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El interventor y el arquitecto aseguran que hubo «irregularidades» en las obras de una nave por las que se juzga al alcalde de Bormujos

Ambos han declarado este martes en el Juzgado de lo Penal número ocho de Sevilla; el interventor, que ya no está en el Ayuntamiento, ha insistido en que existieron «omisiones esenciales» del procedimiento legalmente establecido

El alcalde y candidato del PSOE en Bormujos se sienta ante el juez por un delito de prevaricación en plena precampaña electoral

Los cuatro acusados durante el primer día de juicio en un juzgado de lo Penal de Sevilla Rocío ruz
Jesús Díaz

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El juicio por prevaricación contra el alcalde de Bormujos y candidato del PSOE a la reelección, Francisco Molina, y la concejal de Obras y la número cuatro de la lista socialista, María del Carmen Garfia, ha continuado este martes y lo ha hecho con las testificales claves del que fuera interventor municipal y del arquitecto del Ayuntamiento desde hace 25 años. Ambos han coincidido en señalar que en el procedimiento de redacción y ejecución del proyecto de las obras en la nave municipal que desencadenaron este proceso penal hubo «irregularidades».

Junto al alcalde, que se enfrenta a doce años de inhabilitación, se sientan , el encargado de Obras del Ayuntamiento y un arquitecto externo. Los hechos se remontan a los dos últimos meses de 2016. El Ayuntamiento presupuestó una actuación en el patio de una de sus naves para acondicionar el terreno y el cerramiento con un vallado. Según declaró Garfia, tapiar un patio para evitar que siguiera siendo un «estercolero».

Contaba con una partida de más de cien mil euros, lo que impedía por su cuantía efectuar su tramitación por como contratos menores (No pueden meter obras de cuantía superior a 40.000 euros según la Ley de Contratos del Sector Público. Ese límite era de 50.000 euros en 2016). Pero Garfia, con conocimiento del alcalde, y el encargado de Obras municipal, decidieron por el faseado del proyecto y el fraccionamiento del contrato en cinco fases, según la Fiscalía, de la que tres se llevaron por contratos menores y dos por los servicios de administración.

Según dijeron Molina, Garfia y el técnico municipal al juez, esto fue una decisión del interventor municipal. Hoy ha declarado el que fuera interventor municipal, quien ha asegurado que él nunca decidió nada sino que asesoró a éstos de cómo podían hacerlo, aunque ha insistido que una actuación se puede fasear en proyectos independientes siempre y cuando existe un proyecto general o matriz, que no fue este caso, donde existieron «omisiones esenciales» del procedimiento administrativo.

El nivel técnico y el nivel político

El interventor, como dijera el alcalde, ha indicado que todo el proyecto a nivel técnico lo llevó Manuel F. V., el encargado de obras, a pesar de no tener competencias para informar o supervisar proyectos, capacidades de la Oficina Técnica, y a nivel político, la concejal Garfia.

El interventor, cuando conoció este proyecto a finales de noviembre y principios de diciembre, les dijo a Garfia y Manuel F. V. que era imposible la realización del mismo del 31 de diciembre, aconsejándole que adjudicaran la redacción de proyecto y se hiciera en 2017. Se hizo antes del 31 de diciembre sin que el arquitecto y el interventor supieran nada, como han admitido ambos hoy. Se saltaron a la Oficina Técnica.

«Sí o sí»

El interventor ha recordado que la intención de Garfia y el encargado de Obras era hacer el proyecto «sí o sí». antes del 31 de diciembre. En la primera adjudicación de la redacción del proyecto, se descubre que el arquitecto adjudicatario, el cuarto acusado, tenía «una relación profesional» con Manuel F.V. Ellos explicaron que abrieron una web para enseñar sus trabajos y proyectos universitarios. El interventor señaló que había «incompatibilidad clara» para que fuera el adjudicatario y se paralizó esta adjudicación. La web se cerró cuando saltó este caso.

Le dijo que sí al segundo adjudicatario «con condiciones», que Manuel F.V. le diera documentación sobre el proyecto, que le llevó a cuentagotas, pero nunca le trajo el informe de la Oficina Técnica sobre el mismo. Los acusados explicaron que la redacción del proyecto se externalizó porque el arquitecto municipal le contestó que está sobrepasado de trabajo, hoy éste lo ha negado.

La empresa ganadora fue Línea QR, que había participado en la primera tanda y quedó en tercer lugar. Presentó una nueva oferta «con una rebaja de dos mil euros». Se le comunicó que era la adjudicataria en un correo electrónico el 7 de diciembre a las 14,56 horas, horas después de que el propio empresario ganador hubiera presentado en el Ayuntamiento su proyecto, que era el proyecto presentado por el arquitecto acusado.

Para la Fiscalía, la adjudicación y ejecución de la obra se efectuó sin que hubiera informe previo del secretario ni del arquitecto municipal, lo que hoy ha quedado corroborado. El interventor ha indicado hoy que fue en enero cuando pidió un requerimiento a la Oficina Técnica. Esto le trajo un «desagradable incidente» con el alcalde, que le reprochó que hubiese pedido dicho requerimiento sin haberle consultado.

Dos meses después emitió un informe negativo por no estar justificados los procedimientos de adjudicación por los que se habían optado. Según los acusados, nadie les advirtió ni puso reparos a estos proyectos hasta meses después. Pero el interventor ha dicho que en el Ayuntamiento era sabido que Manuel F.V. estaba asumiendo funciones que no lo correspondían. Se extralimitó.

Es materialmente «imposible» adjudicar dos veces el proyecto y ejecutar la obra en quince días. «El proyecto se adjudica el día 15 de diciembre y un día después está aprobado el proyecto ya redactado. El proyecto estaba hecho» ha testificado el interventor, que ha insistido en que hubo irregularidades por problemas «urbanístico, de fraccionamiento y de precios». Si se hubiese supervisado por la Oficina Técnica, se hubiese solventado esos problemas. «No se siguió el procedimiento establecido pese a mis advertencias», pero lo que desencadena «el desastre» es que la obra empieza cuando no tenía que empezar.

El arquitecto municipal, en febrero, emitió su propio informe, también negativo, por no cumplirse la normativa urbanística en este proyecto, haciendo referencia a aspectos técnicos, tales como las características del vallado. En este procedimiento, además, existe un informe del secretario municipal porque el proceso seguido no se ajustaba lo establecido por la normativa. El juicio terminará después de las elecciones.

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