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TOMARES

La constante búsqueda de soluciones del Ayuntamiento en el caso «Sport Aljarafe»

El Consistorio reitera su voluntad de ayudar a los vecinos y niega problemas de seguridad

Una de las viviendas afectadas de la urbanización RAÚL DOBLADO

N.Ortiz

«Siempre hemos tenido la voluntad de ayudar a los vecinos». Así de contundente se expresa Dolores Vallejo, delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Tomares, respecto a la situación de las once familias desalojadas de Sport Aljarafe como consecuencia de las graves deficiencias arquitectónicas de sus viviendas.

Dicha urbanización, tal y como explica la delegada, «ha tenido dificultades prácticamente desde su construcción», en el año 1987. No obstante, no fue hasta 2014 cuando, a instancias de una petición vecinal, se hizo un primer informe geotécnico sobre los previsibles causante de los problemas : los corrimientos de tierra de la ladera que colinda con la zona. Ya en abril de 2016, tras otro informe encargado por los propios vecinos, se alertó de que el estado de varias casas es muy grave, algo que confirmaron los servicios técnicos del Ayuntamiento, que instaron a que se desalojen las seis primeras viviendas.

«A estas seis familias se les da una primera ayuda inicial procedente de los servicios sociales y una cantidad mensual que se prolongó hasta final de año», detalla Vallejo. Pocos meses después, en noviembre, se desalojan otras cinco familias que también reciben la primera ayuda de emergencia por «ruina inminente» de sus casas pero que no optan a la ayuda mensual, ya que los habilitados nacionales no contemplan un marco legal que las habilite.

«Hemos intentado, por todos los medios, posibilitar dichas ayudas económicas, incluso subiendo los umbrales socioeconómicos hasta donde se nos permitía , pero los vecinos y la oposición rechazaron que las ayudas diesen cobertura a seis de las once familias», afirma la delegada, ante las informaciones que dicen que el Ayuntamiento se ha despreocupado del problema.

Esta tesis la reafirma un informe del interventor municipal al que ha tenido acceso ABC de Sevilla, que concluye que «las prestaciones económicas (…) no deben otorgarse mediante la figura de la subvención (…) fundamentalmente porque se trata de ayudas que se otorgan para fines asistenciales, o en último caso para compensar a particulares por ciertos daños no indemnizables por el Estado al no derivar del funcionamiento de los servicios públicos».

No obstante, desde el Consistorio aseguran «seguir buscando el encaje legal para ayudar económicamente a los vecinos» . Incluso han recurrido a asesores externos y han realizado una solicitud al Consejo Consultivo a la que se encuentran esperando respuesta.

«El principal problema es que todas las ayudas estatales y regionales referidas a emergencias y protección civil van vinculadas a la situación socieconómica de las familias, y la mayor parte de las once afectadas no se ajustan a los parámetros », detalla la delegada de Urbanismo, que afirma que «entiende la situación horrible» que dichas familias están sufriendo, pero que no comprende «por qué los vecinos se ponen en pie de guerra contra la única administración, el Ayuntamiento, que los está intentando ayudar».

«Se les llegó a ofrecer la posibilidad de una expropiación voluntaria en la que se hacía una valoración máxima de las viviendas y que daría entre 70.000 y 110.000 euros a cada familia, pero la rechazaron», aclara Vallejo, que recuerda que, «una vez que se arregle la ladera, cada vecino tiene la obligación de rehabilitar la vivienda», toda vez que algunas están en un estado tan grave que habría que tirar la edificación.

Estudios geofísicos

Respecto a la parte técnica del problema, tras un estudio geofísico realizado en 2016 que aseguraba que arreglar los problemas de la ladera tendría un coste aproximado de 5,6 millones de euros , se han hecho una serie de informes posteriores que están siendo estudiados por el Instituto Geológico y Minero de España.

«Queremos saber cuál es la situación exacta del escarpe y qué se puede hacer para estabilizarla, pero esto lleva su tiempo », explica la delegada, que insiste en que «los tiempos geológicos no coinciden con los de una persona de a pie», y que «no ha habido tiempos muertos en el proceso». «Estamos haciendo todo lo posible por solucionarlo y estamos dispuestos a financiar una parte de las actuaciones con la colaboración de otras Administraciones», insiste.

Por otra parte, en referencia a los problemas de seguridad por los que los vecinos han protestado en las últimas semanas, tanto Dolores Vallejo como el jefe de la Policía Local, Emilio Gallego, aseguran que «Sport Aljarafe es la zona más vigilada del municipio» , ya que se cumplen las instrucciones que el alcalde José Luis Sanz especificó en el Plan de Emergencia Municipal activado en marzo de 2017.

«Fueron los propios efectivos de la Policía los que interceptaron a okupas hace unos días», explican, y adelantan que ya están estudiando cómo incrementar aún más la seguridad .

Y, en cuanto a los problemas de suciedad y abandono , la delegada explica que, si bien es cierto que no se efectúa la limpieza con la asiduidad que se hace en otras zonas del municipio, ya que hay que hacer batidas especiales por tratarse de una zona de alto riesgo con pasillos y paredes apuntaladas, «sí se desbrozan los patios y se hace mantenimiento general». «No puedo poner en peligro a los equipos de limpieza con tanta frecuencia», detalla la delegada.

No obstante, los vecinos afectados aseguran que las casas desalojadas sufren «abandono y actos vandálicos», y piden «más vigilancia» y limpieza para evitar incendios y robos. Además, recuerdan que siguen «sin ayuda para alquileres o realojos». Por todo ello, han convocado una manifestación el próximo sábado 6 de octubre ante las puertas del Ayuntamiento de Tomares.

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