La fiscal del fraude del reciclaje en Estepa pide la ampliación de la instrucción

El polémico límite a los plazos de instrucción , impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 con la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que dejaba en seis meses el periodo de la investigación, ampliable a 18 meses (prorrogables hasta 36) si el juez lo acordaba antes de vencer, a petición del la Fiscalía.

Esto es lo que ha hecho ahora la fiscal del caso del fraude de reciclaje en la Sierra Sur. Este periódico ha venido contando el riesgo existente en algunas macrocausas de corrupción en Andalucía como Isofotón o distintas piezas de los ERE queden impunes por un simple olvido de la Fiscalía o del juzgado a la hora de ampliar los plazos de las pesquisas.

No obstante, el Tribunal Supremo , en una sentencia del pasado mes de noviembre, determinó que «el simple transcurso del plazo no produce el archivo de las actuaciones, en los términos utilizados por la norma originaria–el controvertido artículo 324–, como una suerte de caducidad automática de la acción penal». Una cosa es que tenga que dar por terminada una investigación y otra muy distinta que ello le induzca a darle carpetazo.

En estos casos, el juez de instrucción «no podrá tomar en cuenta los datos irregularmente incorporados al proceso» –por extemporáneos– «para fundar su decisión inculpatoria», pero ello no prohíbe que e stas pruebas puedan ser aportadas en el juicio para incriminar a los acusados, señala el Alto Tribunal.

En la causa del fraude del reciclaje de Estepa , según han señalado a este periódico fuentes del caso, la fiscal solicita al juez, antes de que expire el plazo ordinario de investigación de estos hechos, fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción , tanto en la causa principal como en la pieza separada de blanqueo de capitales.

El objetivo es poder practicar las pruebas pendientes para el esclarecimiento de los hechos y las presuntas actuaciones delictivas de los investigados en esta trama. Entre estas diligencias sin realizar destacan la declaración de   los principales investigados en ambas piezas, José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez . Están citados por el Juzgado de Estepa que instruye la causa la última semana de este mes de enero.

Este fraude saltó en 2020, momento en que dicho juzgado de Estepa comenzó a investigar la contratación por el Consorcio de Medio Ambiente con Magno Ambiental de Levante , la empresa de Mañas e Ibáñez, en enero de 2016 y posteriormente noviembre de 2018 de camiones para la realización del servicio de recogida de basuras para la Mancomunidad de Municipios Sierra Sur , siendo el presidente del Consorcio el socialista Basilio Carrión.

Ibáñez y Mañas ya tuvieron que prestar declaración al inicio de la investigación de la causa, donde hay al menos una docena de investigados . Fue en noviembre de 2020 cuando el juez de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa, Francisco José Velasco, escuchó a los cabecillas de esta trama. Mañas no duró más de diez minutos respondiendo a preguntas de su defensa .

Defendió la legalidad de los contratos firmados entre el Consorcio y Magno para el alquiler de camiones de recogida de basuras a esta sociedad por parte de la entidad medioambiental, por un elevado precio. En cambio, la Policía Nacional señala que estos contratos son el resultados del entramado empresarial montado por estos acusados, de la que también participan sus mujeres, para realizar «autocontratos» con fondos públicos y enriquecerse de forma ilícita.

El principal acusado, que presuntamente se ha enriquecido de los fondos públicos del Consorcio durante años y que les ha valido para hacerse con hasta 30 fincas entre los dos socios , insistió en que esos contratos responden al alquiler de los camiones para el servicio de basura que presta el Consorcio en distintos municipios de la Sierra Sur.

La Fiscalía cree que el Consorcio ha sufrido un perjuicio económico superior al millón de euros por culpa del «concierto previo de los denunciados para obtener un lucro personal de considerable entidad con la reorganización del servicio de recogida de basura».

La red fraudulenta montada por Mañas e Ibáñez a través de testaferros y empresas pantallas, con la participación de sus mujeres y familiares, permitió a éstos un sistema de contratación con fondos públicos, como los firmado con el Consorcio de la Sierra Sur, cuyos beneficios habrían pasado al patrimonio particular de los detenidos mediante diversas maniobras propias del blanqueo de capitales , tales como: la simulación de operaciones comerciales inexistentes u operaciones hipotecarias .

Para que dicho entramado alcanzara sus ilícitos propósitos fue relevante la actuación del alcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión , quien «posibilitó la comisión de los delitos», según la Audiencia de Sevilla.

Siguiendo con la actuación de este dirigente socialista, fuentes del caso han precisado que la Fiscalía ha expuesto al juez instructor que no procede la investigación en la causa del reciclaje el contrato de asesoramiento y asistencia letrada firmado por Carrión en diciembre de 2016 con un abogado familiar de Mañas.

Esta contratación sería presuntamente constitutiva de un delito de prevaricación imputable a Carrión, pero no guarda relación con los hechos investigados en esta causa, que se centran en la relación económica entre el Consorcio y Magno y no en las contrataciones de personal de esta entidad. No obstante, plantea al juez abrir una causa independiente.