ALMENSILLA
El juez decidirá si el Dioni de Almensilla sale de prisión en agosto
La Fiscalía pide que se prorrogue la prisión provisional para este acusado por riesgo «más que evidente» de fuga
La Fiscalía de Sevilla ha pedido al Juzgado de Instrucción 1 de Coria del Río que se prorrogue otros dos años la prisión provisional comunicada y sin fianza de Julio Mateos Palacios, más conocido como el Dioni de Almensilla, cuando el próximo mes de agosto se cumplan dos años de su ingreso en la cárcel acusado de un delito de apropiación indebida de 3,7 millones de euros de la Junta de Compensación del Sector F de Almensilla. El próximo 18 de junio se celebrará un juicio en ese juzgado para decidir si se prorroga la prisión de Julio Mateos por riesgo de fuga«más que evidente».
En agosto de 2016, Julio Mateos Palacios, sobre el que pesaba una orden de busca y captura internacional por apropiarse de 3,9 millones de una junta de compensación para urbanizar unos terrenos en el Aljarafe, fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid (antiguo Barajas) y puesto a disposición del juzgado de Instrucción 1 Coria del Río (Sevilla), que investiga ese desfalco.
El Juzgado de Instrucción acordó prisión provisional comunicada para Julio Mateos y le impuso una fianza de 4.8 millones de euros, por los presuntos delitos de apropiación indebida agravada, falsedad documental y delito societario en su actuación como tesorero de la junta de compensación.
En abril de 2018, la defensa de Julio Mateos Palacios reclamó su puesta en libertad al cumplirse en agosto dos años de la orden de ingreso en prisión. Esa petición se produjo después de que la juez instructora rechazara en 2016 y 2017 la puesta en libertad del Dioni de Almensilla. La Audiencia confirmó en febrero de 2018 como «adecuada y proporcionada» la prisión provisional para el imputado .
Ahora es la Fiscalía la que ha pedido al juzgado que por riesgo de fuga del Dioni de Almensilla «se acuerde la prórroga de la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza como máximo de dos años». El Ministerio Fiscal recuerda que Julio Mateos reconoció en un correo electrónico que envió a presidente y al secretario de la junta de compensación «haber cogido dinero de la misma en mayo de 2015 y haber desaparecido del territorio español, encontrándose en paradero desconocido hasta que en agosto de 2016 fue deportado de República Dominicana y detenido en España».
En paredadero desconocido
La Fiscalía entiende que es necesario prorrogar la prisión por la gravedad de los delitos y porque «ya estuvo en paradero desconocido más de un año», y hasta la fecha «se desconoce el destino dado por el mismo al dinero presuntamente apropiado, sin que el investigado haya esclarecido dicho dato ni consignado cantidad alguna o señalado bienes suficientes como para cubrir la eventual responsabilidad civil que podría imponérsele en caso de ser condenado»
«Han pasando casi dos años desde ese momento -apunta la Fiscalía- y de las diligencias de prueba hasta ahora practicadas, se mantienen y refuerzan los indicios contra el investigado». En este sentido, apunta la Fiscalía que Julio Mateos «entre los años 2009 y hasta finales del mes de mayo de 2015, individualmente, y a través de su empresa Asema, cobró más de un millón de euros de la junta de compensación sin que dichas cantidades estén justificadas ni respondan a una verdadera prestación de servicios a la misma».
Añade la Fiscalía que «tras los dos últimos atestados remitidos por la Udef constan también indicios contundentes que demuestran que otros cheques librados con cargo a la cuenta bancaria de la junta de compensación, y de los que hasta este momento se desconocía su destino, habrían sido ingresados en las cuentas de Asema, entre ellos un cheque de 350.000 euros, lo que agravaría el delito de apropiación indebida que se le imputa». Para el Ministerio Fiscal, los hechos estarían castigados con penas que irían de tres años y medio a seis años de prisión y multa de nueve a doce meses.
A lo largo de la instrucción, han florecido indicios contra otros miembros de la junta de delegados de la junta de compensación por delito de apropiación indebida, como es el caso del que fue presidente de la misma entre los años 2008 y 2012, Ismael Perea, que se habría apropiado de unos 300.000 euros, según la Fiscalía. Igualmente, esos delegados de la junta de cmpensación habrían cometido un presunto delito de administración desleal por la ausencia de control de las cuestiones económicas.
Imputados
Hasta la fecha hay imputados en la causa más de 15 personas, entre ellas tres trabajadores de la gestoría de Julio Palacios, la junta de compensación, Ismael Perea, la junta de delegados, una abogada, un auditor de cuentas, etcétera. La investigación se ha dilatado al declararse de especial complejidad. Están afectados por este desfalco más de 600 familias de Almensilla.
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