Coria suspende el acuerdo con la fundación Hasekura al incluir un patrono acusado en 'Astapa'

El Ayuntamiento de Coria del Río ha decidido en un pleno extraordinario, y con el objeto de someter a votación su participación en la constitución y desarrollo de la fundación sin ánimo de lucro Hasekura Tsunenaga, suspender el acuerdo al conocer que uno de los participantes de la fundación figura entre los acusados del caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga), un asunto actualmente en fase de vista oral.

La citada fundación sin ánimo de lucro tiene como objetivo «la creación, gestión, dirección, mantenimiento, conservación y promoción del Museo Internacional Japonés Hasekura, que «reuniría, conservaría y exhibiría arte japonés, tanto clásico como contemporáneo, todo ello a fin de conservar y dar a conocer la cultura japonesa en sentido amplio a través de la historia de cientos de generaciones, impulsando y visibilizando, a su vez, los vínculos culturales, económicos y sociales entre Japón y España». Sin embargo, y tras advertir el portavoz del Grupo Popular, Andrés Parrado, la vinculación de una de los patronos con el caso 'Astapa', el alcalde dejó sobre la mesa el acuerdo.

Fuentes del Consistorio de Coria, gobernado por el andalucista Modesto González, aseguraron que se trata de un «proyecto privado» cuyos promotores han pedido la «participación del Ayuntamiento», que a lo largo de los últimos años ha desplegado numerosas acciones para el fomento y difusión de los nexos entre Japón y Coria, por la conocida escala de la Embajada Keicho de Japón en España.

No obstante, finalmente el alcalde ha decidido frenar la firma del acuerdo que le vinculaba al Patronato, habida cuenta de que una de las personas propuestas para conformar el patronato de la entidad, Daniel D.L., figuraría entre los acusados del juicio que se celebra actualmente por el caso «Astapa» de presunta corrupción política y urbanística en Estepona.

Esta persona estaría acusada de un presunto delito continuado de cohecho activo, por el cual la Fiscalía reclamaría para él cuatro años de prisión y multa de 800.000 euros; y otro supuesto delito más de fraude por el que se le solicitaría un año de prisión y tres de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.