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Sanlúcar la Mayor

Primer paso para retirar a Eustaquio Castaño de la alcaldía por la sentencia del palio de la Virgen

La formación de izquierdas Adelante propone un un «gobierno de concentración contra la corrupción», mientras que los socios de gobierno del GIS (PP y Sanlúcar Activa) comunicarán si siguen con el apoyo

El alcalde inhabilitado, Eustaquio Castaño (GIS), en la entrada a un acto ABC

Alberto Otero

Adelante-Sanlúcar Avanza propondrá formar un «gobierno de concentración contra la corrupción» tras conocer el fallo judicial adelantado por ABC en el que la Audiencia ratifica la inhabilitación del alcalde Eustaquio Castaño y el primer teniente de alcalde Manuel Colorado por otorgar una licencia ilegal que modificaba dos metros la altura de una casa de hermandad. El fallo afecta a seis exediles más que gobernaron junto a Castaño bajo las siglas del PP entre 1993 y 2003.

La confluencia de izquierdas subraya la «necesidad» de retirar del gobierno al Grupo Independiente Sanluqueño (GIS), para lo que necesitarían el apoyo del PSOE y otros dos ediles . La mayoría absoluta del pleno se sitúa en los nueve concejales y su configuración actual otorga seis representantes al GIS, uno al PP y otro a Sanlúcar Activa (socios de gobierno), cinco a PSOE, dos a Adelante y otros dos para a Vox.

Los representantes del equipo de gobierno han preferido no hacer declaraciones de momento y han trasladado a este periódico que estudian las posibilidades existentes antes de tomar una decisión . El primer teniente de alcalde, Manuel Colorado, afirma que aún no se les ha notificado el fallo, que han conocido por la prensa. El PSOE, encabezado por el exalcalde Raúl Castilla, reúne a su grupo municipal este miércoles para analizar la situación.

El portavoz de Adelante-Sanlúcar Avanza, Vicente Terenti, ha declarado que trasladarán al resto de grupos «la necesidad de un gobierno de concentración de las fuerzas democráticas contra la corrupción». Para Terenti el alcalde «representa la política de personajes como Jesús Gil» y en referencia a los hechos juzgados del año 2002, señala que Castaño «tuvo alternativas legales para ayudar a la hermandad a solucionar su problema, pero esta se habría demorado unos meses y prefirió actuar situándose por encima de la Ley priorizando sus intereses electoralistas».

Terenti hace un paralelismo y compara la situación «con la detención de Al Capone». «Castaño es inhabilitado por una cuestión que podríamos considerar menor pero Sanlúcar conoce que es protagonista de otros asuntos turbios que no han llegado a sustanciarse judicialmente».

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