Los detenidos de la «falsa» planta de reciclaje de Estepa se compraron 30 fincas en dos años

Según el sumario del caso denunciado por la Fiscalía de Sevilla e instruido en el juzgado número 2 de Estepa, al que ha tenido acceso este periódico, los tres principales implicados en la trama reunieron un patrimonio de hasta 30 inmuebles a través de la sociedad Procañete en las fechas en las que se han detectado los supuestos movimientos fraudulentos en la caja de la planta de reciclaje. El «modus operandi» consistía en el alquiler de camiones a la empresa pantalla de los gestores de la planta por un precio superior al de mercado. Los responsables sólo pusieron en servicio dos vehículos de recogida de residuos para 17 pueblos , lo que explicaría el sistema de enterramiento para poder agilizar el proceso de retirada de contenedores en los municipios sin provocar retrasos que fueran detectables por los vecinos.

La unidad de delitos económicos de la Policía Nacional en Sevilla, Udef, señala al secretario del Consorcio, José Antonio Mañas , al jefe de la planta, Manuel Ibáñez , y al exalcalde de Casariche y actual asesor de la Diputación, Basilio Carrión , como protagonistas de este presunto fraude tasado en más de un millón de euros. Al primero le atribuye la compra de nueve bienes urbanos y nueve rústicos , además de ocho vehículos. El segundo acumula cuatro inmuebles urbanos y seis rústicos y el socialista Carrión suma una casa y un terreno rural. Según el sumario, José Antonio Mañas, Manuel Ibáñez y sus esposas «comparten al 25 por ciento titularidad catastral de tres parcelas de terreno rústico con una superficie de 61.931 metros cuadrados adquiridas el 14 de febrero de 2017 por un importe de 660.386 euros». A esto hay que sumar otras cinco parcelas dedicadas al cultivo del olivar que tienen 377.877 metros cuadrados . Un patrimonio demasiado importante para los sueldos de estos funcionarios y políticos. Por eso la Policía destaca «el elevado volumen de sus titularidades catastrales» y su coincidencia en el tiempo con el fraude en el Consorcio.

La Fiscalía asegura que hubo «un concierto de los denunciados para obtener, prácticamente sin inversión alguna por su parte, un lucro personal de considerable entidad con grave perjuicio de los fondos públicos con ocasión de la organización del servicio de recogida de basuras en los municipios dependientes del Consorcio». Concretamente, la Policía detalla que en noviembre de 2018 esta planta de reciclaje de la Sierra Sur firmó un contrato con la empresa Magno Ambiental del Levante para arrendarle toda la maquinaria de recogida de residuos. Unos días después, el secretario modificó el precio y lo subió a la cantidad de 164.240 euros anuales durante nueve años. Casi un millón y medio de euros. Pero Mañas añade otra modificación clave. El contrato inicial era de cuatro camiones y él lo redujo a sólo dos .

Unos meses después, el 25 de febrero de 2019, el hasta entonces dueño de Magno Ambiental realiza un protocolo de compraventa ante notario de las participaciones sociales de esta sociedad a Mañas, secretario del Consorcio, y a Manuel Ibáñez, jefe de la planta. Esto es, compraron la empresa a la que ellos mismos habían arrendado la maquinaria , por lo que la Policía entiende que «habrían actuado de manera connivente en contra de los intereses del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur con el objetivo de ejecutar un plan preconcebido para captar fondos públicos a través del contrato de arrendamiento de maquinaria». Los agentes añaden que si el organismo público hubiese comprado los camiones directamente se habría ahorrado 1.117.737 euros, de manera que la actuación de los implicados «estuvo motivada por el ánimo de lucro personal».

Sin embargo, ellos no pudieron hacer todo esto solos. Ambos pusieron como dueñas de la empresa a sus respectivas parejas y necesitaron que los responsables políticos dieran el visto bueno al contrato de arrendamiento. Esta medida correspondió al entonces presidente del Consorcio, el socialista Basilio Carrión, que era el alcalde de Casariche . Por eso la Policía también lo ha detenido en las dos operaciones practicadas hasta la fecha y ha investigado su patrimonio. El Consorcio está compuesto por 17 municipios, algunos de ellos gobernados por IU y el PP, pero siempre ha estado presidido por el PSOE , que a pesar de las informaciones publicadas por este periódico mantiene en sus puestos a todos los implicados. Curiosamente, Carrión estaba en la Diputación trabajando cuando la Policía lo detuvo el pasado 30 de enero. Y allí sigue. Llama la atención su posible connivencia con un funcionario que ya tenía antecedentes por fraude como secretario-interventor del Ayuntamiento de Algámitas, donde en 2013 fue imputado junto con la alcaldesa socialista Virtudes Cabello «por falsificar documentos oficiales con los que trataron de dar apariencia de legalidad al proyecto de hotel y complejo turístico que promovía en la localidad la empresa Promocañete». Esta sociedad conecta ambos casos.

La administradora de Promocañete es la hija de José Antonio Mañas . Esta empresa fue la que compró las fincas que los investigados en la trama adquirieron en la localidad malagueña de Cañete la Real en fechas muy próximas a la operación de Magno Ambiental del Levante con el Consorcio de Estepa. Para ello firmaron un préstamo hipotecario de 610.000 euros. La Policía sostiene que «la coincidencia entre los beneficiarios directos del producto del delito investigado y los deudores del mencionado préstamo permite presumir que al menos una parte de los ingresos recibidos por los investigados a través de Magno Ambiental del Levante se podrían haber destinado al pago de la parte de la deuda no cancelado, transformando el lucro ilícito obtenido en activos inmobiliarios de apariencia legal ». Los agentes subrayan «la proximidad temporal entre la fecha de la concesión del préstamo y la fecha en la que tienen lugar los delitos investigados».

Los datos son muy esclarecedores en este sentido. Según la investigación policial, en el año 2018 la empresa Magno Ambiental, en la que aún no constaban como administradoras las esposas de los responsables del Consorcio , facturó a este organismo 273.885 euros a través de 24 operaciones. Un año después, siendo ya propietarios los investigados, se hicieron 40 operaciones por valor de 546.634 euros . Los contratos se duplicaron a pesar de que la jefa de recursos humanos declaró como testigo que ella sólo vio dos licitaciones públicas en el Consorcio desde el año 2012. Todas las adjudicaciones eran directas y fueron aprobadas por el presidente y el secretario. Es más, otra trabajadora de la planta de reciclaje testificó que las facturas de Magno Ambiental las traía personalmente al Consorcio un hombre al que apodaban «el Gordito» y la Policía subraya que el descontrol contable era tal que hay una parte del dinero cuyo destino no está claro aún.

Los agentes también deslizan que todas estas operaciones no pudieron llevarse a cabo sin el conocimiento de los responsables políticos, que siguen sin expulsar a los investigados. De hecho, uno de los detenidos en la primera operación policial fue el alcalde de Estepa, el socialista Antonio Jesús Muñoz Quirós . Fue el único que declaró. Todos los demás se acogieron a su derecho a guardar silencio. Él es el actual presidente del Consorcio y bajo su mandato se han seguido firmando pagos a Magno Ambiental, pero ante los agentes aseguró no tener conocimiento de ninguna de estas operaciones porque las facturas las firmaba el jefe de la planta y tenían el visto bueno del interventor. Pero Muñoz validó un pago a la empresa pantalla de 13.975 euros que se hizo efectivo el pasado 7 de enero. La Policía cree que en su declaración hay una «falta de rigurosidad» y de ella «se deduce que la falta de control demostrada por Antonio Jesús Muñoz habría por lo menos permitido e incluso facilitado el mantenimiento de las irregularidades relacionadas con la contratación de Magno Ambiental».

La gran incógnita ahora es por qué el PSOE permitió estas actuaciones y por qué el PSOE protege ahora a los investigados. En la planta de reciclaje de Estepa se pagaba más del doble por los camiones de recogida de basuras y se enterraban los residuos sin separar. Eso permitió a los investigados sumar un patrimonio de 30 fincas en apenas dos años. Pero hay otro detalle clave en los atestados: el destino de una parte del dinero sigue sin aclararse.