Procesan por prevaricación a dos exalcaldes del PSOE de Huévar del Aljarafe por la compra de votos

En las elecciones locales de 2019 la candidata del PP María Eugenia Moreno rompía con 36 años de hegemonía socialista en Huévar y alcanzaba la Alcaldía. En el despacho de su antecesora, la socialista Áurea Borrego, había una montaña de papeles y una máquina trituradora, que se había quemado por su utilización indiscriminada. Entre los papeles estaba el manuscrito 'Plan 1.000', del ex primer teniente alcalde socialista Francisco Martín González Bejarano, también acusado en este asunto pero que el juez ha acordado no procesar.

El 'Plan 1.000' detallaba el 'modus operandi' de los socialistas para comprar votos a través de un sistema clientelar que controlaba a cada vecino calle a calle, puerta a puerta, con indicaciones de su ideología y sus necesidades laborales. Se recogían hasta los apodos de los vecinos.

En octubre de 2019 este periódico destapaba esta presunta compra de votos en Huévar y la alcaldesa del PP ponía los papeles a disposición de la Fiscalía. Se abría entonces en los Juzgado de Sanlúcar la Mayor una causa por prevaricación, fraude electoral y malversación, aunque la Audiencia de Sevilla circunscribió los hechos en un posible delito de prevaricación administrativa.

El propio exconcejal González Bejarano reconoció ante el juez instructor que hizo un listado de vecinos para reclamarles su voto a cambio de los favores que el Ayuntamiento les había prestado dándoles trabajo. Aunque González aseguró que el plan no se ejecutó.

Esta causa ha registrado varios frenazos motivados por las decisiones del juez instructor, que por dos veces archivó la causa, pero por dos veces la Audiencia de Sevilla enmendó sus decisiones para que tomara declaración a los dos exalcaldes socialistas como investigados y para que solicitase toda la documentación municipal sobre los contratos realizados entre 2014 y 2019, con Moreno y Borrego como alcaldes del municipio. El primero estuvo 18 años en el despacho de Alcaldía y la segunda, su sucesora, hasta 2019.

De los más de mil expedientes de los contratos bajo sospechas pedidos por la Guardia Civil al Ayuntamiento para su análisis, faltaban más de la mitad, exactamente 690. No se encontraban.

El pasado 30 de marzo, la Audiencia de Sevilla, estimando el recurso del Ayuntamiento de Huévar, ordenaba, otra vez, reabrir la causa y continuar la misma contra Moreno y Borrego. En dicho, al que tuvo acceso ABC, se señalaba que de los distintos contratos suscritos por estos exalcaldes con 21 vecinos, de las declaraciones prestadas por algunos de estos vecinos ante la Guardia Civil y fundamentalmente del informe emitido por la secretaria interventora del Ayuntamiento, «no se puede descartar la existencia de delito en la conducta de los citados investigados».

Los magistrados añadían que «las referidas contrataciones se llevaron a efecto de forma absolutamente irregular, sin tramitar expediente alguno, incumpliendo los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad».

Según la secretaria interventora del Ayuntamiento, no existía una bolsa de empleo municipal, no se hacía una valoración de méritos de los candidatos, no se daba publicidad de las ofertas de empleo y que ni siquiera se incoaban expedientes. «No parece que pueda descartarse que las resoluciones administrativas dictadas por los alcaldes investigados acordando las referidas contrataciones pudieran ser manifiestamente ilegales», según la Audiencia.

Pues bien, atendiendo a la decisión de la Audiencia, el juez instructor, en dos autos fechados el 11 de abril y a los que ha tenido acceso ABC, reabre la causa, en el primero, y acuerda incoar el procedimiento abreviado, en el segundo, de apenas tres páginas.

En este escueto auto expone que de lo actuado hasta ahora «resultan indicios» de que Rafael Moreno y Áurea Borrego, en su condición de alcalde de Huévar entre los años 2014 y 2019 «han estado llevando a efecto una serie de contrataciones de forma absolutamente irregular, sin tramitar expediente alguno, incumpliendo los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad».

Como el propio juez admite, estos hechos, «sucintamente narrados», pueden ser calificados como constitutivos de un delito de prevaricación administrativa. Por último, abría un plazo para que las partes personadas en la causa soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la misma.