Una política educativa más constructiva

Este nuevo curso es también el primero de aplicación de la LOMLOE, que es una ley aprobada en el Parlamento por la mínima y huelga decir que no nos gusta. Nuestra red de centros se adaptará sin renunciar en ningún momento ni al desarrollo y promoción de nuestro ideario ni a los cánones de exigencia y calidad que nos demandan nuestras familias y alumnos, todo ello desde la autonomía de cada centro para buscar su propio camino hacia la excelencia. Porque al final se trata de eso: de proporcionar la mejor formación posible para que los alumnos que llegan a nuestras aulas puedan manejarse en el mundo que viene. Y la creatividad y la innovación educativa, que nunca pueden estar reñidas con la exigencia, no son tanto un objetivo en sí mismo como un medio para un fin superior que es la preparación de nuestros niños y jóvenes para el futuro.

Lo que necesitamos es subir el nivel de calidad y apreciar todas las aportaciones que se produzcan en ese objetivo, vengan de donde vengan, superando la vieja y muy mediocre obsesión de instalar el debate en la dicotomía entre lo público y lo privado, como si lo importante fuera quién detenta la titularidad de los centros, y no la calidad y la universalidad del servicio público de la educación, atributos a los que los colegios concertados contribuimos, como mínimo, tanto como los centros de titularidad pública. Sobre la calidad, los resultados académicos y la demanda de las familias es indicador más que suficiente de nuestra contribución. Sobre la universalidad, pocas leyendas negras hacen menos justicia a la realidad que aquella que asocia a nuestros centros a una realidad socio-económica privilegiada, pues no hay diferencias de renta entre las familias de la concertada y la pública y, contrariamente, muchos de nuestros centros representan en numerosos pueblos y barrios de Andalucía, la única posibilidad real para que las familias desfavorecidas puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Sobre la atención a alumnos desfavorecidos o de necesidades específicas, basta ver los datos reales y el trabajo de los equipos de orientación de los colegios concertados.

Paradójicamente, esa contribución igual, si no superior, se soporta sobre una financiación desigual que demuestra hasta qué punto seguimos anclados en España en la vulgar dialéctica público-privado. A este respecto, fue esperanzador escuchar al consejero de Educación y Deporte, durante la presentación del acuerdo sobre refuerzo de los equipos educativos para el presente curso escolar. En su intervención, Javier Imbroda afirmó que su administración no entraría en el debate entre pública y concertada, pues consideraba a ambas como redes complementarias que trabajan por igual por la educación de los niños y jóvenes andaluces. Esta afirmación nos ha llenado de esperanza y satisfacción, pues muy pocas veces se ha oído hablar así a nuestros representantes políticos.

Esperamos ahora que estas declaraciones vengan acompañadas de las medidas prácticas para que las familias de ambas redes sean iguales en derechos. Porque la realidad hoy es que siguen existiendo flagrantes diferencias en cuestiones como la equiparación de las condiciones de los equipos directivos, la dotación de personal y recursos con relación a las unidades en funcionamiento o las ayudas a comedor y transporte de las familias de la concertada. Confiamos que este próximo curso venga acompañado del concierto de plazas de Bachillerato, así como de unidades de infantil en centros con líneas quebradas, avances sin los cuales proseguirá la desigualdad.

Ha dicho la nueva ministra, Pilar Alegría, que a la política educativa le sobran decibelios. Estamos de acuerdo. Y pensamos que es posible otra forma de hacer política educativa, más constructiva y menos conflictiva. Una política basada en el entendimiento y no en la confrontación; en el diálogo y la negociación y no en la imposición; en el reconocimiento de la complementariedad de las redes públicas y privadas frente a la presunción falaz de que solo la titularidad pública garantiza el servicio público; y sobre todo en la voluntad de sumar desde la pluralidad y la aceptación de la realidad, en contra del dogmatismo ideológico y la voluntad de edificar sobre tierra quemada.

RAFAEL GARCÍA P ORRAS ES SECRETARIO GENERAL DE ESCUELAS CATÓLICAS DE ANDALUCÍA