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ALCALÁ DEL RÍO

Discriminan a un auxiliar de geriatría por ser hombre: «Este trabajo es de mujeres»

La Justicia da la razón a Juan Carlos Monroy, padre de cuatro hijos al que una concejal socialista del Ayuntamiento alcalareño le redujo su jornada aduciendo que la ayuda a domicilio la hacen mejor las mujeres

Juan Carlos Monroy y su familia, con la sentencia favorable J.C.R.

JUAN CARLOS ROMERO

«Este es un servicio de mujeres, para mujeres y realizado por mujeres». Es la máxima que asegura el auxiliar sociosanitario Juan Carlos Monroy se le transmitió en octubre de 2014 cuando su jornada laboral en el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Alcalá del Río pasó de 30 horas a la semana a poco más de nueve.

El Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla ha resuelto que se lesionó el derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución, al ser discriminado el empleado por razón de sexo con respecto a las empleadas del mismo servicio.

En una sentencia firme fechada el pasado mes de octubre, condena al consistorio a la reposición de la jornada semanal de 30 horas y 20 minut os que tenía el empleado antes de la minoración del contrato, y fija una indemnización de 8.575 euros en concepto de daños y perjuicios, a razón de 24,5 euros por día desde el 1 de octubre de 2014 a la notificación de la sentencia.

Según el relato de Juan Carlos Monroy , padre de cuatro hijos, se incorporó al servicio de ayuda a domicilio cinco años antes con un contrato por obras y servicios que se le redujo unilateralmente en octubre de 2014.

«La entonces concejal socialista del área de Asuntos Sociales, Elena Domínguez, me dijo que este era un trabajo de mujeres, por las mujeres y para las mujeres», explica a ABC Provincia mientras exhibe la sentencia favorable, « pero yo soy auxiliar de geriatría y tengo mi certificado profesional para hacer este trabajo en igualdad de condiciones con las compañeras de este servicio», abunda.

En el juicio, el consistorio defendió que «la mayoría de personas demandantes del servicio son mujeres y ponen reparos a ser atendidas por un hombre, especialmente en el aseo personal», y aseguró que también a otros trabajadores se les redujo la jornada.

Monroy pasó a trabajar sólo dos horas diarias, con ingresos insuficientes para sacar adelante a su familia. «Llegué a una situación extrema para tratar de mantener a las seis personas que vivimos en casa», relata el empleado, «y supliqué que me echaran porque con dos horas de empleo al día y poco más de 250 euros al mes no se puede vivir ».

En este período, su mujer estuvo desempleada y el mayor de sus hijos sumaba trabajos eventualmente. « Para pagar la luz, el agua y hacer las comidas diarias tuve que acudir a la ayuda de las personas de mi confianza», rememora.

Espera la indemnización

La concejal delegada de Bienestar Social, Laura Antona , ha explicado que el consistorio gestiona el servicio de ayuda a domicilio según los usuarios beneficiarios de la L ey de Dependencia de la Junta de Andalucía y rechaza el trato discriminatorio.

«La intención siempre es tratar a todos los trabajadores por igual, asignándoles usuarios», detalla, «y ahora estamos haciendo todo lo posible para abonar en tiempo y forma la indemnización ».

El trabajador espera desde octubre percibir la indemnización de la sentencia, aunque reconoce la predisposición que el consistorio ha mostrado para acatarla. « La nueva delegada de Bienestar Social me está apoyando para tratar resolver el fallo dentro de sus posibilidades», afirma Monroy , que asegura que de conformidad con la resolución ya le han sido restituidas las horas que se le retiraron.

No obstante, la defensa del empleado está reclamando judicialmente los intereses de demora desde la fecha del fallo judicial favorable de su defendido, al entender que la dilación en la ejecución de la sentencia supone una nueva injusticia para esta familia .

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