Uno de los archivos de los juzgados de Marchena
Uno de los archivos de los juzgados de Marchena - ABC
Provincia

La sede del Juzgado de Marchena, «la peor de la provincia»

El Sindicato Profesional de Justicia integrado en la Unión Sindical Obrera de Sevilla reclama a la Junta una solución «urgente»: una reforma integral del edificio actual o uno nuevo

S.L.
SevillaActualizado:

La sede de los juzgados de Marchena son para el Sindicato Profesional de Justicia integrados en la Unión Sindical Obrera de Sevilla (SPJ-USO Sevilla), la peor sede judicial de la provincia, por lo que reclama a la Consejería de Justicia, al frente de la que se encuentra el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, una solución «urgente» que pase por un nuevo edificio que albergue los órganos judiciales de este partido o una reforma integral de las actuales instalaciones.

Los juzgados de Marchena se encuentran en una antigua vivienda de dos plantas «sin ascensor, sin calabozos y con servicios precarios» y los profesionales y la ciudadanía «llevan años a la espera de una solución», según ha denunciado el sindicato en una nota de prensa, donde señala que este verano un funcionario sufrió un accidente laboral acarreando expedientes por la escalera.

La sede judicial de Marchena se encuentra en la calle Doctor Salvador Gallardo, números 2-4, y está formada por dos juzgados, Decanato, Registro Civil, dependencias para Fiscalía e el Instituto de Medicina Legal.

En la planta primera vivía el juez y en la planta baja se realizaban las labores de juzgado. En la actualidad, la estructura de la vivienda sigue siendo idéntica. Un cuerpo de casa con un patio en la planta baja, una escalera de vivienda, estrecha con escalones rústicos, para la primera planta, donde se encuentran dos oficinas judiciales.

La segunda planta hace las veces de archivo de expedientes judiciales. Desde esa segunda planta se suben y bajan las cajas de expedientes por los funcionarios por la única escalera disponible.

Los aseos no reúnen las condiciones mínimas higiénicas para un uso público

De otro lado, el sindicato explica que el fluido eléctrico «habitualmente falla» cuando los aires acondicionados llevan un tiempo funcionando. Según les ha manifestado el personal de mantenimiento a los funcionarios, parece ser que se tiene contratada una potencia menor a la recomendable a la vista del número de aparatos eléctricos de edificio.

El edificio cuenta con dos aseos. El de la planta baja es un aseo mixto usado por funcionarios, secretarios, jueces, así como el personal que acude al juzgado, profesionales y público en general, que «no reúne las condiciones mínimas higiénicas» para el uso de edificio público. Frente al servicio, en el mismo pasillo, se encuentra la sala que comparten el fiscal y el médico del Instituto de Medicina Legal. En la primera planta existe otro servicio que no se encuentra habilitado por sus pésimas condiciones.

El archivo judicial se encuentra ubicado en la segunda planta de un edificio sin ascensor pero también «se encuentran plumas y heces de paloma, pues el espacio no se encuentra totalmente cerrado». Los expedientes, que tienen que manipular los funcionarios, «se encuentran próximos a la suciedad generada por palomas y demás alimañas».

El hecho de que el edificio no cuente con ascensor alguno provoca que las personas con problemas de movilidad no pueden subir. Por ello, tienen que esperar a que el funcionario baje el expediente para hacer la gestión en la planta de abajo: declaraciones, apud acta, ratificaciones o informaciones generales.

El trasiego de unas escaleras diseñadas más bien para un uso en una vivienda particular cargado de expedientes representa un serio problema para la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación de Justicia. Es un recorrido que los funcionarios realizan decena de veces al día sin ninguna alternativa. Precisamente, este verano un funcionario ha sufrido un accidente laboral en la escalera cuando portaba expedientes judiciales entre plantas.

Hasta la fecha no se conocen ni evaluación concreta de los riegos de la sede ni recomendaciones o planes de prevención específicos para los trabajadores.

La protección de las víctimas es «un desatino»

Otro de los déficits que presenta las instalaciones está en la protección de las víctimas, esto es «un desatino». El edificio no cuenta con calabozos o espacio para detenidos, y a éstos «se les confina en una pequeña oficina en la planta baja con custoria constante de Guardia Civil o Policía Local». Esta pequeña oficina se encuentra junto al despacho del juez.

Cuando el detenido, en muchos casos bajo el efecto de drogas o estupefacientes, alborota, grita o golpea las paredes lo hace a escasos metros de donde el juez trabaja. Además, esta pequeña dependencia de detenidos se encuentra a la vista directa de la entrada del juzgado, no impidiendo el contacto entre las víctimas y los arrestados.

De hecho, ya han ocurrido amenazas o insultos de la persona detenida a víctimas y testigos al verlos entrar en la sede judicial. En la sala de vistas, para evitar la confrontación entre víctima y testigos con el detenido se cuenta únicamente con un pequeño biombo de tela de altura tan reducida que no evita que, puesto en pie el declarante, no se le distinga claramente.

Ante esta situación, el sindicato pide a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local una solución urgente. En este sentido, recuerda que la Junta licitó el paso mes de abril contrato para una nueva sede de los Juzgados de Marchena, por un plazo de cuatro años por importe de 1.182.392,64 euros. El expediente quedó desierto pues, «al parecer, ni constructores ni particulares de la zona encontraron interesante el pliego de condiciones».

Además, constan reuniones entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marchena «sin que hasta la fecha se sepa de una ubicación alternativa o un plan concreto de mejora del edificio».

De hecho, el pasado mes de junio el delegado territorial de Justicia, Javier Millán, se reunión con la alcaldesa, María del Mar Romero, para abordar la situación y la Junta se comprometió a estudiar las posibles alternativas para ubicar los juzgados de la localidad. La alcaldesa presentó a Millán tres alternativas -dos edificios y un solar- a las que se podría trasladar la sede judicial de la localidad.

«No parece que la Junta de Andalucía tenga en marcha una solución a medio plazo, mientras tanto los funcionarios de los juzgados pero también ciudadanos de Marchena, Arahal o Paradas, así como los profesionales que acudan, estarán sufriendo la que para SPJ-USO Sevilla es la peor sede judicial de la provincia», insiste el sindicato. de Sevilla.

La sede de Marchena lejos de ser una Oficina Judicial pública accesible, moderna y adaptada a las necesidades actuales parece más propia del siglo XIX.