraños a los colindantes, calificados con acierto como mamotretos o transatlánticos varados, edificios rodeados de fosos profundos desprotegidos de vegetación. Y todo ello sin garantizar la captación de las plusvalías urbanísticas y sin resolver el déficit de dotaciones locales que se producen.

Valga este preámbulo para apoyar las imágenes del proceso de la operación ya parcialmente ejecutada en Palmera 38, convencidos de que una imagen es mejor que mil palabras. Podemos ver el estado de la finca hasta finales de 2021, el solar vacío que pronto será excavado en su totalidad con unos seis metros de profundidad y la representación aproximada volumétrica del proyecto que anticipa el resultado de su construcción. Efectivamente no hacen falta palabras para calificar su impacto.

A la vista de las imágenes que aportamos nos planteamos una serie de preguntas a la GMU: ¿Qué defensa ha aportado el entramado de Comisiones de Seguimiento, Ejecutivas y de Patrimonio existentes para evitarlas? ¿Necesitaban nuestros experimentados técnicos visualizarlas para alertarse y propiciar su anulación? ¿En qué manos hemos depositado la defensa de nuestros valores patrimoniales y paisajísticos? ¿Tenemos que tolerar proyectos que dicen defender entre sus objetivos, rozando la falacia en sus textos, que cuidan el paisaje y la intimidad de las fincas vecinas? ¿Soportar que los informes técnicos municipales argumenten, en su defensa de la legalidad, solo el hecho de que los proyectos mantienen la distancia a medianeras y fachadas sin considerar que ese espacio profundo se colmate con el cemento de sus rampas y contrafuertes imposibilitando su ajardinamiento? ¿No estaban esas parcelas destinadas a lo que se entiende como ciudad jardín, un edificio central rodeado de vegetación?

Nos preguntamos, más allá de considerar y rechazar los efectos especulativos y por tanto anticonstitucionales que la norma ha inducido, ¿qué valores éticos y estéticos aportan estos proyectos? Partimos de la consideración de La Palmera en su estado original, como respuesta a unos valores propios de la ciudad de principios del siglo pasado, muchos de los que hoy siguen siendo válidos e incluso están reforzados en su compromiso con la ciudadanía respecto al medio ambiente, el paisaje urbano y el urbanismo sostenible. Podemos reflexionar sobre la ética abstracta de la norma, la de los departamentos de Urbanismo y de la Consejería de Cultura que la interpretan supuestamente en defensa del interés de la ciudad, los criterios éticos privados, «más excusables» por ello, de los promotores y la de los proyectistas que defienden sus intereses o la de la publicidad que los vende eficaz y dócilmente. Y contrastarlos con los argumentos que ya hace más de tres años defendieron los afectados por las operaciones citadas en Elcano o por los recursos planteados en Palmera 17 ampliados con los contenidos en las más recientes iniciativas en los medios o de distintas y numerosas iniciativas ciudadanas.

Hemos sufrido el empecinamiento de la GMU, impertérrita ante las señales de alarma y denuncias ciudadanas, la dejación de la Delegación de Cultura que podría haber intervenido de oficio o la de la Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía. Todavía estamos a tiempo. La llegada del nuevo alcalde, con competencias acrecentadas respecto a su anterior cargo, debe suponer la reconsideración profunda de estos procesos, con la reestructuración de los servicios municipales, incluyendo la GMU, y debe facilitar la participación de la ciudadanía para corregirlos. La avenida de La Palmera tiene que rehabilitarse manteniendo sus valores, La Palmera 38 no puede construirse con la licencia concedida tan lesiva para la ciudad.