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Tribunales

El alcalde de Bormujos ha declarado por una presunta prevaricación en la renuncia a una contratación

El denunciante asegura que obtuvo la máxima puntuación, pero el Ayuntamiento frenó el procedimiento y guardó los sobres en cuanto supo quién había ganado alegando que el servicio ya se había prestado

Francisco Molina, alcalde de Bormujos, ha declarado por una presunta prevaricación en la renuncia a una contratación ABC

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El alcalde de Bormujos, el socialista Francisco Molina prestó ayer declaración como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla a cuenta de la denuncia promovida en su contra por un posible delito de prevaricación administrativa derivado de su decisión de renunciar a una contratación para la que había sido convocado el correspondiente concurso público, después de que en el mismo obtuviese la mayor puntuación una empresa perteneciente a un militante del PP.

Francisco Molina prestó declaración durante unos 30 minutos, contestando a las preguntas de todas las partes, toda vez que su comparecencia habría girado especialmente en torno al informe de la Delegación Municipal de Obras y Servicios Públicos que expondría que las labores de mantenimiento, señalización y regulación del tráfico de Bormujos, objeto del citado concurso, ya estaban cubiertas mediante recursos municipales.

El alcalde, según tales fuentes, se habría remitido a dicho informe respecto a su decisión de renunciar a la contratación promovida desde meses atrás, negando las acusaciones vertidas en su contra, toda vez que la empresa afectada por la renuncia a la citada contratación, Aplika, representada por el abogado José Manuel Martín Leal, sostiene que el concurso en cuestión fue licitado en junio de 2016, siendo abiertos en agosto los sobres de las empresas que pujaban por el contrato y siendo emitido en octubre el informe correspondiente a la valoración de las ofertas.

En ese sentido, y como publicaba ABC de Sevilla a la hora de dar a conocer este caso, la empresa afectada señala el trámite seguido para la contratación y la decisión de renunciar a la misma una vez trascendió que la empresa mejor valorada para la adjudicación pertenecía a un miembro del PP.

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