Caballo de José María Gil Silgado, que fue hallado desnutrido junto a otros 27 en una finca de Bollullos de la Mitación
Caballo de José María Gil Silgado, que fue hallado desnutrido junto a otros 27 en una finca de Bollullos de la Mitación - ABC
Bollullos de la Mitación

La hermana de Gil Silgado acepta una pena de seis meses de prisión por maltratar a 28 caballos

No acepta la responsabilidad civil porque dice que fue ella quien alimentó a los animales tras la inspección de la Guardia Civil

SEVILLAActualizado:

El juicio previsto para este miércoles en el Juzgado de lo Penal 5 de Sevilla contra una hermana de José María Gil Silgado por maltratar a 28 caballos -la mayoría Pura Raza Española (PRE)- al no facilitarles alimento ha sido suspendido al no comparecer ningún representante de la empresa Toros de los Guateles, 100% del citado empresario y dueña de los caballos que la Guardia Civil encontró desnutridos en 2014 en una finca de Bollullos de la Mitación (Sevilla). No obstante, la acusada de un delito de maltra animal doméstico ha aceptado que se le reduzca la pena pedida por la Fiscalía de un año a seis meses de prisión, aunque insiste en que el responsable es el dueño de los caballos, su hermano, que en ningún momento le dio instrucciones para tratar de ellos.

Al juicio sí ha acudido el letrado de José María Gil Silgado, que estaba citado como responsable civil subsidiario en caso de que la hermana fuera condenada al pago de más de 11.000 euros a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que según la Fiscalía fue la que se ocupó de alimentar a los caballos para que no murieran de inanición.

Para no dilatar el procedimiento, se ha autorizado a levantar los depósitos judiciales de los animales, que actualmente recae sobre los comprdores de los mismos, por lo que éstos podrán disponer de los equinos.

Pacto de conformidad

La acusada, defendida por el letrado José María Carnero, negocia con la Fiscalía un pacto de conformidadmediante el cual se le reducirá a la mitad la petición de la condena y se declararía la ausencia de responsabilidad civil ante la Junta de Andalucía, «dado que -como el abogado de la hermana de José María Gil Silgado la única persona que ha puesto sus propios fondos para la recuperación de los caballos menos uno, que murió, ha sido ella».

Para poder formalizar el acuerdo entre la Fiscalía y la acusada, se ha solicitado desde el juzgado a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Sevilla que certifique que la Administración andaluza no ha abonado nada de los costes de alimentación de los caballos.

Los hechos tienen su origen en 2014, cuando en marzo la Oficina Comarcal Agraria instó a la acusada a mantener adecuadamente a los animales «dado el mal estado de carnes» que presentaban once de los 28 caballos. Cuando la Guardia Civil recibió en agosto de 2014 una denuncia anónima dando cuenta del estado de desnutrición de los equinos, entre los que había yeguas, caballos y potros Pura Raza Española en la finca Rebujena Alta, del término de Bollullos de la Mitación». La Benemérita comprobó «en la finca había 28 callos, la mayoría de ellos en mal estado de desnutrición y salud, y 6 de ellos en pésimo estado sanitario», hallándose además en la explotación un fuego donde se estaba intentando incinerar el cadáver de un caballo muerto.

Poderes

José María Gil Silgado
José María Gil Silgado- Paco Martín

Según la Fiscalía, a Fiscalía indica que José María Gil Silgado concedió amplios poderes para administrar la sociedad Toros de los Guateles a su hermana, quien -dice- además tuvo desde marzo de 2014 poderes para gobernar toda clase de bienes del empresario, «incluidos semovientes». La acusada afirma, sin embargo, que ella vivía circunstancialmente en esa finca y que el hermano en ningún momento le dio instrucciones de que tuviera que alimentar a los animales, pero que lo hizo con su propio dinero cuando en agosto de 2014 se le nombra depositaria judicial de los equinos.

La Fiscalía afirma, sin embargo, que no fue ella, sino la Oficina Comarcal Agraria la que alimentó a los caballos y que gracias a ello no se murieron de desnutrición, salvo uno. Cuando se recuperaron, la mayoría de ellos fueron vendidos, aunque como no se había levantado el depósito judicial, los compradores no pudieron disponer de los animales. La Fiscalía pedía para eñla un año de prisión, accesoria de inhabilitación para el derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.