Abengoa

Pero todo el valor simbólico que pueda tener la firma creada por Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalaguano no justifica que se puedan alterar los cauces que la administración tiene establecidos para ayudar a las empresas en crisis. Plantear la necesidad de una inyección de dinero extraordinaria significa nombrar la soga en casa del ahorcado en esta Andalucía que tiene todavía en los tribunales decenas de causas abiertas por reparto discrecional de ayudas, tanto en el caso ERE como en el caso Invercaria. La Junta debe ser particularmente cuidadosa en un momento como el actual, en el que hay miles de empresas cuya superviviencia está en el aire a causa de la crisis económica generada por la pandemia. Ante la insistente petición de los actuales responsables de Abengoa de que se abra una vía de financiación de veinte millones de euros para completar el tercer rescate de la empresa, al Gobierno andaluz le ha tocado ser antipático y remitir a las iniciativas genéricas que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha para el sector. La experiencia demuestra que puentear la legalidad, aunque sea con las mejores intenciones, conduce inevitablemente a un proceso degenerativo en el que se dispara la corrupción. Dicho de otra forma: se empieza ayudando a Santana Motor y se acaba dando 1,5 millones de euros a las empresas fantasmas del chófer de Guerrero.

Abengoa no entró en crisis por culpa de la Junta de Andalucía, sino por una sucesión de errores que le ha llevado a un punto de muy difícil retorno. Desde 2015 ha sido rescatada en dos ocasiones, evitando su cierre definitivo. Pese a que algunos economistas auguran una viabilidad sostenible tras este tercer masaje cardíaco financiero, lo cierto es que nadie puede garantizar que dentro de seis meses no vuelva a repetirse una situación similar a la actual, máxime en esta coyuntura pandémica que ha provocado la más grave recesión mundial de los últimos ochenta años. La salvación de una empresa que mantiene aún 15.000 trabajadores, 1.800 de ellos en Sevilla, merece todos los esfuerzos, pero dentro de los parámetros que aconseja la responsabilidad política y que establece el marco legal.