El exalcalde Antonio Maestre, saliendo de los juzgados
El exalcalde Antonio Maestre, saliendo de los juzgados - Millán Herce
Tribunales

La Junta pide incluir a Guerrero en el caso de los ERE de los exalcaldes socialistas de Los Palacios

La Audiencia corrigió a la juez Núñez y ordenó el procesamiento de Maestre, pero no incluyó al exdirector de Trabajo

SevillaActualizado:

La Junta de Andalucía, gobernada ahora por PPy Ciudadanos, reclama que el que fuera director regional de Trabajo Francisco Javier Guerrero sea también procesado en uno de los casos principales de corrupción que se ha instruido y que está vinculado con la macrocausa contra el ingente fraude con los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos desde el Ejecutivo andaluz durante la primera década de este siglo: el del fraude con subvenciones autonómicas por parte del Ayuntamiento de Los Palacios cuando éste estaba liderado por alcaldes socialistas. Ese consistorio recibió ayudas de los fondos de los ERE, pero los mismos no se aplicaron a los fines para los que se concedieron, según denunció la Fiscalía, de ahí que se procese ahora a quienes eran los alcaldes.

La Audiencia de Sevilla dictaba hace unos días el auto por el que se procesaba a los antiguos regidores, corrigiendo así el archivo que ordenó el juzgado de María Núñez Bolaños, pero ahora la Junta ha interpuesto un recurso de reforma pidiendo que, además, se incluya en el procesamiento a Guerrero. En un auto al que ha tenido acceso ABC, del 12 de junio, los abogados del Gobierno regional consideran que el auto por el que se procesa a los investigados «infringe el ordenamiento jurídico en la medida en que no incluye en su parte dispositiva la continuación del procedimiento respecto a Francisco Javier Guerrero», uno de los investigados en el origen del asunto.

Para los letrados del Ejecutivo andaluz, dicho auto realiza una aplicación del principio non bis in idem (juzgar dos veces por un mismo caso) «contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional», recordando que «debe entenderse que la no continuidad del procedimiento» sobre Guerrero «equivale a un pronunciamiento de sobreseimiento libre», lo que supone, según el recurso, una infracción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la propia Constitución. Los abogados de la Junta repasan en su escrito que el que fuera alto cargo socialista, a tenor de los atestados policiales, participó en «un concierto con un alcalde para favorecer un indebido trasvase de fondos públicos de cuyo destino final nada se sabe, hechos que nada tienen que ver ni con las subvenciones otorgadas a empresas en crisis ni con el abono de ayudas sociolaborales instrumentadas a través de pólizas de renta colectiva ni con la intervención de terceros en la obtención de un lucro ilegal por sobrecoste de las pólizas». Eso es, que una cosa fue el fraude de los ERE y otra distinta lo hecho en Los Palacios, por las que también debería ser juzgado Guerrero.

El centro ecuestre

Como se recocordará, en julio del año pasado la juez Bolaños, que ha instruido hasta ahora la macrocausa de los ERE irregulares pero que ha anunciado su retirada por motivos personales, dictó un auto en la rama en la que se investiga una ayuda del Ejecutivo regional de 750.000 euros al Ayuntamiento de Los Palacios para un centro ecuestre que nunca se construyó. En dicho auto excluía al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y al exconsejero de Empleo José Antonio Viera y, además, decidía el sobreseimiento en lo concerniente a los dos exalcaldes socialistas Emilio Amuedo y Antonio Maestre y a la exinterventora de este Ayuntamiento Trinidad Rodríguez, archivando la causa. La Fiscalía Anticorrupción, como en tantas otras piezas, recurrió esta decisión de Núñez.

Diez meses después, hace sólo unos días, la Sección Séptima de la Audiencia resolvió dicho recurso y obligó a la juez a rectificar y acordar el procesamiento de los dos ex primeros ediles de Los Palacios y la que fuera interventora del Ayuntamiento por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Sobre la exclusión de los altos cargos, la Audiencia confirmaba el dictamen de Núñez, pero algo muy distinto ha ocurrido con el recurso sobre el sobreseimiento libre respecto a los dos exalcaldes y la interventora. Los argumentos de la juez para tal decisión «son del todo insuficientes», según la Audiencia, que, además, afeó a la juez que hubiera decidido la prescripción sobre Maestre por un delito de fraude de subvenciones cuando iba imputado por prevaricación y malversación. Así lo señalaba en un auto al que tuvo acceso este periódico, donde se expone que se trata de «un cambio que no está motivado» por la juez.

Para la Audiencia, «el falseamiento» de la ayuda de los ERE al Ayuntamiento palaciego es «bilateral», esto es, afecta tanto a la Junta como al gobierno local socialista de la época de los hechos. «El falseamiento se hizo en connivencia y colaboración por cargos de ambas administraciones —indica el dictamen de la Audiencia— para trasvasar dinero público al Ayuntamiento sorteando para ello todos los controles legales bajo la apariencia propiciada por esta administración local de que se iba a destinar a una finalidad, para la que fue concedida, a sabiendas de que no iba a ser así». Para la Audiencia, lejos de ser un delito de fraude subvenciones, los hechos tienen la apariencia de los delitos por los que fue imputado Maestre, malversación y prevaricación. Por ello, atendiendo a la cantidad de la ayuda, no existe prescripción del delito.

La Audiencia dio un duro varapalo a Núñez, destacando que su archivo contiene «una escueta argumentación que trasluce algo así como si la ayuda hubiera sido tramitada con normalidad» para declarar el sobreseimiento de Amuedo y Rodríguez. «Ni siquiera hubo solicitud y en la tramitación se incurrió en todo tipo de ilegalidades como refleja el informe de la Intervención General del Estado», indicó la Audiencia, que insistió en que la juez tampoco recoge en su auto que la ayuda se iba a destinar a la construcción y funcionamiento de un centro ecuestre en Los Palacios, pero no existió ni proyecto real. «Un severo indicio de que no había intención de construirlo».