Rodríguez Villalobos sostiene que el pacto de la FEMP inyectará 75 millones de euros

La Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, «podría inyectar este año 57 millones de euros» del superávit de la institución en la provincia gracias a la aplicación del acuerdo que alcanzaron el Gobierno central de Pedro Sánchez y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para el desbloqueo del uso de superávits y remanentes de las Entidades Locales. Dicho texto normativo deberá pasar ahora su correspondiente tramitación parlamentaria y ha estado envuelto en una enorme polémica, ya que se trata del uso estatal de fondos que proceden del ahorro de los ayuntamientos y muchos de éstos se han mostrado contrarios al mismo. El PP, de hecho, mantiene desde hace días una campaña en contra de este pacto de «confiscación» de los fondos locales procedentes de los superávit , criticando con dureza con los responsables públicos socialistas están permitiendo que el Ejecutivo de Sánchez utilice ese ahorro de los vecinos para solventar la dura crisis provocada por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Villalobos, de esta forma, se suma a los dirigentes socialistas que salen durante estos días de agosto en defensa del presidente del Gobierno y de su propio partido, como en Sevilla han hecho ya los dos principales cargos públicos de la formación, los alcaldes de Sevilla, Juan Espadas, y Dos Hermanas, Francisco Toscano . Ambos ya han destacado los «beneficios» que supondría la aprobación definitiva de ese pacto alcanzado entre la FEMPy el Ministerio de Hacienda, liderado por la también socialista sevillana María Jesús Montero.

El mandatario provincial recordó ayer que, en lo relacionado con el uso del superávit municipal, este año, sin la entrada en vigor del Real Decreto, «sólo se permitía a la Diputación de Sevilla, por ejemplo, disponer del 27 por ciento de estos fondos procedentes de las remanentes de caja locales, mientras que ahora, gracias al acuerdo entre la FEMPy el Gobierno, se llegaría al cien por cien. Lo que supone la puesta en carga del 73 por ciento restante, que hasta ahora no podía ser utilizado. Esto es una ventaja evidente que provoca este acuerdo frente a la crisis del coronavirus Covid-19».

«Las corporaciones locales tenemos por delante una oportunidad inmejorable para adherirnos voluntariamente a esa iniciativa », subrayó Rodríguez Villalobos. En concreto, la entrada en vigor de este decreto ley supone que la Diputación sevillana «pueda disponer de un total de 57 millones de euros —frente a las 15,4 millones autorizados hasta la fecha—, de los que el 20 por ciento se invertirá en política social; el 7 por ciento en la adquisición de vehículos eléctricos; y el 73 por ciento restante (41,6 millones) —el nuevo porcentaje autorizado en el RDL— en un nuevo programa que pongamos en marcha dentro del Supera VIII e inversiones financieramente sostenibles».

En cuanto a este último apartado, «adelantándose a la tramitación parlamentaria del Real Decreto, el equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla ya está trabajando y estudiando la concreción y vías posible de ejecución» , añadió Villalobos, al tiempo que incidió en que el presidente del Gobierno de España «ha anunciado que está abierto a negociar los flecos de este acuerdo», que aún no se ha cerrado y al que se han opuesto ayuntamientos importantes del país, no sólo los comandados pos los populares sino otros como el del Barcelona.

El PP, por su lado, viene mostrándose radicalmente en contra de este acuerdo. Una de las grandes batallas se libra en Sevilla capital. «Los ayuntamientos deben ser plenamente libres para invertir el dinero donde cada alcalde detecte que está la necesidad real, social y conveniente de inversión» , ha explicado al hilo de ello el portavoz popular en el Ayuntamiento de la capital andaluza, Beltrán Pérez. Desde el gobierno local se ha insistido en que el acuerdo de la FEMP con el Ministerio de Hacienda, en caso de ser ratificado por el Congreso, «beneficia a la ciudad puesto que permitirá por primera vez desde 2012 lograr recursos extraordinarios a través del superávit para inversiones o gasto social en vez de tener obligatoriamente que dedicarlo a amortizar deuda como ha ocurrido hasta ahora debido a la ley aprobada en 2012».