Antonio Maestre sale de los juzgados de Utrera tras declarar
Antonio Maestre sale de los juzgados de Utrera tras declarar - ABC
Tribunales

Procesan a dos exalcaldes socialistas de Los Palacios por una ayuda de los ERE para un centro ecuestre

La Audiencia Provincial corrige la decisión de la juez María Núñez Bolaños que archivó esta pieza separada

SevillaActualizado:

En julio de hace un año la juez María Núñez Bolaños, que instruye el caso de los ERE irregulares, en su afán archivador, dictó un auto en la causa que investiga una ayuda de la Junta de 750.000 euros al Ayuntamiento de Los Palacios para un centro ecuestre que nunca se construyó. En dicho auto excluía al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, decidía el sobreseimiento de la causa contra dos exalcaldes socialistas de Los Palacios, Emilio Amuedo y Antonio Maestre, y contra la exinterventora de este Ayuntamiento Trinidad Rodríguez, y archivaba la causa. La Fiscalía Anticorrupción, como en tantas otras piezas, recurrió esta decisión.

Diez meses después, la Sección Séptima de la Audiencia resuelve dicho recurso y ha obligado a la juez a rectificar y acordar el procesamiento de los dos ex primeros ediles de Los Palacios y la que fuera interventora del Ayuntamiento por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Sobre la exclusión de los altos cargos, confirman la decisión de Núñez. «Distinta suerte» corre el recurso sobre el sobreseimiento libre respecto a los dos exalcaldes y la interventora. Los argumentos de la juez para tal decisión «son del todo insuficientes» con respecto a Amuedo y a Rodríguez. Además, la Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, afea a la juez que haya decidido la prescripción sobre Maestre por un delito de fraude de subvenciones cuando iba imputado por prevaricación y malversación. Un cambio que «no está motivado» por la juez.

Para la Audiencia, «el falseamiento» de la ayuda los ERE al Ayuntamiento de Los Palacios es «bilateral», esto es, Junta y el gobierno local socialista. «El falseamiento se hizo en connivencia y colaboración por cargos de ambas administraciones para trasvasar dinero público al Ayuntamiento sorteando para ello todos los controles legales bajo la apariencia propiciada por esta administración local de que se iba a destinar a una finalidad, para la que fue concedida, a sabiendas de que no iba a ser así».

Todo tipo de ilegalidades

Para la Audiencia, lejos de ser un delito de fraude subvenciones, los hechos tienen la apariencia de los delitos por los que fue imputado Maestre, malversación y prevaricación. Entonces, atendiendo a la cantidad de la ayuda, no existe prescripción del delito.

La Audiencia, en su auto, vuelve a chocar con el auto de julio de 2018 de la juez María Núñez, que contiene «una escueta argumentación que trasluce algo así como si la ayuda hubiera sido tramitada con normalidad» para declarar el sobreseimiento de Amuedo y Rodríguez.

Pero «ni siquiera hubo solicitud y en la tramitación se incurrió en todo tipo de ilegalidades como refleja el informe de la Intervención General del Estado», recuerda la Audiencia, que insiste en que la juez tampoco recoge en su auto que la ayuda iba a ser destinada a la construcción y funcionamiento de un centro ecuestre en Los Palacios, pero no existió ni proyecto real. «Un severo indicio de que Amuedo no tuvo intención de construirlo».

Maestre también formaba parte del equipo de gobierno de Amuedo y cuando llegó a la Alcaldía asumió la misma línea de actuación de no construcción. La Audiencia no comparte con Núñez Bolaños la afirmación de que Amuedo firmó en 2003 el convenio para la ayuda con Guerrero con clara intención de construirlo. Tampoco que Amuedo se fuera antes de recibir cantidad alguna, pues él mismo declaró lo contrario. Recibió los primeros 50.000 euros.

Maestre envió a Guerrero un informe básico del centro fantasma para poder cobrar la ayuda

Antonio Maestre envió a Francisco Javier Guerrero en 2005 un informe elaborado en 2001 como proyecto básico del centro ecuestre que nunca se construyó para cobrar la ayuda de 750.000 acordada en 2003. «A modo de vestidura del muñeco para poder cobrar», según la Audiencia, «sin que jamás hubiera habido un proyecto real alguno». La mayor parte del dinero fue para pagar nóminas o decoraciones florales.

Sobre la que fuera interventora municipal, la Audiencia señala que permitió, «con omisión de su deber de control del gasto público, que las cantidades recibidas se destinaran a otras finalidad sin hacer reparo alguno». «Hizo más de lo que dice el auto» de la juez Núñez, subraya la Sección Séptima.

Con cargo a la subvención se pagaron sólo dos facturas relacionadas supuestamente con el centro ecuestre. Una de casi 12.000 euros para decoraciones florales para el recinto ferial para unos juegos ecuestres y otra de 10.440 euros para un levantamiento topográfico que ya existía en el proyecto básico del centro.

El contundente auto de la Audiencia ha llevado a la juez María Núñez, ahora, a dictar un auto, con fecha de 29 de mayo y al que ha tenido acceso este periódico, en el que acuerdo la continuación de las presentes diligencias como procedimiento abreviado contra Emilio Amuedo, Antonio Maestre y Trinidad Rodríguez como presuntos autores de unos hechos que pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación.

Además, en el citado auto, en el que recoge párrafos copiados casi en su literalidad del dictado por la Audiencia en lo que a los hechos atribuidos a estos tres acusados se refiere, la juez da traslado a la Fiscalía, el PP y la Junta para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación.