Asuntos Jurídicos
¿Qué pasa en la hermandad del Valle?
La Archidiócesis ha intervenido las cuentas por un supuesto desvío presupuestario y la junta de gobierno pide amparo al arzobispo por la actuación del delegado episcopal
El hermano mayor recuerda que el delegado que ahora interviene las cuentas era el director espiritual cuando el desfalco del exmayordomo
Hace ahora seis años salió a la luz un desfalco en la tesorería de la hermandad del Valle por el que acabó condenado un exmayordomo y propició un vuelco en las elecciones en las que resultaron elegidos hermanos que habían denunciado la apropiación indebida y la falta de diligencia de la anterior junta de gobierno a la hora de descubrir el agujero en las cuentas. Desde entonces, se ha producido una división interna insalvable que ha trascendido hasta el Arzobispado que, la semana pasada, emitió un decreto por el que intervenía las cuentas de la hermandad por un desvío presupuestario supuestamente injustificado después de que éstas hayan pasado una auditoría externa y se hayan hecho públicas a través de la página web de la corporación. La respuesta de la junta de gobierno fue contundente, recurriendo un decreto que considera nulo de pleno derecho y pidiendo amparo ante el arzobispo de Sevilla por la actuación del delegado diocesano de Asuntos Jurídicos para las Cofradías, Miguel Vázquez Lombo.
El origen
Para entender todo lo que está ocurriendo en el Valle hay que regresar a 2016 , cuando se conoció que el exmayordomo , ahora condenado a dos años de cárcel, se habría llevado supuestamente una cantidad superior a los 200.000 euros, que finalmente quedó acreditada en 134.00. En aquellos momentos, el hermano mayor era Lucas Maireles, que además trabajaba en la sucursal bancaria donde la hermandad tenía las cuentas corrientes. De esta forma, un grupo de hermanos externos a la junta de gobierno y que habían denunciado el desfalco por la vía penal, se movilizó para que la hermandad se personara en la causa, como así fue, en contra del criterio del hermano mayor y del por entonces director espiritual de la misma, que es el propio Miguel Vázquez Lombo.
Aquella situación dañó el mandato de Maireles hasta el punto de que, en la sentencia fechada en abril de 2021 , se condenaba al exmayordomo a dos años de cárcel y al reintegro a la hermandad de 134.000 euros , además de señalar en los hechos probados que, en el momento del fraude entre 2011 y 2015, «el control de la cuenta bancaria que gestionaba el acusado fue casi inexistente por parte del resto de la junta de gobierno de la hermandad», cuyos miembros «confiaban plenamente en la gestión» del acusado.
Dos años después de haber salido a la luz la actuación delictiva del exmayordomo, en 2018, la hermandad celebró elecciones en las que resultó vencedora la candidatura formada por los hermanos que denunciaban la situación y la falta de transparencia producida en el anterior mandato. «Desde entonces -explica el actual hermano mayor, Gonzalo Pérez de Ayala-, el máximo responsable saliente mantiene una actitud beligerante con la junta con continuos escritos a la autoridad eclesiástica». Recientemente, Asuntos Jurídicos ha obligado a la junta de gobierno a repetir un cabildo por la compra de la nueva casa hermandad después de un recurso presentado por el propio Maireles que, el pasado mes de febrero, denunció ante Palacio una supuesta desviación de 1.900 euros del presupuesto aprobado por el cabildo general de hermanos en 2021.
El decreto de intervención
El delegado Vázquez Lombo concedió entonces a la junta de gobierno un plazo de cinco días para responder al requerimiento efectuado por el Arzobispado para dar explicaciones por el asunto planteado por Maireles y, aludiendo a que «no es la primera vez» que ocurría y a una falta de respuesta por parte de la junta, emitió un decreto interviniendo la tesorería. Así, obligaba a la corporación a rendir cuentas mensualmente ante el ecónomo y, también, a solicitar permiso para realizar cualquier modificación en el presupuesto.
El decreto se filtró a la prensa el domingo antes de que le llegase a la hermandad, lo que motivó que el actual hermano mayor presentase el pasado lunes un escrito a la Archidiócesis cuestionando sobre a quién se le había remitido el mismo, al considerarlo una descortesía. Y, por otro lado, respondió con un comunicado muy crítico con el delegado de Asuntos Jurídicos al considerar que la misma persona que ahora interviene las cuentas era el director espiritual en aquellos años tan delicados y que, además, como recuerda el actual hermano mayor, era partidario de resolver el asunto del desfalco de forma interna.
Por otro lado, argumenta Pérez de Ayala que el supuesto desvío presupuestario al que alude Maireles son 1.900 euros de desahorro provocado por la subida del precio de la luz y del salario mínimo interprofesional de los empleados, imprevistos en 2021, un año de pandemia en el que no hubo Semana Santa y en el que, «lógicamente, había cuestiones que podían variar». El hermano mayor explica además que, en un presupuesto de 200.000 euros, esos 1.900 equivalen a menos del 1%, por lo que «ni hay desviación ni hay nada» . Además, defiende que las cuentas «están saneadas y auditadas externamente».
Al respecto de la falta de respuesta de la junta de gobierno al requerimiento de la autoridad eclesiástica, explica que, en aquel momento, se encontraba enfermo en casa y que pidió por correo electrónico que se dilatase el plazo de respuesta. «Sin embargo, no hubo contestación hasta la emisión del decreto que vimos en prensa», señala.
La situación actual
La hermandad ha pedido una audiencia con el arzobispo para solicitarle el amparo y explicarle la actuación que, a su juicio, no es correcta por parte del delegado diocesano, al que considera «juez y parte» en el asunto. No obstante, el hermano mayor actual afirma que en los últimos días ha trasladado al Arzobispado su disponibilidad para la revisión mensual de las cuentas y de las posibles variaciones presupuestarias a lo que ha respondido Vázquez Lombo asegurando que no habrá intervención por parte de Palacio de la administración ordinaria de la tesorería, salvo por los gastos extraordinarios que puedan sucederse.
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