El Castillo de las Guardas clama por la declaración de zona catastrófica tras sufrir el mayor incendio de 2016

En la Sierra Morena de Sevilla hay dos males que son crónicos: el desempleo y la despoblación , pero a El Castillo de las Guardas el verano pasado se le sumó un tercero: el mayor incendio declarado en Andalucía en 2016, la puntilla a un pueblo de poco más de 1.500 habitantes diseminado en doce núcleos de población.

Con los efectivos de la extinción de incendios todavía refrescando la zona, el desembarco de autoridades parecía despejar un horizonte de pronta coordinación de las administraciones para regenerar cuanto antes el hábitat de 1.845 hectáreas del término calcinado de donde fueron desalojadas 80 personas de pedanías como Archidona o La Alcornocosa .

Medio año más tarde, la mancha negra que otrora era un aliciente para el turismo , las montaneras que daban cobijo al preciado cerdo ibérico y las dehesas donde campaba el toro de lidia , sigue pendiente de una declaración de zona catastrófica a la que confían su desarrollo. Si hace unos días el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna , anunciaba la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil -la nueva figura que sustituye a la de zona catastrófica- para las localidades del litoral valenciano afectadas la semana pasada por el temporal, merced de un acuerdo del Consejo de Ministros de este viernes, la celeridad de este decreto contrasta con la lentitud para desbloquear las ayudas para El Castillo de las Guardas.

«Estamos esperando gestos tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía con las personas que vivimos aquí», confiesa a ABC Provincia el regidor, Gonzalo Domínguez . Este martes en el Ayuntamiento han recibido el informe con la declaración de daños en la superficie afectada que han llevado a cabo con fondos de la Diputación de Sevilla.

El informe cifra en poco más de 5 millones de euros de pérdidas en diferentes clasificaciones . De pastos, eucaliptal y matorral por 211.004,76 euros; vallado por 533.021,33; encinas por 2.575.216,62, otros arboles, 83.875; ganado, 237.390; casas, monterías y ganchos, 379.000; apicultura, 7.200 euros, instalaciones, 30.936,35, construcciones, 4.670 euros, datos de declarantes, 4.062.314,06 euros, y pérdidas en valores paisajísticos, 1.000.380,92 euros.

Con este informe pretenden insistir a las diferentes administraciones. «Estamos pendientes de reunirnos con el nuevo subdelegado del Gobierno, Ricardo Gil-Toresano, para conocer cuándo saldrá el decreto de declaración de zona catastrófica, y concretar la manera de restaurar la situación en este área calcinada», avanza el regidor, que asegura pugnará por defender planes específicos para defender los intereses de su pueblo en todos los niveles.

«La Junta hasta ahora ha tenido algunos gestos como exonerar a los ganaderos que no pudieran cumplir los requisitos como consecuencia del incendio de la devolución de las ayudas recibidas por la PAC», precisa Domínguez, «también se han hecho planes de restauración por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que por ley debían hacerlas los propietarios, y ha asumido los costos la propia administración», concluye el regidor.