Entrada al cuartel de la Guardia Civil donde estaban destinados los cuatro agentes condenados
Entrada al cuartel de la Guardia Civil donde estaban destinados los cuatro agentes condenados - Juan José Úbeda
Corrupción policial

El jefe de los narcos: «El sargento de Isla Mayor está con nosotros»

Las conversaciones grabadas en la investigación a los agentes del cuartel sevillano han sido la prueba fundamental para condenar a unos funcionarios que se vendieron a cambio de 20.000 euros por alijo de hachís introducido

Isla MayorActualizado:

Un sargento y tres guardias civiles que hasta 2016 formaban parte de la dotación del cuartel de Isla Mayor han sido condenados hace unos días por la Audiencia Nacionala penas de prisión que oscilan entre los cuatro años y medio y los catorce años y tres meses por haber colaborado con los narcos en la introducción de alijos de hachís por el río Guadalquivir. Un escándalo mayúsculo que se ha producido en un punto caliente y clave en el itinerario que recorren los cargamentos de hachís con destino a Europa. En el mismo pasillo fluvial donde los cuerpos policiales persiguen a los traficantes en una carrera que no se detiene. En el seno del Instituto Armado hay un sentimiento de rabia por la traición de sus compañeros.

La prueba fundamental que ha llevado a la cárcel al sargento Francisco Javier Cáceres y a los agentes Luciano Martínez, Claudio Galván y Juan Rafael Moreno fueron las conversaciones grabadas por Asuntos Internos durante meses de intensas pesquisas a lo largo de 2016. Todo ese material se incluye en una pieza separada que se desgajó de las diligencias previas 32/2015, que abrió la magistrada del juzgado central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para indagar en un caso de corrupción policial detectado en plena ruta del hachís.

ABC ha tenido acceso al contenido del sumario y a cómo nació una investigación que se llevó por delante a la mitad de la plantilla del pequeño acuartelamiento de Isla Mayor, incluido al comandante del puesto. Los tres guardias acabaron confesando y pactaron una rebaja de la pena que solicitaba el fiscal. Si bien, ninguno se ha librado de entrar en prisión. Sólo su jefe, el sargento Cáceres se negó a llegar a un acuerdo. Fue el único de los 22 acusados que no admitió su culpabilidad y al final se ha llevado la pena más severa: 14 años.

«El calvo»

El prólogo de este escándalo está en una operación de la Udyco central de 2015. Los agentes investigaba a una organización que operaba en Huelva, Cádiz y Sevilla cuando interceptaron varias conversaciones de los narcos en las que se evidenciaba la colaboración de funcionarios policiales. La primera vez que escucharon mencionar al jefe del acuartelamiento de Isla Mayor fue el 7 de octubre de 2015, cuando el jefe de un grupo de narcos y piloto de lanchas neumática le preguntó a un subalterno que custodiaba una embarcación que habían ocultado en una nave de Isla Mayor por los «civiles». -«El calvo, el sargento, se queda en los carabineros (una zona del municipio) toda la noche, va con su coche». Y su jefe lo tranquiliza: «Ese da igual, que está con nosotros».

Imagen de archivo de la interceptación de una lancha en los caños del Guadalquivir
Imagen de archivo de la interceptación de una lancha en los caños del Guadalquivir - ABC

Aquella investigación entró en punto muerto porque la organización decidió mantenerse alejada del negocio durante un tiempo después de perder un alijo en el Guadalquivir. En enero de 2016 las pesquisas se reactivan. En otra intervención telefónica ese mismo traficante, que alardeaba de controlar al jefe del acuartelamiento de Isla Mayor discute con otro narco local sobre quien tiene que asumir el coste de sobornar a los funcionarios policiales para poder trabajar con tranquilidad. Finalmente este jefe de grupo, identificado como Antonio T. y que no fue detenido en esta operación, le dice a su interlocutor que se va a encargar directamente de la negociación: «Los guardias los pongo yo».

Mientras la Policía ya estaba sobre la pista de que el sargento de Isla Mayor podría haberse pasado al otro lado, Asuntos Internos de la Guardia Civil informó a la instructora de que tenían sospechas de que varios de sus agentes se podían haber corrompido. Tenían información de que podían estar colaborando con los narcos e incluso habrían robado algún cargamento para revender la mercancía a terceros.

Sólo cuando los investigadores pudieron colocar dispositivos de escuchas dentro del vehículo del sargento y del coche de la Guardia Civil que tenía asignado, pudieron cazarlo

En marzo, Lamela abrió una pieza separada que declaró secreta sobre los negocios de estos funcionarios policiales. El sumario recoge las dificultades que tuvieron los investigadores para conseguir una prueba concluyente contra el sargento Cáceres. No tenía conversaciones comprometedoras por teléfono. Gracias a los seguimientos descubrieron que se veía con un narcotraficante apodado el Negro en el polígono industrial La Estrella de Coria y que hablaban en el interior de su coche para evitar las escuchas.

Cazado

Los agentes solicitaron a la magistrada autorización para colocar dispositivo de escuchas dentro del coche del sargento y del vehículo oficial de la Guardia Civil que tenía asignado. Y así fue cómo el 25 de mayo cazaron la conversación definitiva. Francisco Antonio Rodríguez, «el Negro», le pedía al mando de la Benemérita la llave de la cancela que cierra una zona conocida como la bomba del Quini, que es parte del Parque Natural de Doñana, donde quería alijar. También le promete el pago de 20.000 euros y el adelanto de otros 6.000 euros; además de darle los detalles de cómo será la entrada de la droga. El jefe de los guardias de Isla Mayor le promete que tendrá cobertura. Y esa charla fue el principio del final de la carrera del sargento Cáceres.

El 2 de enero de 2017 era enviado a prisión provisional tras la detención junto a sus tres compañeros. En el juicio aseguró que estaba tratando de captar información para usarla en una hipotética investigación policial que ningún mando respaldó. Su mujer, a la que le ingresó más de 20.000 euros procedentes del narco, tendrá que devolver ese dinero sucio.