La planta de basuras de Marchena repartía sobres de dinero, jamones y ordenadores a políticos
La Fiscalía investiga un nuevo fraude de facturas falsas en este tipo de centrales, ahora en la Mancomunidad Campiña 2000, para pagar a ediles de la comarca comisiones, traslados a la Feria...

Comisiones a políticos, jamones regalados, traslados a la Feria de Sevilla, arreglos de albañilería en los domicilios particulares... La Fiscalía está investigando un nuevo escándalo en una planta de tratamiento de residuos y reciclaje de la provincia, en este caso la denominada ... Campiña 2.000, que está ubicada en Marchena y presta servicio a los municipios de la zona. Al igual que ha ocurrido en el Consorcio de Estepa, la Mancomunidad del Guadalquivir y Recilec en Aznalcóllar, esta central también ha sido denunciada por los propios trabajadores por una larga serie de presuntas irregularidades . Concretamente, una subcontrata que se encarga del mantenimiento y triaje de la planta ha decidido presentar en la Fiscalía una denuncia sobre una supuesta extorsión a los contratistas para pagar comisiones a determinados políticos de la zona a cambio de mantener sus contratos en esta planta de basuras. Este periódico ha tenido acceso a toda la documentación que obra en poder de la Fiscalía, que ya ha abierto diligencias y ha encargado varias pesquisas a la Policía Judicial para que compruebe la veracidad de los hechos denunciados, que son realmente escandalosos. El Ministerio Público ha recibido capturas de Whatsapp en la que los responsables de la central daban instrucciones a un contratista para falsificar facturas de supuestos servicios de tratamiento de residuos. El dinero que se pagaba por ese trabajo oficial se destinaba realmente, según los denunciantes, a mordidas para concejales, la compra de dádivas y la prestación de servicios estrictamente personales a distintos políticos de la zona.
Un empresario ha denunciado que llevaba sobres con 10.000 euros a una concejal al Nervión Plaza
También se han aportado otras pruebas como grabaciones de conversaciones telefónicas, libros de contabilidad, vídeos en los que se aprecia que el trabajo facturado no se hacía... El material con el que trabaja la Fiscalía es muy abundante y afecta a concejales de Marchena y La Puebla de Cazalla , principalmente, todos ellos del PSOE. Además, el principal responsable de la planta, Manuel B.A., ya ha sido procesado por su gestión anterior en la central de residuos de Utrera. Según ha podido confirmar este periódico, la Fiscalía le pide cinco años y medio de cárcel.
La enumeración de presuntas irregularidades denunciadas es inagotable, pero en varias de ellas se produce el mismo 'modus operandi' que en las otras plantas de reciclaje que investigan los tribunales en este momento. En primer lugar, se asegura que a las empresas subcontratadas se les entregaba «una lista de personal de los pueblos de alrededor» facilitada por alcaldes y se «impone tener que colocar a gente de esas listas». El denunciante asegura que esos contratos se produjeron y que «se puede demostrar con una vida laboral de la empresa» .
La planta de reciclajes también ponía una furgoneta de la empresa de recambios para trasladar a políticos a la Feria de Abril
Por otra parte, también se habrían producido mordidas. Un empresario denuncia que el jefe de la planta «me coacciona y me dice que según la facturación que tenga mi empresa, así sería su comisión (dinero en efectivo) , que según me dejó claro desde el minuto uno era para repartir con su jefe y con políticos de la Mancomunidad Campiña 2.000». El denunciante añade que «dicha comisión fue creciendo a medida que la facturación ascendía hasta el punto en que llegó el momento de que, una vez revisadas las cuentas, perdíamos dinero, ya que no sólo era dinero en efectivo, sino también en especies (ordenadores, móviles, viajes, jamones, vinos...)» . Para solucionar esto se le indicó que «los importes de los caprichos y dineros entregados en efectivo a él los metiéramos en los conceptos que nos indicara en nuestra factura ». Es decir, se falsificaban los conceptos para poder detraer esos montantes, que según la denuncia habrían podido superar el millón de euros.
Algo parecido ocurría, según los denunciantes, con la empresa proveedora de recambios para los camiones de la planta, a la que se «le pedía todas las Ferias de Abril o en Navidad o en actos importantes una furgoneta Mercedes Vito de nueve plazas que conducía el hijo del dueño para recoger a políticos en sus casas y llevarlos a la Feria o a las actos reseñados anteriormente, habiendo algunos de ellos que duraban hasta altas horas de la madrugada, volviendo a llevar a estas personas a sus domicilios». De este asunto se han aportado incluso conversaciones de Whatsapp.
Jamones de «alta calidad»
La Fiscalía también investiga la supuesta falsificación de facturas para la compra de jamones por Navidad «de muy buena calidad para algunos políticos» y funcionarios de los ayuntamientos afectados. Y el pago de un 'sueldo' mensual de 1.600 euros a la mujer del jefe de la planta. Pero lo más llamativo está en el pago de comisiones a ediles. Según la denuncia, en varias ocasiones, coincidiendo que una concejal socialista del Ayuntamiento de Marchena «venía a hacer gestiones a la Diputación», el responsable de Campiña 2.000 y principal investigado por el momento, Manuel B.A., le dio indicaciones a un empresario subcontratado «para entregarle un sobre». La segunda vez que hizo esta entrega, el denunciante asegura que «lo abrí y contenía bastante dinero, lo conté y había 10.000 euros en billetes de 200, 100 y 50 euros , desconozco el destino y el fin de ese dinero, a mí me lo entregaba Manuel B.A. y yo se lo entregaba» a la citada concejal . Las dos veces ocurrió «en el centro comercial Nervión Plaza, portando ella bolsas de Zara», detalla el empresario que llevaba los sobres.
Todas estas irregularidades están ya siendo investigadas por la Policía Judicial, que ha tomado declaración a varios de los señalados, y la Fiscalía ha recibido fotografías , vídeos, capturas de pantalla, libros de contabilidad, facturas supuestamente falsas y numerosa documentación aportada por el empresario denunciante, que insiste en que puede probar cada una de sus afirmaciones.
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