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Santiponce

La Junta urge reunirse con la Casa Álvarez de Toledo para combatir el deterioro de San Isidoro del Campo

El 80 por ciento del monasterio es propiedad de la Administración, quien quiere analizar la «gestión general» de la parte visitable

El deterioro del monasterio es más que evidente desde el exterior ABC

S.P.

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico tiene previsto reunirse con la Fundación Casa Álvarez de Toledo y Mencos , para analizar la « gestión general » de la parte visitable del monasterio fortificado de San Isidoro del Campo , fundado en 1301 en Santiponce, declarado bien de interés cultural ( BIC ) y cuya titularidad comparten la Administración andaluza y la citada entidad nobiliaria.

Así lo manifiesta la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo , en una respuesta escrita a una pregunta elevada a la mesa del Parlamento por Adelante Andalucía, con relación a este monumento marcado por el robo de dos paños completos de azulejos de su Claustro de los Muertos en el verano de 2016.

El monasterio, para el que se reclama su restauración completa y mayor proyección , se divide entre un sector propiedad de la Junta de Andalucía y otra zona perteneciente a la Fundación Casa Álvarez de Toledo y Mencos, si bien mediante un convenio de 1991 , la Junta goza de los usos de una serie de espacios del monumento pertenecientes a la citada casa nobiliaria.

Se trata de la iglesia primera y segunda, la sacristía, la sala capitular, el refectorio, la capilla de reservado, el claustro de los Muertos y sus dependencias anexas, el patio de los naranjos y el corral de los conejos.

Las inversiones públicas

Este sector cuyos usos tiene cedidos la Casa Álvarez de Toledo y Mencos a la Junta se corresponde precisamente con la actual parte visitable del monumento , rehabilitada años atrás gracias a las inversiones de la Administración andaluza.

Pero en la anterior legislatura, el entonces Gobierno andaluz del PSOE estudiaba desligar a la Junta de la gestión de la zona del monasterio perteneciente a la fundación nobiliaria y restaurada para su apertura al público. Al respecto, el anterior delegado territorial de la Consejería de Cultura en Sevilla, José Manuel Girela , señalaba la «obsolescencia» jurídica del convenio firmado en 1991 entre ambas partes.

Según Girela, la Ley Andaluza de Patrimonio Histórico, en vigor desde hace más de diez años, y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, habrían dejado «obsoleto» el mencionado convenio de 1991, acusando además a la Casa Álvarez de Toledo de «incumplir» sus obligaciones en materia de conservación del monumento.

El porcentaje de la Junta

No obstante, los colectivos culturales de Santiponce recuerdan insistentemente que « el 80 por ciento del monasterio es propiedad de la administración autonómica » y reclaman a la Junta que no se desligue de la gestión del monumento y además acometa la restauración de la parte del enclave cuya titularidad ostenta.

Ahora, consumado el relevo en el Gobierno de la Junta de Andalucía y ya con la popular Patricia del Pozo al frente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, el Grupo parlamentario de Adelante Andalucía registraba una pregunta en el Parlamento, al objeto de que Del Pozo aclarase los «planes" del nuevo Ejecutivo autonómico respecto a la parte del monasterio cuyos usos cedió en 1991 la Casa Álvarez de Toledo y Mencos, para el sector del enclave perteneciente directamente a la Junta y si hay «contactos con alguna entidad que pudiera hacerse cargo» de tal parte del monumento.

En su respuesta, la consejera de Cultura expone que su departamento prevé reunirse con la Casa Álvarez de Toledo y Mencos para avanzar en la «gestión general» de la parte visitable del recinto, mientras para el sector del monasterio perteneciente a la Junta se acomete una « valoración técnica » de cara a un «plan de actuación» con obras urgentes para frenar su «deterioro» y trabajos de recuperación como tal.

En cuanto al tercer aspecto planteado por Adelante, la consejera descarta encomendar a una entidad la zona del monumento perteneciente a la Junta, defendiendo que el nuevo Gobierno andaluz tiene entre sus prioridades «la puesta en valor del patrimonio andaluz«.

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