El Defensor del Pueblo Andaluz abre una queja de oficio por la cementera de Alcalá de Guadaíra

El Defensor del Pueblo ha recibido recientemente hasta ocho quejas de residentes de esta barriada alcalareña en las exponen «el hartazgo» de los vecinos por las emisiones de partículas de cemento o «clínker» durante años de la fábrica de cementos, por su incidencia ambiental y en su salud, «atribuyendo a esta situación el hecho de contar con 15 vecinos enfermos de cáncer en la barriada, compuesta por solo 70 viviendas». Este problema que sufren los vecinos cercanos a la cementera viene de hace varios años y en el trasfondo se encuentra la emisión de «clínker» , que han relacionado con esta enfermedad.

«Llevamos años sufriendo las emisiones , que ocasionan suciedad y desperfectos en nuestras propiedades y afectan muy negativamente a nuestra salud », indican los vecinos en uno de sus escritos a la Defensoría, lamentando la «inacción» de la dirección de la fábrica, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y de la Junta de Andalucía. Es más, incluso alertan de que las partículas de cemento caen «en el patio de recreo de un colegio, con el correspondiente peligro para la infancia». Además, denuncian «la ausencia de un medidor de emisiones industriales en el barrio, pese a que ha sido solicitado reiteradamente».

Maeztu detalla que ya preguntó por el «posible incumplimiento» del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en relación con la «obligación» de facilitar documentación medioambiental de la actividad de la referida cementera. La petición venía motivada por la tramitación de la modificación de la Autorización Ambiental Integrada concedida a la planta cementera para «poder realizar también la actividad de incineración de residuos no peligrosos ».

Además, se le pidió al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra la instalación de una unidad móvil para controlar la calidad del aire en esta barriada ante «el temor del riesgo sobre la salud de la actividad de la planta cementera por las emisiones contaminantes», citándose entonces la avería producida en uno de los filtros de la planta.

Fue en octubre del pasado año cuando el Ayuntamiento trasladaba a la Junta la preocupación «que existe en la localidad» sobre esta cuestión y le trasladaba la existencia de 9.000 firmas ciudadanas recogida por la Plataforma Contra la Incineración que piden que se paralice el proyecto de valorización de recursos que tiene la empresa. A raíz de ello se mantuvieron varias reuniones entre las instituciones locales y autonómicas para abordar este problema y «buscar la mejor solución» para los intereses del conjunto de los vecinos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Alcalá explicaba entonces que estaba obligado a contar con el informe de la Junta de Andalucía que es la administración competente en el control de calidad del aire y la que tiene la capacidad de realizar los estudios técnicos para conocer las repercusiones en el medio ambiente del proyecto de valorización y adoptar una decisión coherente con todos los datos, así como la instalación de nuevas estaciones de medición de la calidad del aire en distintos puntos, «especialmente en las zonas industriales, cuyos datos estén a disposición de los ciudadanos».

Un mes después, el delegado municipal de Urbanismo, Jesús Mora y el delegado de Transición Ecológica, Pablo Chain, mantenían una reunión con la directora general de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible, María López Sanchís, en la que abordaron «soluciones técnicas» que garantizaran la calidad del aire en Alcalá.

Ahora, en todos los expedientes de queja que ha recibido el Defensor del Pueblo subyace «la oposición a la autorización de esa nueva actividad de incineración de residuos, teniendo en cuenta la incidencia ambiental de incineración que ya la fabricación de cemento tenía sobre la población local».

Además, estas quejas apuntaban además el tránsito de vehículos por la A-92 y la cercanía de empresas implantadas en polígonos industriales del entorno, tanto hacia el interior de Alcalá de Guadaíra como en el límite de esta localidad con la ciudad de Sevilla, lo que incrementaría la emisión de partículas.

Por todo ello, Maeztu ha decidido incoar el expediente de queja para buscar una solución a un problema medioambiental en el que se debe buscar el equilibrio entre la salud de los vecinos y la actividad comercial de una empresa en la que trabajan unas 200 personas.

Portland Valderrivas , la mayor compañía cementera de España, controlada por el empresario mexicano Carlos Slim, el principal accionista de FCC, tiene una sola factoría en Andalucía, la de Alcalá de Guadaíra, que a su vez es la única empresa de este sector en la provincia de Sevilla. Su consejero delegado, Pedro Carranza, aseguraba hace unos meses que «el futuro de la planta de Alcalá está asegurado, porque es una industria eficiente , de bajo coste y muy bien ubicada, en un entorno económico muy atractivo, Andalucía, donde la construcción crece por encima del promedio nacional».

«La planta de Alcalá está para quedarse» y solo una «distorsión de los mercados internacionales», podría comprometer su futuro, señalaba. Y es que la multinacional cifraba en más de 26 millones de euros su aportación durante el año 2018 a la economía local del entorno de Alcalá de Guadaíra. Esta cifra es la suma de la contratación de servicios, pago de impuestos y salarios, entre otros conceptos, que genera la referida fábrica, que emplea a unos 200 trabajadores de manera directa, según detallaba la empresa.

La compañía defendía además que ofrece un producto que «cumple los más altos estándares de calidad y durabilidad» y que se obtiene empleando «las mejores técnicas disponibles dentro del sector».

Así, la empresa, que opera en la citada localidad sevillana desde hace cinco décadas, realiza una «inversión constante» en la modernización de sus instalaciones productivas, con el objetivo de «incrementar su productividad y cumplir con las exigencias medioambientales que marca la legislación».